La Veeduría Ciudadana para la designación del nuevo fiscal acusa al Quinto Poder desde bloqueo de información hasta de un gasto de $600 mil en veedurías, cuando ellos no tienen ni oficinaEn una acción de protección presentada este martes, Karina Guerrero, coordinadora nacional de la Veeduría Ciudadana del proceso de designación del nuevo fiscal general, demanda a Juana Miranda, como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) o Quinto Poder, por el cometimiento de varias acciones y omisiones que han obstaculizado la labor de esa veeduría.
Entre otras cosas, se acusa al organismo de no haber ofrecido apoyo para que los veedores cumplan su función, violando el art. 7 de la Ley Orgánica del CPCCS y el 12 del Reglamento de General de Veedurías.
"El acto violatorio se configuró cuando se obstaculizó e impidió ejercer mi derecho constitucional como veedora a monitorear, opinar y presentar observaciones sobre la selección de los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección (CCS) del nuevo fiscal", enfatizó Guerrero.
La veedora aseguró que el Consejo, pese a haber sido informado sobre presuntas irregularidades e incumplimiento de requisitos de algunos postulantes a comisionados, dio paso a su posesión el 22 de diciembre pasado.
Entre las irregularidades advertidas al Consejo, Guerrero dice que consta la posible adulteración o falsificación de la documentación de varios comisionados, como diplomas y certificados que fueron pasados por alto por el equipo técnico responsable de verificar esa información. Dicho equipo está conformado por un delegado de cada uno de los seis miembros del CPCCS.
"También se me impidió acceder a las carpetas de los aspirantes y verificar si se respetó la cadena de custodia de la documentación que llegó al consejo", agregó.
Según dijo la coordinadora, otro de los problemas que enfrenta la veeduría es el bloqueo del acceso a buena parte de la información sobre el proceso de selección o la entrega tardía e incompleta de cierta documentación.
"Los señores del consejo piensan que los veedores somos adornos y que nos pueden utilizar para decir que hay transparencia. No entienden que nuestra misión es la de ejercer una especie de fiscalización social, es decir, que estamos obligados a denunciar las irregularidades y exigir transparencia", dijo la veedora.
Por lo anotado, en la acción de protección, cuyo análisis está a cargo de René Coronel Domínguez, juez primero de Trabajo, pide que se revise el proceso de designación de los 10 miembros de esa comisión: cinco por cada función del Estado y cinco por la ciudadanía, y también que se detenga el concurso para elegir al nuevo fiscal.
"Si está en duda la probidad notoria de quienes designarán al nuevo fiscal de la Nación, ¿quién garantiza la idoneidad de esta nueva autoridad?", preguntó Guerrero.
