El presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, Fernando Cordero Cueva, subrayó que la educación es un derecho constitucional sustancial para alcanzar el buen vivir y, por tanto, la convocatoria del Ministerio de Educación se inscribe en el respeto de la voluntad popular que, en noviembre de 2006, se pronunció a favor del “Plan Decenal de Educación”, mismo que incluye como uno de sus ejes la evaluación continua del proceso educativo.
“Quiero hacerles un llamado a los maestros y maestras de mi Patria, a los profesores de educación pública, que no por miedo a sanciones, no por miedo a la coerción que pueda estar en el Reglamento o en la Ley , sino por compromiso con el cambio, asistan al programa de evaluación docente, pues ustedes que son formadores de niños y de jóvenes, siendo connatural y coherente que un maestro que evalúa a sus alumnos, no para sancionarlos, sino para saber cómo están ustedes transmitiendo la información y cómo sus discípulos la están recibiendo, sean también evaluados por los otros estamentos de la educación”, enfatizó.
A juicio de Cordero, la evaluación es connatural a la educación, por tanto sería imposible pensar en un mejoramiento en la calidad educativa sin que exista un proceso de seguimiento que permita conocer qué está pasando en las aulas y cuáles son sus efectos en la sociedad. “Eso no lo digo yo, lo establece la Constitución en su Art. 26: La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”, argumentó.
Recordó que disposiciones de esta naturaleza abundan en el texto constitucional, así el Art. 11, numeral 3, determina que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. En el mismo numeral, en el tercer inciso, se prevé que los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por estos hechos ni para negar su reconocimiento.
Igualmente, el numeral 8 del mismo artículo invocado dispone: El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.
Explicó que lo que está haciendo el Ministerio de Educación es, precisamente, establecer políticas públicas para desarrollar los derechos, en este caso, en el ámbito de la educación. Por tanto, todos los ecuatorianos deberíamos, más bien, apoyar este proceso, porque se busca mejorar la calidad del sistema educativo, para beneficio de los niños y jóvenes del país y, por consiguiente, de la sociedad en su conjunto.
Insistió que no se trata de sancionar a los maestros, sino de conocer la realidad de la educación del país, qué pasa con el proceso de enseñanza-aprendizaje, es una oportunidad para que los maestros y maestras demuestren su capacidad de transmitir conocimientos, que, con seguridad, será la gran mayoría de profesores.
Reiteró que sus declaraciones de la semana anterior en ningún momento han sido contrarias al criterio de la evaluación que ha emprendido el Gobierno, como se pretende hacer creer. “Me formularon preguntas y di varias respuestas que en ningún caso pueden ser mal usadas y peor mal interpretadas por personas que estarían sosteniendo como tesis la no evaluación de los servidores del servicio público”, aclaró.
En torno a las reformas a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, Cordero indicó que hay algunos aspectos interesantes como la posibilidad de que ingresen a la docencia otros profesionales, la realización de una enseñanza rural pagada por el Estado, que las vacantes sean suplidas por personas de la localidad y así evitar problemas, normas claras para los ascensos, estímulos y destituciones.
“No hay ninguna relación entre los paros y las evaluaciones, los paros en el sector público están prohibidos por la
Constitución. No hay razón para que se evada un proceso de evaluación y deben ser los propios estudiantes y los padres de familia quienes persuadan a los maestros a que acudan a este programa y contribuyan con el cambio de la educación en el Ecuador”, concluyó.
“Quiero hacerles un llamado a los maestros y maestras de mi Patria, a los profesores de educación pública, que no por miedo a sanciones, no por miedo a la coerción que pueda estar en el Reglamento o en la Ley , sino por compromiso con el cambio, asistan al programa de evaluación docente, pues ustedes que son formadores de niños y de jóvenes, siendo connatural y coherente que un maestro que evalúa a sus alumnos, no para sancionarlos, sino para saber cómo están ustedes transmitiendo la información y cómo sus discípulos la están recibiendo, sean también evaluados por los otros estamentos de la educación”, enfatizó.
A juicio de Cordero, la evaluación es connatural a la educación, por tanto sería imposible pensar en un mejoramiento en la calidad educativa sin que exista un proceso de seguimiento que permita conocer qué está pasando en las aulas y cuáles son sus efectos en la sociedad. “Eso no lo digo yo, lo establece la Constitución en su Art. 26: La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”, argumentó.
Recordó que disposiciones de esta naturaleza abundan en el texto constitucional, así el Art. 11, numeral 3, determina que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. En el mismo numeral, en el tercer inciso, se prevé que los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por estos hechos ni para negar su reconocimiento.
Igualmente, el numeral 8 del mismo artículo invocado dispone: El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.
Explicó que lo que está haciendo el Ministerio de Educación es, precisamente, establecer políticas públicas para desarrollar los derechos, en este caso, en el ámbito de la educación. Por tanto, todos los ecuatorianos deberíamos, más bien, apoyar este proceso, porque se busca mejorar la calidad del sistema educativo, para beneficio de los niños y jóvenes del país y, por consiguiente, de la sociedad en su conjunto.
Insistió que no se trata de sancionar a los maestros, sino de conocer la realidad de la educación del país, qué pasa con el proceso de enseñanza-aprendizaje, es una oportunidad para que los maestros y maestras demuestren su capacidad de transmitir conocimientos, que, con seguridad, será la gran mayoría de profesores.
Reiteró que sus declaraciones de la semana anterior en ningún momento han sido contrarias al criterio de la evaluación que ha emprendido el Gobierno, como se pretende hacer creer. “Me formularon preguntas y di varias respuestas que en ningún caso pueden ser mal usadas y peor mal interpretadas por personas que estarían sosteniendo como tesis la no evaluación de los servidores del servicio público”, aclaró.
En torno a las reformas a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, Cordero indicó que hay algunos aspectos interesantes como la posibilidad de que ingresen a la docencia otros profesionales, la realización de una enseñanza rural pagada por el Estado, que las vacantes sean suplidas por personas de la localidad y así evitar problemas, normas claras para los ascensos, estímulos y destituciones.
“No hay ninguna relación entre los paros y las evaluaciones, los paros en el sector público están prohibidos por la
Constitución. No hay razón para que se evada un proceso de evaluación y deben ser los propios estudiantes y los padres de familia quienes persuadan a los maestros a que acudan a este programa y contribuyan con el cambio de la educación en el Ecuador”, concluyó.
