La creación del Consejo de Comunicación gana adeptos contra el proyecto impulsado por el oficialista AP, y podría desestabillizar sus alianzas al interior de la Asamblea.
El artículo 99 del proyecto de Ley de Comunicación del oficialismo estipula que una de las causas para suspender a un medio será la difusión de información que "atente contra la seguridad del Estado" o que "pueda producir conmociones sociales o públicas".
Aunque la sanción se aplicaría sobre la base de un informe del Consejo de Seguridad Pública, no están claramente definidos los parámetros que el nuevo Consejo de Comunicación e Información (CCI) tomará en cuenta para determinar qué información incurre en ese tipo de infracciones.
La asambleísta Cinthya Viteri (MDG) pone un ejemplo para magnificar el alcance del referido artículo. "Cuando ocurrió la guerra del Cenepa, si un medio publicaba datos sobre la capacidad bélica del Ecuador, sí comprometía la seguridad interna", sostiene y afirma que los tratados internacionales sobre Derechos Humanos priman sobre la Constitución y otras leyes.
Para el asambleísta Alfredo Ortíz (ADE), la solución es eliminar el Consejo, organismo que estará integrado por delegados del Ministerio de Educación, de Cultura, de las Facultades de Comunicación Social y tres representantes de la ciudadanía, elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana.
"El Consejo pretende controlar todo, la programación, la censura previa y el cierre de medios, el riesgo no está en su integración sino en sus atribuciones", dijo Ortíz, al tiempo de asegurar que la que está en discusión no es una ley de comunicación sino de control de los medios y de la libertad de expresión. Rolando Panchana (PAIS), autodefinido como autor del proyecto, asegura que las sanciones se basan en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. "Ese será el único mecanismo para clausurar un medio, así se evitarán valoraciones subjetivas", acotó Panchana.
El artículo 99 del proyecto de Ley de Comunicación del oficialismo estipula que una de las causas para suspender a un medio será la difusión de información que "atente contra la seguridad del Estado" o que "pueda producir conmociones sociales o públicas".
Aunque la sanción se aplicaría sobre la base de un informe del Consejo de Seguridad Pública, no están claramente definidos los parámetros que el nuevo Consejo de Comunicación e Información (CCI) tomará en cuenta para determinar qué información incurre en ese tipo de infracciones.
La asambleísta Cinthya Viteri (MDG) pone un ejemplo para magnificar el alcance del referido artículo. "Cuando ocurrió la guerra del Cenepa, si un medio publicaba datos sobre la capacidad bélica del Ecuador, sí comprometía la seguridad interna", sostiene y afirma que los tratados internacionales sobre Derechos Humanos priman sobre la Constitución y otras leyes.
Para el asambleísta Alfredo Ortíz (ADE), la solución es eliminar el Consejo, organismo que estará integrado por delegados del Ministerio de Educación, de Cultura, de las Facultades de Comunicación Social y tres representantes de la ciudadanía, elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana.
"El Consejo pretende controlar todo, la programación, la censura previa y el cierre de medios, el riesgo no está en su integración sino en sus atribuciones", dijo Ortíz, al tiempo de asegurar que la que está en discusión no es una ley de comunicación sino de control de los medios y de la libertad de expresión. Rolando Panchana (PAIS), autodefinido como autor del proyecto, asegura que las sanciones se basan en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. "Ese será el único mecanismo para clausurar un medio, así se evitarán valoraciones subjetivas", acotó Panchana.
