La petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) hizo hoy un nuevo llamamiento al Gobierno de Ecuador para que negocie un acuerdo que permita a la empresa salir de la situación en la que se encuentra por no poder operar debido a una "férrea" oposición de las comunidades amazónicas.
Mauricio Ruso, gerente comercial de la empresa, explicó a Efe, en una entrevista telefónica, que desde hace seis años la compañía no puede operar en el Bloque 23, situado en la provincia de Pastaza, en el este selvático del país, debido a que "no están dadas las condiciones de seguridad mínimas".
El pasado 9 de marzo CGC informó de que había interpuesto una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para intentar negociar una solución, sin embargo, según dijo Ruso, hasta el momento ningún miembro del Gobierno los ha llamado a negociar.
La compañía se adjudicó en 1996 un contrato para la exploración, explotación y extracción de crudo en el Bloque 23, donde se asientan varias comunidades indígenas, que poco tiempo después de que comenzaran las operaciones "atacaron los campamentos, secuestraron gente y nos robaron los explosivos", explicó Ruso.
"Solo alcanzamos a registrar el 30 por ciento de la exploración sísmica, con lo cual determinamos que, bajo esas condiciones de seguridad no se podía seguir realizando y decidimos levantar el campamento", recordó el ejecutivo.
Según Ruso, a principios de mayo el Gobierno envió un oficio a la compañía donde el ministro de Minas y Petróleo, Derlis Palacios, le invitó a retomar las operaciones, sin embargo, desde el punto de vista de CGC, "no hay ningún hecho que justifique el levantamiento de fuerza mayor".
"Por el contrario, cuando las comunidades toman conocimiento de este oficio ministerial siguen en su férrea oposición y anuncian un estado de alerta", añadió.
El proceso iniciado por la compañía argentina ante el CIADI aún le da un plazo al Gobierno de tres meses para que se siente a negociar una salida a la situación.
Ruso señaló que si después de ese tiempo no se ha llegado a un acuerdo, la petrolera tramitará una demanda formal.
"Ojalá nos llamen en el corto plazo para poder llegar a un acuerdo, tenemos todas las esperanzas de que así sea. No queremos terminar en un juicio, pero si finalmente, pasados los 6 meses, no hay ninguna respuesta positiva por parte del Gobierno no nos va a quedar otro camino", señaló Ruso.
El gerente comercial indicó que la negociación puede llegar a que rescinda el contrato entre ambas partes, por lo que entonces CGC terminaría por abandonar el país, pero que "en primera instancia parece que no va a quedar otra alternativa que una indemnización".
Aún así manifestó que "si al Gobierno se le ocurre alguna otra alternativa" CGC está dispuesta a analizarla.
"Para el Estado ecuatoriano también es difícil resolver la situación, porque están enfrentados con la comunidad Sarayaku. Es complicado pero se tiene que llegar a alguna solución", apostilló.
Precisamente ayer, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) rechazó la resolución de retomar las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en la región amazónica.
Los indígenas se declararon "en estado de máxima alerta" en defensa de su "vida", "el territorio y la biodiversidad". (EFE)
Mauricio Ruso, gerente comercial de la empresa, explicó a Efe, en una entrevista telefónica, que desde hace seis años la compañía no puede operar en el Bloque 23, situado en la provincia de Pastaza, en el este selvático del país, debido a que "no están dadas las condiciones de seguridad mínimas".
El pasado 9 de marzo CGC informó de que había interpuesto una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para intentar negociar una solución, sin embargo, según dijo Ruso, hasta el momento ningún miembro del Gobierno los ha llamado a negociar.
La compañía se adjudicó en 1996 un contrato para la exploración, explotación y extracción de crudo en el Bloque 23, donde se asientan varias comunidades indígenas, que poco tiempo después de que comenzaran las operaciones "atacaron los campamentos, secuestraron gente y nos robaron los explosivos", explicó Ruso.
"Solo alcanzamos a registrar el 30 por ciento de la exploración sísmica, con lo cual determinamos que, bajo esas condiciones de seguridad no se podía seguir realizando y decidimos levantar el campamento", recordó el ejecutivo.
Según Ruso, a principios de mayo el Gobierno envió un oficio a la compañía donde el ministro de Minas y Petróleo, Derlis Palacios, le invitó a retomar las operaciones, sin embargo, desde el punto de vista de CGC, "no hay ningún hecho que justifique el levantamiento de fuerza mayor".
"Por el contrario, cuando las comunidades toman conocimiento de este oficio ministerial siguen en su férrea oposición y anuncian un estado de alerta", añadió.
El proceso iniciado por la compañía argentina ante el CIADI aún le da un plazo al Gobierno de tres meses para que se siente a negociar una salida a la situación.
Ruso señaló que si después de ese tiempo no se ha llegado a un acuerdo, la petrolera tramitará una demanda formal.
"Ojalá nos llamen en el corto plazo para poder llegar a un acuerdo, tenemos todas las esperanzas de que así sea. No queremos terminar en un juicio, pero si finalmente, pasados los 6 meses, no hay ninguna respuesta positiva por parte del Gobierno no nos va a quedar otro camino", señaló Ruso.
El gerente comercial indicó que la negociación puede llegar a que rescinda el contrato entre ambas partes, por lo que entonces CGC terminaría por abandonar el país, pero que "en primera instancia parece que no va a quedar otra alternativa que una indemnización".
Aún así manifestó que "si al Gobierno se le ocurre alguna otra alternativa" CGC está dispuesta a analizarla.
"Para el Estado ecuatoriano también es difícil resolver la situación, porque están enfrentados con la comunidad Sarayaku. Es complicado pero se tiene que llegar a alguna solución", apostilló.
Precisamente ayer, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) rechazó la resolución de retomar las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en la región amazónica.
Los indígenas se declararon "en estado de máxima alerta" en defensa de su "vida", "el territorio y la biodiversidad". (EFE)
