El Centro de Convenciones Eugenio Espejo resultó estrecho para los asistentes a la rendición de cuentas efectuada ayer por el contralor general del Estado, Carlos Pólit.
El presidente (e) de la República, Lenin Moreno, fue uno de los funcionarios de Gobierno que escuchó atento las cifras resultantes de las actividades de control que expuso Pólit en su rendición de cuentas.
En lo que va del año, el Contralor ha auditado 14.675 millones de dólares en exámenes especiales, verificaciones preliminares y otras acciones.
El trabajo de la entidad permitió la recuperación de recursos por 218 millones de dólares. La intervención de la Contraloría se ha realizado especialmente en sectores como hidrocarburos, Medio Ambiente y entidades que al momento suman 6.000 en todo el país.
Una de las tareas destacadas tiene que ver con la intervención en el “Plan Relámpago” del Ministerio de Obras Públicas y en los contratos suscritos por Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa, con el Estado ecuatoriano por 167 millones de dólares, a través de las empresas Cosurca y Megamaq.
Hubo dos informes con indicios de responsabilidad penal, responsabilidades civiles y administrativas que se remitieron a la Fiscalía y a la Procuraduría.
También habló del trabajo de los auditores en el caso de la construcción del nuevo aeropuerto de Quito.
En este caso, aseguró que las recomendaciones sirvieron para un proceso de reorientación y renegociación del proyecto en beneficio de la Municipalidad de Quito y de los habitantes de la capital.
Las sentencias favorables a la Contraloría, obtenidas en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), mediante la casación, fue otro de los aspectos del informe. No dejó de mencionar 128 juicios en el ámbito de lo Contencioso, 15 amparos y 25 juicios civiles.
En total, desde febrero de 2007 que entró en funciones, Pólit destacó que se han elaborado 4.743 informes de auditoría a un total de 145 mil millones de dólares en diferentes entidades.
Una tarea que recién inició el ente de control tiene que ver con la verificación de 244 resoluciones de emergencia decretadas por varias entidades públicas. El Contralor designó a varios auditores que al momento recaban los contratos suscritos a propósito de las emergencias.
El propósito es verificar que cumplan con el numeral 30 del artículo 6 de la Ley de Contratación Pública, tal como lo solicitó el director del Instituto Nacional de Contratación (Incop), Jorge Luis González. Por la cantidad de contratos auditados, Pólit señaló que los resultados demorarán entre cuatro y seis meses.
Para enero, la Contraloría espera implementar un sello ético a las entidades que cumplan con los códigos de ética, capacitación, investigación, etc.
Por su parte, el presidente de la República (e), Lenin Moreno, hizo un llamado para enfrentar y erradicar la corrupción. “La corrupción es una tara que arrastra el Ecuador como una herencia social”, señaló tras explicar que en los anteriores gobiernos se perdieron unos 3.000 millones de dólares anuales por la corrupción.
Finalmente, felicitó a la entidad por respaldar las acciones del gobierno de la revolución ciudadana para transparentar las cuentas en todos los entes.
El presidente (e) de la República, Lenin Moreno, fue uno de los funcionarios de Gobierno que escuchó atento las cifras resultantes de las actividades de control que expuso Pólit en su rendición de cuentas.
En lo que va del año, el Contralor ha auditado 14.675 millones de dólares en exámenes especiales, verificaciones preliminares y otras acciones.
El trabajo de la entidad permitió la recuperación de recursos por 218 millones de dólares. La intervención de la Contraloría se ha realizado especialmente en sectores como hidrocarburos, Medio Ambiente y entidades que al momento suman 6.000 en todo el país.
Una de las tareas destacadas tiene que ver con la intervención en el “Plan Relámpago” del Ministerio de Obras Públicas y en los contratos suscritos por Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa, con el Estado ecuatoriano por 167 millones de dólares, a través de las empresas Cosurca y Megamaq.
Hubo dos informes con indicios de responsabilidad penal, responsabilidades civiles y administrativas que se remitieron a la Fiscalía y a la Procuraduría.
También habló del trabajo de los auditores en el caso de la construcción del nuevo aeropuerto de Quito.
En este caso, aseguró que las recomendaciones sirvieron para un proceso de reorientación y renegociación del proyecto en beneficio de la Municipalidad de Quito y de los habitantes de la capital.
Las sentencias favorables a la Contraloría, obtenidas en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), mediante la casación, fue otro de los aspectos del informe. No dejó de mencionar 128 juicios en el ámbito de lo Contencioso, 15 amparos y 25 juicios civiles.
En total, desde febrero de 2007 que entró en funciones, Pólit destacó que se han elaborado 4.743 informes de auditoría a un total de 145 mil millones de dólares en diferentes entidades.
Una tarea que recién inició el ente de control tiene que ver con la verificación de 244 resoluciones de emergencia decretadas por varias entidades públicas. El Contralor designó a varios auditores que al momento recaban los contratos suscritos a propósito de las emergencias.
El propósito es verificar que cumplan con el numeral 30 del artículo 6 de la Ley de Contratación Pública, tal como lo solicitó el director del Instituto Nacional de Contratación (Incop), Jorge Luis González. Por la cantidad de contratos auditados, Pólit señaló que los resultados demorarán entre cuatro y seis meses.
Para enero, la Contraloría espera implementar un sello ético a las entidades que cumplan con los códigos de ética, capacitación, investigación, etc.
Por su parte, el presidente de la República (e), Lenin Moreno, hizo un llamado para enfrentar y erradicar la corrupción. “La corrupción es una tara que arrastra el Ecuador como una herencia social”, señaló tras explicar que en los anteriores gobiernos se perdieron unos 3.000 millones de dólares anuales por la corrupción.
Finalmente, felicitó a la entidad por respaldar las acciones del gobierno de la revolución ciudadana para transparentar las cuentas en todos los entes.
