Los miembros de oposición Leonardo Viteri (PSC), Andrés Páez (ID), Fernando Aguirre (PSP), César Montúfar (CN) y Fausto Cobo (PSP), que anteriormente viajaron a Washington para presentar evidencia sobre la libertad de expresión en el país, presentaron una acción de protección contra la censura de medios durante la revuelta policial.
Los legisladores piden una confesión judicial del asambleísta Eduardo Zambrano (PAIS) por sus declaraciones presentadas en Telesur, en las que afirmaba que el viaje a Washington fue para reunirse con la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) donde se inició la conspiración contra el Gobierno.
“No podemos admitir que se nos señale de conspiradores”, sostuvo Páez y expresó que ellos “van a dar la cara para que se establezca el hecho”, recalcando que siguen sin entender por qué el oficialismo “tiene terror a que se investigue el 30 de septiembre”.
“No se ha hablado de cómo los derechos de los ecuatorianos fueron violados”, dijo Montúfar, al señalar la necesidad de información que tenía el país en ese momento, e insistió en que la decisión del Gobierno “no solamente implicó censura previa”, sino que “hizo que los ecuatorianos y el mundo” pudieran observar solamente la versión transmitida por los medios públicos.
“Se nos impidió informarnos de lo que realmente estaba sucediendo”, dijo Páez, y agregó que hubo una excepción, la de radio La Luna, que “fue la única radio que no se plegó a la cadena” y que “sorpresivamente no tiene sanción”, concluyó.
La acción de protección pide, basada en la ley de garantías jurisdiccionales, que “se determine la violación a los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información de todos los ecuatorianos”, informó Montúfar.
Al mismo tiempo plantea al juez que se determine a los responsables de esa decisión y se repare al pueblo ecuatoriano por la violación de sus derechos y los asambleístas declararon que si no se da paso a su acción a nivel nacional acudirán a instancias internacionales.
En el documento presentado se indica que el estado de excepción viola el artículo 164 de la Constitución por no determinar las medidas aplicadas ni los derechos suspendidos o limitados, y la prohibición de información viola las garantías expresas en el artículo 18.
De igual forma con el artículo 165 de la Carta Magna, que establece la censura previa con estricta relación a los motivos del estado de excepción y el artículo 59 de la Ley de Radio y Televisión, que indica que toda cadena nacional será anunciada con 24 horas de anticipación.
Incluido en el informe se señala la violación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto a la libertad de pensamiento y expresión, que incluye buscar, recibir, intercambiar, reproducir y difundir información.
Los legisladores de oposición remitirán una carta al secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), José Miguel Insulza, ya que durante su visita al Ecuador nunca se enteró de los sucedido con los medios de comunicación y la violación de los derechos de los ecuatorianos a estar informados.
"El país tuvo que sufrir una mordaza impuesta por el Gobierno”.
Andrés Páez
Asambleísta ID
La acción de protección fue recibida en la Corte Provincial de Pichincha al mediodía y en el sorteo fue destinada al Tribunal Tercero de lo Penal.
Los legisladores piden una confesión judicial del asambleísta Eduardo Zambrano (PAIS) por sus declaraciones presentadas en Telesur, en las que afirmaba que el viaje a Washington fue para reunirse con la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) donde se inició la conspiración contra el Gobierno.
“No podemos admitir que se nos señale de conspiradores”, sostuvo Páez y expresó que ellos “van a dar la cara para que se establezca el hecho”, recalcando que siguen sin entender por qué el oficialismo “tiene terror a que se investigue el 30 de septiembre”.
“No se ha hablado de cómo los derechos de los ecuatorianos fueron violados”, dijo Montúfar, al señalar la necesidad de información que tenía el país en ese momento, e insistió en que la decisión del Gobierno “no solamente implicó censura previa”, sino que “hizo que los ecuatorianos y el mundo” pudieran observar solamente la versión transmitida por los medios públicos.
“Se nos impidió informarnos de lo que realmente estaba sucediendo”, dijo Páez, y agregó que hubo una excepción, la de radio La Luna, que “fue la única radio que no se plegó a la cadena” y que “sorpresivamente no tiene sanción”, concluyó.
La acción de protección pide, basada en la ley de garantías jurisdiccionales, que “se determine la violación a los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información de todos los ecuatorianos”, informó Montúfar.
Al mismo tiempo plantea al juez que se determine a los responsables de esa decisión y se repare al pueblo ecuatoriano por la violación de sus derechos y los asambleístas declararon que si no se da paso a su acción a nivel nacional acudirán a instancias internacionales.
En el documento presentado se indica que el estado de excepción viola el artículo 164 de la Constitución por no determinar las medidas aplicadas ni los derechos suspendidos o limitados, y la prohibición de información viola las garantías expresas en el artículo 18.
De igual forma con el artículo 165 de la Carta Magna, que establece la censura previa con estricta relación a los motivos del estado de excepción y el artículo 59 de la Ley de Radio y Televisión, que indica que toda cadena nacional será anunciada con 24 horas de anticipación.
Incluido en el informe se señala la violación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto a la libertad de pensamiento y expresión, que incluye buscar, recibir, intercambiar, reproducir y difundir información.
Los legisladores de oposición remitirán una carta al secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), José Miguel Insulza, ya que durante su visita al Ecuador nunca se enteró de los sucedido con los medios de comunicación y la violación de los derechos de los ecuatorianos a estar informados.
"El país tuvo que sufrir una mordaza impuesta por el Gobierno”.
Andrés Páez
Asambleísta ID
La acción de protección fue recibida en la Corte Provincial de Pichincha al mediodía y en el sorteo fue destinada al Tribunal Tercero de lo Penal.
