El gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Carlos Bravo, durante una rueda de prensa, cuestionó el "pronunciamiento del magistrado Hernán Ulloa, quien señaló haber recibido intentos de soborno por cantidades millonarias por parte de los ex accionistas de Filanbanco".
Por lo que indicó que el “juez Ulloa tenía la obligación, legal, moral y ética de denunciar con nombres y apellidos la fecha en la que recibió dicha propuesta de soborno”.
Carlos Bravo manifestó también que la decisión de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) “de alguna manera tiene una imbricación con la acción administrativa que ha cumplido la AGD, puesto que los jueces no han hecho nada extraordinario, más que cumplir con su deber”.
En este mismo tema, Bravo resaltó que el Estado ya inició con la venta de los bienes incautados, entre ellos el Hotel Ramada y se espera que la cronología de la venta de los demás bienes se entregue en las próximas semanas.
Asimismo, informó que hoy presentó una denuncia en nombre María Verónica Jairala, “porque se ha dedicado a la tarea de amenazar a ciertos administradores de las empresas incautadas, diciendo de que se les va a seguir juicios penales si traspasan a la AGD las acciones de estos bienes".
Por lo que indicó que el “juez Ulloa tenía la obligación, legal, moral y ética de denunciar con nombres y apellidos la fecha en la que recibió dicha propuesta de soborno”.
Carlos Bravo manifestó también que la decisión de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) “de alguna manera tiene una imbricación con la acción administrativa que ha cumplido la AGD, puesto que los jueces no han hecho nada extraordinario, más que cumplir con su deber”.
En este mismo tema, Bravo resaltó que el Estado ya inició con la venta de los bienes incautados, entre ellos el Hotel Ramada y se espera que la cronología de la venta de los demás bienes se entregue en las próximas semanas.
Asimismo, informó que hoy presentó una denuncia en nombre María Verónica Jairala, “porque se ha dedicado a la tarea de amenazar a ciertos administradores de las empresas incautadas, diciendo de que se les va a seguir juicios penales si traspasan a la AGD las acciones de estos bienes".
