El Consejo de Administración Legislativa (CAL) no calificó la solicitud de juicio político en contra de Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de la República.La petición fue presentada por Abdalá Bucaram Pulley (PRE), quien acusa al funcionario de conflicto de intereses, tráfico de influencias e interferencia en el Poder Judicial.
Fausto Cobo (PSP), vocal del organismo, aseguró que Bucaram está siendo engañado por el CAL, ya que sostiene que, después de la solicitud de juicio en contra de Fernando Alvarado, “nunca enviaron (oficialistas) la consulta a la Corte Constitucional”, caso en el cual por ser Secretario Nacional de Comunicación se debía consultar si era sujeto de enjuiciamiento político en la Asamblea.
El legislador afirmó que este accionar es el eje central del “cinismo y desfachatez” en los procedimientos que se realizan desde el oficialismo, ya que Mera “cobra sueldo de Ministro, tiene más poder que todos lo ministros, tiene fuero de Ministro”, agregando que cuando se lo quiere fiscalizar como Ministro “no lo es”.
El asambleísta alegó que Mera está sujeto a fiscalización por parte de la Asamblea por ostentar el rango de Ministro de Estado, y como evidencia de ello mostró los decretos ejecutivos del 15 de enero de 2007, 8 de agosto de 2008 y 10 de agosto de 2009.
Bucaram afirmó que Mera no tiene la facultad para amenazar a la Función Judicial, haciendo referencia a una circular dirigida a los ministros de Estado, de la cual se envió una copia al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Benjamín Cevallos, en la cual ordena el enjuiciamiento por daños y perjuicios a los jueces que hayan dispuesto la suspensión de algún acto de autoridad pública.
El accionar
Cobo indicó que hoy se tratará en la agenda del pleno la consulta a la CC sobre la posibilidad de enjuiciar a estos funcionarios. Esto, porque “ya están en evidencia de que no lo hicieron”, es decir que no se habría enviado dicho
documento.
Por esta razón, el legislador manifestó que están “engañando” a Bucaram, porque “ya deciden antes en sus foros y vienen a querernos engañar”, concluyendo que la fiscalización está blindada, especialmente cuando se trata de la “segunda eminencia Alexis Mera”.
Fernando Cordero, titular del Legislativo, expresó que el decreto ejecutivo dice que una serie de funcionarios tienen las mismas atribuciones y obligaciones constitucionales que los ministros, pero que como son del ámbito de la Presidencia “como hay ciertas cosas formales” que hacen pensar que “por alguna razón político partidista” se han negado estos juicios.
