Al menos nueve periodistas fueron asesinados durante 2008 en los estados miembros (28) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), por razones vinculadas al ejercicio de su labor.
A estos hechos se suman 200 denuncias de agresiones, amenazas y actos de intimidación contra periodistas y medios de comunicación.
Estas son parte de las cifras que revela el informe anual de 2008 emitido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de esa comisión.
De acuerdo al informe sobre la situación de la libertad de expresión, la Relatoría especial indica que en materia de asesinatos, desplazamientos y graves amenazas contra la vida de los comunicadores sociales, la información de la Relatoría Especial conduciría a sostener que su número creciente tiene origen, esencialmente, en la actuación de grupos violentos de la delincuencia organizada.
Por otro lado, señala que la segunda causa de los asesinatos y agresiones contra comunicadores y periodistas en la actualidad sería la actuación de grupos organizados o espontáneos que tienen motivaciones políticas y que deciden silenciar al medio o al comunicado a través de la violencia por no compartir su línea editorial o la forma de informar.
Con respecto a Ecuador la Relatoría Especial valora positivamente que la nueva Constitución Política del Ecuador contenga disposiciones que garanticen diversos aspectos del derecho a la libertad de expresión.
No obstante, dice, algunas de las nuevas formas constitucionales podrían ser interpretadas de manera tal que otorguen a los poderes públicos amplias facultades de intervención sobre ejercicio de la libertad de expresión. Por lo cual hace un llamado para que, al momento de aplicar, interpretar e implementar el nuevo texto constitucional, el Estado garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de conformidad con los estándares del sistema interamericano en la materia.
En el informe también se detalla al menos un decena de casos sobre agresiones a periodistas de medios como: la Red Telesistema, al emisora Luz y Vida, Diario La Hora, entre otros.
También analiza la incautación de empresa de comunicación realizada por la Agencia de Garantías de Depósitos.
El 28 de mayo último Amnistía Internacional (AI) también hizo público su informe anual. Con respecto al país, entre otros temas, señala que en 2008 aumentó la tensión entre el Gobierno y algunos sectores de los medios de comunicación.
Asimismo, al igual que la Relatoría especial, hace referencia a la preocupación expresada por el despido de los directores de los informativos de dos empresas de televisión que fueron embargadas en julio por el Estado para hacer frente a deudas contraídas por varias empresas en un escándalo bancario.
También con respecto a la prensa, AI recuerda que un juez archivó el caso contra Francisco Vivanco Riofrío, redactor jefe del periódico La Hora, por "desacato" al presidente de Ecuador, Rafael Correa, tras haber publicado un editorial crítico con el Gobierno en 2007.
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Carlos Pólit busca controlar a auditores
La Contraloría General del Estado pretende alcanzar mayores atribuciones para nombrar, remover y destituir a los auditores internos de todas las instituciones públicas.
Ese fue uno de los pedidos que realizó el contralor, Carlos Pólit, durante su comparecencia a la Comisión de Reforma del Estado y Gestión Pública del congresillo, donde se da trámite al proyecto de ley Reformatoria de la Ley de Contraloría, de iniciativa del Ejecutivo.
El planteamiento de Pólit contó con el apoyo de Santiago Peñaherrera, presidente del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (Concope) y de Esteban Jaramillo, titular de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).
Peñaherrera enfatizó que todos los actos de la administración pública deben ser transparentes, pero reconoció que eso es difícil cuando "existen auditores que no son imparciales, ya que pertenecen a la misma institución auditada".
Elsa María Santos, representante del Procurador General, compartió el criterio de permitir a la Contraloría fiscalizar el uso de los recursos públicos en todas las instituciones del Estado y del sector privado: "El hecho que el Contralor nombre, promueva o traslade al personal de auditoría asegurará que estas áreas actúen con independencia".
Santos resaltó la conveniencia de incluir en las atribuciones de la Contraloría el juzgamiento de los recursos destinados a la defensa nacional por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía.
La Comisión de Reforma del Estado recibirá mañana otras observaciones al proyecto, por parte del ministro de Defensa, Javier Ponce; del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fabián Varela; del ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh y del coordinador de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal.-(hoy)
A estos hechos se suman 200 denuncias de agresiones, amenazas y actos de intimidación contra periodistas y medios de comunicación.
Estas son parte de las cifras que revela el informe anual de 2008 emitido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de esa comisión.
De acuerdo al informe sobre la situación de la libertad de expresión, la Relatoría especial indica que en materia de asesinatos, desplazamientos y graves amenazas contra la vida de los comunicadores sociales, la información de la Relatoría Especial conduciría a sostener que su número creciente tiene origen, esencialmente, en la actuación de grupos violentos de la delincuencia organizada.
Por otro lado, señala que la segunda causa de los asesinatos y agresiones contra comunicadores y periodistas en la actualidad sería la actuación de grupos organizados o espontáneos que tienen motivaciones políticas y que deciden silenciar al medio o al comunicado a través de la violencia por no compartir su línea editorial o la forma de informar.
Con respecto a Ecuador la Relatoría Especial valora positivamente que la nueva Constitución Política del Ecuador contenga disposiciones que garanticen diversos aspectos del derecho a la libertad de expresión.
No obstante, dice, algunas de las nuevas formas constitucionales podrían ser interpretadas de manera tal que otorguen a los poderes públicos amplias facultades de intervención sobre ejercicio de la libertad de expresión. Por lo cual hace un llamado para que, al momento de aplicar, interpretar e implementar el nuevo texto constitucional, el Estado garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de conformidad con los estándares del sistema interamericano en la materia.
En el informe también se detalla al menos un decena de casos sobre agresiones a periodistas de medios como: la Red Telesistema, al emisora Luz y Vida, Diario La Hora, entre otros.
También analiza la incautación de empresa de comunicación realizada por la Agencia de Garantías de Depósitos.
El 28 de mayo último Amnistía Internacional (AI) también hizo público su informe anual. Con respecto al país, entre otros temas, señala que en 2008 aumentó la tensión entre el Gobierno y algunos sectores de los medios de comunicación.
Asimismo, al igual que la Relatoría especial, hace referencia a la preocupación expresada por el despido de los directores de los informativos de dos empresas de televisión que fueron embargadas en julio por el Estado para hacer frente a deudas contraídas por varias empresas en un escándalo bancario.
También con respecto a la prensa, AI recuerda que un juez archivó el caso contra Francisco Vivanco Riofrío, redactor jefe del periódico La Hora, por "desacato" al presidente de Ecuador, Rafael Correa, tras haber publicado un editorial crítico con el Gobierno en 2007.
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Carlos Pólit busca controlar a auditores
La Contraloría General del Estado pretende alcanzar mayores atribuciones para nombrar, remover y destituir a los auditores internos de todas las instituciones públicas.
Ese fue uno de los pedidos que realizó el contralor, Carlos Pólit, durante su comparecencia a la Comisión de Reforma del Estado y Gestión Pública del congresillo, donde se da trámite al proyecto de ley Reformatoria de la Ley de Contraloría, de iniciativa del Ejecutivo.
El planteamiento de Pólit contó con el apoyo de Santiago Peñaherrera, presidente del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (Concope) y de Esteban Jaramillo, titular de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).
Peñaherrera enfatizó que todos los actos de la administración pública deben ser transparentes, pero reconoció que eso es difícil cuando "existen auditores que no son imparciales, ya que pertenecen a la misma institución auditada".
Elsa María Santos, representante del Procurador General, compartió el criterio de permitir a la Contraloría fiscalizar el uso de los recursos públicos en todas las instituciones del Estado y del sector privado: "El hecho que el Contralor nombre, promueva o traslade al personal de auditoría asegurará que estas áreas actúen con independencia".
Santos resaltó la conveniencia de incluir en las atribuciones de la Contraloría el juzgamiento de los recursos destinados a la defensa nacional por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía.
La Comisión de Reforma del Estado recibirá mañana otras observaciones al proyecto, por parte del ministro de Defensa, Javier Ponce; del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fabián Varela; del ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh y del coordinador de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal.-(hoy)
