En la Fiscalía General de la Nación hay preocupación por la denuncia que se encuentra en trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentada por el ex magistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ), Olmedo Bermeo, en contra del Estado ecuatoriano por denegación de justicia.
El ex magistrado está pidiendo que el Estado ecuatoriano proceda a reparar moral y patrimonialmente a él y su familia por las violaciones de sus derechos humanos determinadas en esta denuncia, en especial por la denegación de justicia, violación del principio de igualdad, asesinato de imagen, violación del principio de legalidad y del debido proceso del que han sido víctimas.
El juicio
Olmedo Bermeo enfrentó, desde el 2003, un juicio por supuesto enriquecimiento ilícito y la Tercera Sala de lo Penal de la ex CSJ lo absolvió, pero la Fiscalía presentó un recurso de casación, que aún no se resuelve en la Corte Nacional.
En la denuncia de 40 páginas presentada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Bermeo está pidiendo una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos denunciados por órganos independientes, solicitando una especial supervisión de las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General, que determine y sancione la irresponsabilidad de todos los autores materiales e intelectuales de las actuaciones inconstitucionales e ilegales producidas en los juicios seguidos en su contra.
Arma de retaliación
Igual solicita a la Comisión que disponga que el Estado ecuatoriano adopte las medidas necesarias para tratar de evitar que se produzcan hechos similares en el futuro, y para impedir que se utilice a la justicia y la administración de justicia como armas de retaliación política.
Sostiene que ni el denunciante, ex diputado Mario Touma (PRE), ni la Fiscalía, ni Contraloría General han demostrado el delito del que fuera acusado, “pero han instaurado un proceso de persecución para el cual han usado una interpretación falsa de la ley”.
Un juicio prescrito pero debe seguir su trámite
El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Bermeo, también enfrenta una causa por el presunto delito de perjurio y aunque fue llamado a juicio éste habría ya prescrito en julio del año anterior.
El Art. 355 del Código Penal establece que el falso testimonio se reprimirá con prisión de uno a tres años; y el perjurio, con reclusión menor de tres a seis años.
Mientras que, el Art. 107 del mismo Código aclara que las penas privativas de la libertad, por delito, prescriben en un tiempo igual al de la condena, no pudiendo, en ningún caso, el tiempo de la prescripción ser menor de seis meses.
Para el caso del ex magistrado Olmedo Bermeo, la pena prescribió, no así la posibilidad de que se siga persiguiendo el delito, según lo dispone el Art. 101 del Código Penal, en el que se establece que en los delitos de acción pública, de no haber enjuiciamiento, la acción para perseguirlos prescribirá en diez años tratándose de infracciones reprimidas con reclusión, y en cinco años tratándose de infracciones reprimidas con prisión.
El ex magistrado está pidiendo que el Estado ecuatoriano proceda a reparar moral y patrimonialmente a él y su familia por las violaciones de sus derechos humanos determinadas en esta denuncia, en especial por la denegación de justicia, violación del principio de igualdad, asesinato de imagen, violación del principio de legalidad y del debido proceso del que han sido víctimas.
El juicio
Olmedo Bermeo enfrentó, desde el 2003, un juicio por supuesto enriquecimiento ilícito y la Tercera Sala de lo Penal de la ex CSJ lo absolvió, pero la Fiscalía presentó un recurso de casación, que aún no se resuelve en la Corte Nacional.
En la denuncia de 40 páginas presentada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Bermeo está pidiendo una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos denunciados por órganos independientes, solicitando una especial supervisión de las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General, que determine y sancione la irresponsabilidad de todos los autores materiales e intelectuales de las actuaciones inconstitucionales e ilegales producidas en los juicios seguidos en su contra.
Arma de retaliación
Igual solicita a la Comisión que disponga que el Estado ecuatoriano adopte las medidas necesarias para tratar de evitar que se produzcan hechos similares en el futuro, y para impedir que se utilice a la justicia y la administración de justicia como armas de retaliación política.
Sostiene que ni el denunciante, ex diputado Mario Touma (PRE), ni la Fiscalía, ni Contraloría General han demostrado el delito del que fuera acusado, “pero han instaurado un proceso de persecución para el cual han usado una interpretación falsa de la ley”.
Un juicio prescrito pero debe seguir su trámite
El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Bermeo, también enfrenta una causa por el presunto delito de perjurio y aunque fue llamado a juicio éste habría ya prescrito en julio del año anterior.
El Art. 355 del Código Penal establece que el falso testimonio se reprimirá con prisión de uno a tres años; y el perjurio, con reclusión menor de tres a seis años.
Mientras que, el Art. 107 del mismo Código aclara que las penas privativas de la libertad, por delito, prescriben en un tiempo igual al de la condena, no pudiendo, en ningún caso, el tiempo de la prescripción ser menor de seis meses.
Para el caso del ex magistrado Olmedo Bermeo, la pena prescribió, no así la posibilidad de que se siga persiguiendo el delito, según lo dispone el Art. 101 del Código Penal, en el que se establece que en los delitos de acción pública, de no haber enjuiciamiento, la acción para perseguirlos prescribirá en diez años tratándose de infracciones reprimidas con reclusión, y en cinco años tratándose de infracciones reprimidas con prisión.
