Aunque la oposición avanza en una nueva recolección de firmas para exigir que el Pleno Legislativo debata y establezca si fue o no ilegal la actuación simultánea del oficialista Rolando Panchana, como presidente (e) de la Asamblea y de su alterna en la Comisión de Comunicación, la posibilidad de que prospere el proyecto alternativo a la llamada "ley mordaza" resulta complicada, admiten líderes de la oposición consultados por HOY.
Esto, porque según el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, un proyecto de ley aprobado por la Asamblea, antes de publicarse en el Registro Oficial, debe ser analizado por el Presidente de la República, quien puede aprobarlo o vetarlo, total o parcialmente.
De producirse una objeción total, el Legislativo puede volver a insitir en el tema luego de un año; si es parcial, en un plazo de 30 días, el texto inicial vuelve al Legislativo junto con las propuestas de cambio del Ejecutivo. Luego, la Asamblea, en idéntico plazo, decide si se allana al veto o ratifica su texto inicial, para lo cual necesita 83 votos, es decir las dos terceras partes de la Asamblea.
De no darse esto último, el texto entra en vigencia por el imperio de la ley, con los cambios introducidos por el jefe de Estado.
Jorge Escala, jefe de la bancada del MPD, asegura que esas disposiciones convierten al presidente Rafael Correa en "el que manda y ordena" al Legislativo. "AP no tiene ni un poquito de decencia en su afán por aprobar las leyes ordenadas desde el Ejecutivo", asegura Escala.
Inclusive, Escala advierte que ni aún aprobando el proyecto de ley de AP se descarta el veto de Correa, en caso de que no esté de acuerdo con algún artículo. Por ello, sostiene que el bloque oficialista, está empeñado en " hallar la forma de comprar votos para asegurar la aprobación de su proyecto".
Rafael Dávila (AL) coincide con Escala y cuestiona al oficialismo, por la poca apertura para consensuar. "Para tender un puente se necesitan dos y veo que falta diálogo de parte de AP", dijo.
En contraste, Ángel Vilema (AP) asegura que el oficialismo está abierto a realizar cambios en el proyecto de ley, como por ejemplo en eliminar calificativos como veraz, oportuna.... a la información, aunque advierte que las sugerencias deben hacerse en el segundo debate del Pleno.
Lo que es innegociable, según Vilema, es la presencia de dos delegados del Ejecutivo en el Consejo de Comunicación.
Esto, porque según el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, un proyecto de ley aprobado por la Asamblea, antes de publicarse en el Registro Oficial, debe ser analizado por el Presidente de la República, quien puede aprobarlo o vetarlo, total o parcialmente.
De producirse una objeción total, el Legislativo puede volver a insitir en el tema luego de un año; si es parcial, en un plazo de 30 días, el texto inicial vuelve al Legislativo junto con las propuestas de cambio del Ejecutivo. Luego, la Asamblea, en idéntico plazo, decide si se allana al veto o ratifica su texto inicial, para lo cual necesita 83 votos, es decir las dos terceras partes de la Asamblea.
De no darse esto último, el texto entra en vigencia por el imperio de la ley, con los cambios introducidos por el jefe de Estado.
Jorge Escala, jefe de la bancada del MPD, asegura que esas disposiciones convierten al presidente Rafael Correa en "el que manda y ordena" al Legislativo. "AP no tiene ni un poquito de decencia en su afán por aprobar las leyes ordenadas desde el Ejecutivo", asegura Escala.
Inclusive, Escala advierte que ni aún aprobando el proyecto de ley de AP se descarta el veto de Correa, en caso de que no esté de acuerdo con algún artículo. Por ello, sostiene que el bloque oficialista, está empeñado en " hallar la forma de comprar votos para asegurar la aprobación de su proyecto".
Rafael Dávila (AL) coincide con Escala y cuestiona al oficialismo, por la poca apertura para consensuar. "Para tender un puente se necesitan dos y veo que falta diálogo de parte de AP", dijo.
En contraste, Ángel Vilema (AP) asegura que el oficialismo está abierto a realizar cambios en el proyecto de ley, como por ejemplo en eliminar calificativos como veraz, oportuna.... a la información, aunque advierte que las sugerencias deben hacerse en el segundo debate del Pleno.
Lo que es innegociable, según Vilema, es la presencia de dos delegados del Ejecutivo en el Consejo de Comunicación.
