A lo largo del documento de 74 páginas que entregó en el desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), el movimiento PAIS planteaba, hace cuatro años, un Plan de Gobierno con cinco ejes para ejecutar la llamada Revolución Ciudadana.
El primero de esos cinco ejes era la “Revolución Constitucional y Democrática”, que pretendía concretar a través de una Asamblea Constituyente (que finalmente sí se realizó).
En la página 21 del Plan de Gobierno redactado por el equipo de ideólogos de PAIS, con el ahora presidente Rafael Correa a la cabeza, consta como una de las reformas políticas más urgentes la “independencia y corresponsabilidad entre las funciones del Estado”.
Para cada una de ellas se fijó una meta: “Por una Función Judicial autónoma, independiente y no manejada por los partidos políticos, menos aún por los grupos de poder económico... Por una Función Legislativa que recupere la capacidad de legislar, fiscalizar y representar los intereses populares distanciados del alcance de los grupos de poder y de la partidocracia vinculada al poder oligárquico. Por la creación de una instancia de justicia electoral y no de representación directa de los partidos como jueces y parte...”.
En la convención nacional de Alianza PAIS que se realizó en noviembre del año pasado, su dirigencia aprobó ampliar de cinco a siete los ejes de la Revolución Ciudadana.
Como novedad se introdujeron las “revoluciones” del sistema de justicia y ecológica.
En el apartado de la justicia, el documento amplía lo mencionado en el Plan original, pues se determina como objetivo una “reforma institucional íntegra de la justicia en el Ecuador que incluya la desmercantilización y despolitización de la Función Judicial; la profesionalización de jueces, juezas y funcionarios judiciales; la celeridad procesal; y un fácil acceso a la justicia”.
Para conseguirlo, según el texto, el movimiento PAIS apunta a lograr “separación entre derecho y política, con el objetivo de que el derecho no sea una herramienta de la política” y la “independencia política, autonomía administrativa, económica y financiera”.
El ex subsecretario de Pueblos, Orlando Pérez, quien coordinó los grupos que redactaron la nueva versión del Plan de Gobierno, explica que esta ampliación respondió a las demandas de la ciudadanía.
“La revolución en la justicia era la deuda pendiente. Ese tema no se dimensionó con su complejidad, pues en ese momento las prioridades políticas y económicas del país eran diferentes”, dice Pérez.
Recuerda que en la Constituyente –de la que fue su director de Comunicación– ya se planteó la necesidad de reorganizar la justicia pero, por ser un asunto políticamente delicado, no se concretó.
Dos de los ideólogos del documento original, los ex ministros Alberto Acosta y Gustavo Larrea, sostienen que, con su propuesta de referéndum para hacer enmiendas a la Constitución, el Presidente quiere “meterle mano a la justicia” y, por tanto, está incumpliendo su propuesta de campaña.
Acosta señala que, al proponer incluir delegados de las funciones Ejecutiva y Legislativa en el Consejo de la Judicatura (CJ), Correa afectará el principio básico de la independencia de poderes, que la mayoría de asambleístas de PAIS defendió en los debates de la Constituyente que él presidió.
Larrea afirma que esto constituye un “viraje” en la propuesta de Gobierno que llevó al poder a Correa en el 2006.
Sin embargo, la normativa jurídica no tiene una disposición expresa, que indique que dicho incumplimiento sea causal para destitución del cargo o revocatoria de mandato.
Aunque el vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Fausto Camacho, indica que puede usarse como motivación para solicitar una revocatoria.
El primero de esos cinco ejes era la “Revolución Constitucional y Democrática”, que pretendía concretar a través de una Asamblea Constituyente (que finalmente sí se realizó).
En la página 21 del Plan de Gobierno redactado por el equipo de ideólogos de PAIS, con el ahora presidente Rafael Correa a la cabeza, consta como una de las reformas políticas más urgentes la “independencia y corresponsabilidad entre las funciones del Estado”.
Para cada una de ellas se fijó una meta: “Por una Función Judicial autónoma, independiente y no manejada por los partidos políticos, menos aún por los grupos de poder económico... Por una Función Legislativa que recupere la capacidad de legislar, fiscalizar y representar los intereses populares distanciados del alcance de los grupos de poder y de la partidocracia vinculada al poder oligárquico. Por la creación de una instancia de justicia electoral y no de representación directa de los partidos como jueces y parte...”.
En la convención nacional de Alianza PAIS que se realizó en noviembre del año pasado, su dirigencia aprobó ampliar de cinco a siete los ejes de la Revolución Ciudadana.
Como novedad se introdujeron las “revoluciones” del sistema de justicia y ecológica.
En el apartado de la justicia, el documento amplía lo mencionado en el Plan original, pues se determina como objetivo una “reforma institucional íntegra de la justicia en el Ecuador que incluya la desmercantilización y despolitización de la Función Judicial; la profesionalización de jueces, juezas y funcionarios judiciales; la celeridad procesal; y un fácil acceso a la justicia”.
Para conseguirlo, según el texto, el movimiento PAIS apunta a lograr “separación entre derecho y política, con el objetivo de que el derecho no sea una herramienta de la política” y la “independencia política, autonomía administrativa, económica y financiera”.
El ex subsecretario de Pueblos, Orlando Pérez, quien coordinó los grupos que redactaron la nueva versión del Plan de Gobierno, explica que esta ampliación respondió a las demandas de la ciudadanía.
“La revolución en la justicia era la deuda pendiente. Ese tema no se dimensionó con su complejidad, pues en ese momento las prioridades políticas y económicas del país eran diferentes”, dice Pérez.
Recuerda que en la Constituyente –de la que fue su director de Comunicación– ya se planteó la necesidad de reorganizar la justicia pero, por ser un asunto políticamente delicado, no se concretó.
Dos de los ideólogos del documento original, los ex ministros Alberto Acosta y Gustavo Larrea, sostienen que, con su propuesta de referéndum para hacer enmiendas a la Constitución, el Presidente quiere “meterle mano a la justicia” y, por tanto, está incumpliendo su propuesta de campaña.
Acosta señala que, al proponer incluir delegados de las funciones Ejecutiva y Legislativa en el Consejo de la Judicatura (CJ), Correa afectará el principio básico de la independencia de poderes, que la mayoría de asambleístas de PAIS defendió en los debates de la Constituyente que él presidió.
Larrea afirma que esto constituye un “viraje” en la propuesta de Gobierno que llevó al poder a Correa en el 2006.
Sin embargo, la normativa jurídica no tiene una disposición expresa, que indique que dicho incumplimiento sea causal para destitución del cargo o revocatoria de mandato.
Aunque el vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Fausto Camacho, indica que puede usarse como motivación para solicitar una revocatoria.
