Abuso de poder, resoluciones ilegales, monopolización, concentración, peculado, integración del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) con personas que tenían intereses en el sector, transferencias directas, son algunas de las irregularidades encontradas en las concesiones de frecuencias por la Comisión Auditora creada a raíz de la transitoria n.º 24 de la Constitución vigente.
HOY tuvo acceso a una copia del resumen ejecutivo del informe que fuera entregado el pasado 18 de mayo al presidente de la República, Rafael Correa, tras seis meses de trabajo de la Comisión. Extraoficialmente se conoce que el documento completo contendría más de 500 páginas.
En el resumen se relata que entre agosto de 1998 y julio de 1999 se otorgaron 13 resoluciones de transferencias de frecuencias, pese a que lo prohibía la Constitución. Luego, "con el fin de evadir el mandato constitucional", el Conartel diseñó y aprobó el mecanismo de devolución-concesión.
Así, el concesionario ponía en venta su emisora y firmaba un convenio de compra-venta con el comprador. Luego, el concesionario informaba al Conartel su voluntad de devolverla al Estado. En una primera reunión, el organismo lo aceptaba y calificaba al virtual comprador de la radio, a quien le otorgaba la preferencia para obtener la concesión; en la segunda, le autorizaba. Así se concesionaron 195 frecuencias (137 de radio FM, 44 de radio AM, tres de onda corta, 10 canales de televisión y un sistema de televisión por cable).
Todo lo anterior es calificado como un "acto de corrupción", desde el momento en que se generó la normativa, "abusando del poder institucional" para beneficiar intereses particulares. La cadena incluye a los que aprobaron las resoluciones, quienes se beneficiaron y aquellos que finalmente se quedaron con el uso de las frecuencias.
Los comisionados también establecen que el Conartel, mediante distintas resoluciones, estableció prórrogas de plazos en pago de obligaciones económicas, firma de contratos, instalación y operación de emisoras, cumplimiento de requisitos... en contra de preceptos constitucionales y legales.
Asimismo, el informe habla de renovaciones ilegales de frecuencias, sin informes técnicos previos o con informes negativos de la Superintendendencia de Telecomunicaciones (Supertel), concesiones a medios radiales y televisivos clandestinos, entre otras irregularidades.
Además revela que hubo dos tipos de autoasignaciones de concesiones: directas, aquellas obtenidas por miembros del Conartel cuando ejercieron funciones; e indirectas, aquellas que obtuvieron miembros de ese organismo y de la Supertel, pero a nombre de familiares o a través de testaferros.
En otra parte del informe se mencionan e ilustran casos de cambios de repetidora a matriz (radio Bonita) y de matriz a repetidora (Joya Estereo). Y se dedica un buen espacio a analizar "la relación entre el grado de monopolización y de concentración econónica versus la libertad de expresión y la democracia".
Entre las recomendaciones se señala que todas las concesiones otorgadas ilegal e inconstitucionalmente deben revertirse al Estado.
Entre otras cosas, la Comisión propone crear una entidad de monitoreo que permita tener "datos precisos y suficientes sobre el rating, la cobertura de audiencias por población y penetración por hogares..."
Caso omiso a la Constitución
"Todas las decisiones o resoluciones del Conartel adoptadas con una ilegal conformación de dicho órgano, puesto que participaron personas que la Constitución prohibía, son nulas de pleno derecho por haber sido aprobadas por un órgano constituido ilegalmente".
Así lo señala el informe de la Comisión Auditora, al mencionar que el artículo 123 de la Constitución de 1998 señalaba que no podían ser funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades de control y regulación quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o que representen a terceros. El artículo 232 de la Constitución es similar.
Entre 1995 y 2008 siempre hubo representación de concesionarios o sus delegados de concesionarios, con pocas excepciones. (Hoy)
HOY tuvo acceso a una copia del resumen ejecutivo del informe que fuera entregado el pasado 18 de mayo al presidente de la República, Rafael Correa, tras seis meses de trabajo de la Comisión. Extraoficialmente se conoce que el documento completo contendría más de 500 páginas.
En el resumen se relata que entre agosto de 1998 y julio de 1999 se otorgaron 13 resoluciones de transferencias de frecuencias, pese a que lo prohibía la Constitución. Luego, "con el fin de evadir el mandato constitucional", el Conartel diseñó y aprobó el mecanismo de devolución-concesión.
Así, el concesionario ponía en venta su emisora y firmaba un convenio de compra-venta con el comprador. Luego, el concesionario informaba al Conartel su voluntad de devolverla al Estado. En una primera reunión, el organismo lo aceptaba y calificaba al virtual comprador de la radio, a quien le otorgaba la preferencia para obtener la concesión; en la segunda, le autorizaba. Así se concesionaron 195 frecuencias (137 de radio FM, 44 de radio AM, tres de onda corta, 10 canales de televisión y un sistema de televisión por cable).
Todo lo anterior es calificado como un "acto de corrupción", desde el momento en que se generó la normativa, "abusando del poder institucional" para beneficiar intereses particulares. La cadena incluye a los que aprobaron las resoluciones, quienes se beneficiaron y aquellos que finalmente se quedaron con el uso de las frecuencias.
Los comisionados también establecen que el Conartel, mediante distintas resoluciones, estableció prórrogas de plazos en pago de obligaciones económicas, firma de contratos, instalación y operación de emisoras, cumplimiento de requisitos... en contra de preceptos constitucionales y legales.
Asimismo, el informe habla de renovaciones ilegales de frecuencias, sin informes técnicos previos o con informes negativos de la Superintendendencia de Telecomunicaciones (Supertel), concesiones a medios radiales y televisivos clandestinos, entre otras irregularidades.
Además revela que hubo dos tipos de autoasignaciones de concesiones: directas, aquellas obtenidas por miembros del Conartel cuando ejercieron funciones; e indirectas, aquellas que obtuvieron miembros de ese organismo y de la Supertel, pero a nombre de familiares o a través de testaferros.
En otra parte del informe se mencionan e ilustran casos de cambios de repetidora a matriz (radio Bonita) y de matriz a repetidora (Joya Estereo). Y se dedica un buen espacio a analizar "la relación entre el grado de monopolización y de concentración econónica versus la libertad de expresión y la democracia".
Entre las recomendaciones se señala que todas las concesiones otorgadas ilegal e inconstitucionalmente deben revertirse al Estado.
Entre otras cosas, la Comisión propone crear una entidad de monitoreo que permita tener "datos precisos y suficientes sobre el rating, la cobertura de audiencias por población y penetración por hogares..."
Caso omiso a la Constitución
"Todas las decisiones o resoluciones del Conartel adoptadas con una ilegal conformación de dicho órgano, puesto que participaron personas que la Constitución prohibía, son nulas de pleno derecho por haber sido aprobadas por un órgano constituido ilegalmente".
Así lo señala el informe de la Comisión Auditora, al mencionar que el artículo 123 de la Constitución de 1998 señalaba que no podían ser funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades de control y regulación quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o que representen a terceros. El artículo 232 de la Constitución es similar.
Entre 1995 y 2008 siempre hubo representación de concesionarios o sus delegados de concesionarios, con pocas excepciones. (Hoy)
