La Cámara de Industrias y Producción de Ecuador informó hoy de que pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pronunciamiento sobre la consulta popular planteada por el Ejecutivo y que, en criterio de los empresarios asociados, violenta derechos fundamentales."Requerimos la intervención de la comisión a efectos de que asuma y dicte las medidas que está autorizada a través de su reglamento y la Convención (Americana sobre Derechos Humanos), para cautelar que en Ecuador se respete el orden jurÍdico internacional", dijo el presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias, Pablo Dávila.
La petición de intervención a la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), se ofició el pasado 28 de enero y no hay un tiempo establecido para su pronunciamiento.
"Eventualmente la Comisión podría enviar un comunicado y una advertencia a Ecuador señalando que ha entrado en conocimiento, como ya lo hizo de la consulta popular y el referéndum, y de potenciales violaciones que dicha consulta y referéndum podría causar", comentó.
Los industriales ecuatorianos esperan que en la CIDH se haga un análisis jurídico y se advierta al Gobierno de que el documento, en la forma como está planteado, "atentaría contra el orden jurídico internacional y derechos fundamentales".
A su criterio, una advertencia de esa naturaleza es "prácticamente una disposición del sistema jurídico internacional que le advierte a Ecuador de los riesgos que estarÍa incurriendo en atentar contra el orden jurÍdico".
La Corte Constitucional de Ecuador analiza de momento el texto de las diez preguntas que el Ejecutivo plantea.
Las cinco preguntas que conllevan un cambio constitucional son una extensión de la prisión preventiva, la restricción de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva que pueden dictar los jueces, la reestructuración del sistema judicial, la modificación de la composición del Consejo de la Judicatura y la limitación de los negocios que pueden poseer los bancos y los medios de comunicación.
Las otras cuestiones plantean convertir en delito "el enriquecimiento privado no justificado" y la no afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social por parte de las empresas, así como la prohibición de los juegos de azar y las corridas de toros y gallos.
Además, en la iniciativa se contempla la creación de un "Consejo de Regulación" para controlar la difusión de contenidos en la prensa que contengan mensajes de violencia, sexuales o discriminatorios.
Para Dávila, el texto de la consulta presentado "atenta particularmente contra la separación de poderes e impone restricciones a la libertad de prensa".
Aunque el pronunciamiento de la CIDH podría llegar después de que la Corte Constitucional resuelva sobre la constitucionalidad o no del texto, Dávila señaló que ese pronunciamiento, "cualquiera que este sea", es fundamental, incluso, para sentar precedentes.
"Me parecería peor y el tiempo nos juzgarÍa peor si no hiciéramos nada. Es nuestro deber", dijo Dávila al añadir que en caso de que pase la consulta, nada de lo actuado serÍa válido si la CIDH declara que lo ocurrido en Ecuador es atentatorio contra los derechos humanos y fundamentales.
En una rueda de prensa conjunta entre Dávila y el ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ecuatoriano Hernán Salgado, este último recordó que los dictámenes de la CIDH "son obligatorios" e hizo énfasis en la dificultad que representaría para los ciudadanos la complejidad de las preguntas de la consulta. (EFE)
