El Fernando González, dijo que presentará hoy a las 10:30 una denuncia ante la Fiscalía por supuestas irregularidades cometidas en la finalización del contrato entre el Estado y la empresa constructora Arévalo Palacios, encargada de la ejecución de la vía Ambato-Río Blanco (Guaranda).
Según documentación entregada por González a Diario La Hora, la imposibilidad de que se recuperen 6 millones de dólares que el Estado entregó a Arévalo Palacios al inicio de la obra, quedó establecida con el pronunciamiento de la Primera Sala de lo Penal del Guayas, que exime a la aseguradora Centro Seguros del pago del dinero.
Este periódico intentó acceder a una entrevista con David Ortiz, quien se desempeñaba como ministro en el período en que supuestamente se habría dado las anomalías, pero por motivos de agenda no nos pudo atender.
El Gobierno firmó el 20 de octubre de 2008 el contrato con Arévalo Palacios para la construcción de la vía, que debía ser terminada el 30 de junio de 2009. Hasta esta fecha, sin embargo, sólo se había avanzado el 5% de la obra. Frente a eso, el Ministerio de Transporte Obras Públicas (MTOP) decidió dar por terminado el contrato en enero de 2010. La causal fue “no haber renovado las garantías” e incumplimiento de contrato.
Para González, lo que proseguía era solicitar que la aseguradora devuelva los 6 millones entregados al inicio de la obra, pero el 9 de diciembre de 2009 Seguros Centro, antes de la finalización del contrato, pidió protección constitucional para evitar que le exijan el pago.
La solicitud de la aseguradora fue aceptada en primera instancia, pero en la segunda la Corte Superior de Pichincha se le negó por pedido del MTOP. Una nueva solicitud presentada por la empresa fue retirada y trasladada a Guayas, donde sí fue aceptada en última instancia, “por lo que el cobro, tanto a la aseguradora como a la constructora, no se podrá concretar”.
‘Se legalizó el robo’
Según González, con esta acción “se legalizó el robo al Estado”, pues actualmente quedaría establecido que las dos resoluciones de la Superintendencia de Bancos, que exigían a Centro Seguros el pago de la suma antes mencionada, quedaron sin efecto.
“Ya hace rato se robaron la plata, pero con esto se legaliza el robo, la contratación pública entra en crisis porque con este precedente jurídico se va a permitir que las empresas no renueven las garantías y pidan acción de protección, así ya no tendrán que renovarlas y encima no tendrán que pagarle nada al Estado”, denunció González.
Demandas en contra
Arévalo Palacios ha presentado tres demandas en lo Contencioso Administrativo por 20 millones de dólares en contra del Ministerio de Obras Públicas.
“Encima ahora les van a tener que pagar, porque el Estado no tiene cómo defenderse, la demanda es por lucro cesante y daño emergente, porque les finalizaron el contrato por no renovar las garantía, pero no era la compañía la que debía renovarlas, sino la aseguradora, entonces les terminaron injustamente el contrato”, explicó Fernando González.
Según documentación entregada por González a Diario La Hora, la imposibilidad de que se recuperen 6 millones de dólares que el Estado entregó a Arévalo Palacios al inicio de la obra, quedó establecida con el pronunciamiento de la Primera Sala de lo Penal del Guayas, que exime a la aseguradora Centro Seguros del pago del dinero.
Este periódico intentó acceder a una entrevista con David Ortiz, quien se desempeñaba como ministro en el período en que supuestamente se habría dado las anomalías, pero por motivos de agenda no nos pudo atender.
El Gobierno firmó el 20 de octubre de 2008 el contrato con Arévalo Palacios para la construcción de la vía, que debía ser terminada el 30 de junio de 2009. Hasta esta fecha, sin embargo, sólo se había avanzado el 5% de la obra. Frente a eso, el Ministerio de Transporte Obras Públicas (MTOP) decidió dar por terminado el contrato en enero de 2010. La causal fue “no haber renovado las garantías” e incumplimiento de contrato.
Para González, lo que proseguía era solicitar que la aseguradora devuelva los 6 millones entregados al inicio de la obra, pero el 9 de diciembre de 2009 Seguros Centro, antes de la finalización del contrato, pidió protección constitucional para evitar que le exijan el pago.
La solicitud de la aseguradora fue aceptada en primera instancia, pero en la segunda la Corte Superior de Pichincha se le negó por pedido del MTOP. Una nueva solicitud presentada por la empresa fue retirada y trasladada a Guayas, donde sí fue aceptada en última instancia, “por lo que el cobro, tanto a la aseguradora como a la constructora, no se podrá concretar”.
‘Se legalizó el robo’
Según González, con esta acción “se legalizó el robo al Estado”, pues actualmente quedaría establecido que las dos resoluciones de la Superintendencia de Bancos, que exigían a Centro Seguros el pago de la suma antes mencionada, quedaron sin efecto.
“Ya hace rato se robaron la plata, pero con esto se legaliza el robo, la contratación pública entra en crisis porque con este precedente jurídico se va a permitir que las empresas no renueven las garantías y pidan acción de protección, así ya no tendrán que renovarlas y encima no tendrán que pagarle nada al Estado”, denunció González.
Demandas en contra
Arévalo Palacios ha presentado tres demandas en lo Contencioso Administrativo por 20 millones de dólares en contra del Ministerio de Obras Públicas.
“Encima ahora les van a tener que pagar, porque el Estado no tiene cómo defenderse, la demanda es por lucro cesante y daño emergente, porque les finalizaron el contrato por no renovar las garantía, pero no era la compañía la que debía renovarlas, sino la aseguradora, entonces les terminaron injustamente el contrato”, explicó Fernando González.
