El Gobierno no le teme al anuncio de movilizaciones que han realizado algunos dirigentes indígenas como forma de presión para que en 48 horas, se libere al dirigente shuar, José ‘Pepe’ Acacho quien está detenido bajo la acusación de promover actos de violencia, sabotaje y terrorismo. Descargar Audio...El Presidente de la República, Rafael Correa, aclaró esta tarde que dirigentes indígenas como Marlon Santi (presidente de la Conaie) pueden hacer las amenazas que quieran, pero que el Gobierno no se amedrentará frente a ello.
En un conversatorio con los medios de comunicación, el Primer Mandatario aclaró que el juicio penal instaurado en contra de Acacho es un proceso que está en manos de la Función Judicial por la muerte del profesor Bosco Wizuma, quien falleció en las protestas indígenas que se realizaron en la ciudad de Macas en septiembre de 2009 en contra del proyecto de Ley de Aguas. el ciudadano
El Jefe de Estado recordó que fue a través de radio Arutam, que Acacho convocó a las comunidades shuar de Morona Santiago a salir a las carreteras y vías para de forma violenta protestar, incluso con lanzas envenenadas y machetes.
“Que hagan lo que les dé la gana Estamos en Estado de Derecho donde se juzga de acuerdo con el debido proceso y de acuerdo a las leyes”, recalcó el Presidente, al tiempo de rechazar las versiones de que en este caso hay persecución política del Gobierno contra la dirigencia indígena.
“Vayan al levantamiento si quieren Pueden hacer las amenazas que quieran demostrando ahí sí un irrespeto a la Constitución ( Pero no dejaremos en la impunidad la muerte de Bosco Wizuma”, enfatizó el gobernante quien recordó que hay grabaciones que demuestran cómo desde radio Arutam se incitó a la violencia argumentando que con el mencionado proyecto de ley se iba a privatizar el agua.
En ese contexto explicó que el artículo 160 numeral 1del Código Penal vigente, establece que quienes individualmente o formando organizaciones, pandillas, comandos, etc. y pretextando fines patrióticos, sociales o políticos, raciales, localistas o regionales, cometieren delito contra la seguridad de las personas y si por estos hechos se produjeren lesiones o muerte a las personas, serán sancionados con reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años.
El Presidente indicó también que durante el año que ha tomado la investigación respectiva, se quedaron sin sustento las aseveraciones iniciales de la dirigencia indígena que aseguraba que fue el impacto de un proyectil policial el que mató a Wizuma.
Explicó que con el apoyo del Gobierno se trajo a una experta forense francesa quien determinó que fue el impacto de un perdigón el que causó el deceso del profesor y que para ello hubo que exhumar el cadáver de Wizuma.
Las investigaciones incluso permitieron identificar a Fidel Kaniras (quien fue detenido junto a Acacho) como presunto culpable de la muerte de Wizuma.
“¿Es que puede quedar en la impunidad el asesinato de las personas?. ¿Es que puede quedar en la impunidad llamar a la violencia de forma tan descarada?, preguntó el gobernante quien agregó que este es el momento de saber si estamos en un Estado de hecho o en un Estado de Derecho.
