Tras los hechos del 30 de septiembre, el Gobierno se ha encargado de ratificar que la 'vuelta' que le quiere dar a la Policía Nacional continuará. En el corto plazo, el Municipio de Quito manejará Tránsito y Seguridad del Distrito
La seguridad y el transporte pasarán a manos del Municipio de Quito en el corto plazo. El anuncio, que se hizo en septiembre, particularmente para el área de transporte, fue ratificado el 7 de octubre por el alcalde de la capital, Augusto Barrera, siete días después de los acontecimientos del 30 de septiembre pasado.
Ese día, Barrera dijo que antes de la sublevación policial identificaron problemas de movilidad por la falta de efectivos de tránsito en el control de vías principales y corredores del Distrito Metropolitano de Quito. De ahí que, con base en las normas legales vigentes (Constitución, Ley del Tránsito y Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Cootad) sostuvo que se agilitaría el traslado de esa competencia al Municipio.
Esa declaración sirvió además para informar que estaban adelantadas las conversaciones con el ministro del Interior, Gustavo Jalkh, al respecto, al igual que los acuerdos respectivos y que se planea la creación de una agencia de control civil.
En materia de seguridad, las cosas también caminan. Barrera, en esa misma oportunidad, indicó que se reestructurará y reubicará la Central Metropolitana de Atención Ciudadana (Cemac), que funcionaba en el Regimiento Quito N.° 1, que fue el escenario donde arrancó la protesta policial.
Además, agregó que la función de la Policía Especializada en Seguridad para el Distrito Metropolitano tendrá veedurías ciudadanas, las cuales se conformarán con comités barriales y redes ciudadanas. Otro anuncio hecho fue que en breve se nombrará al nuevo director de Tránsito y comandante de Policía del Distrito.
Justamente, sobre este tema, en los repartos policiales se hablaba desde hace algún tiempo, a propósito del trabajo que se realizaba desde 2009, para consensuar una Ley Orgánica de la Policía Nacional, documento que todavía está en revisión del Ejecutivo (ver pág. 4)
La mencionada iniciativa produjo preocupación y malestar, especialmente entre capitantes, mayores y tenientes coroneles, por lo que denominaron una "desmembración de la Policía".
Sin embargo, Gustavo Jalkh, ministro del Interior, en agosto pasado, trató de disipar las dudas al explicar que la reestructuración institucional era para tener una Policía más moderna. Añadió que, por ejemplo, que en el caso de la Policía Judicial, que trabaja de cerca con la Fiscalía, se quería mejorar su rectoría, al permitir que esa instancia judicial tenga más participación.
En el caso del Tránsito, recordó que es una competencia que pueden asumir los municipios, porque así lo establece la Constitución, pero que era un tema que iba a tomar tiempo, porque no todos los municipios del país estaban en capacidad de hacerlo rápidamente.
Así, tras los hechos del 30 de septiembre, al parecer, estos cambios no se detendrán. El propio presidente Rafael Correa ha dicho que las reformas a esa institución continuará, así como la que se impulsa nuevamente en los servicios de inteligencia. Un objetivo que se remonta desde la época del congresillo.
La seguridad y el transporte pasarán a manos del Municipio de Quito en el corto plazo. El anuncio, que se hizo en septiembre, particularmente para el área de transporte, fue ratificado el 7 de octubre por el alcalde de la capital, Augusto Barrera, siete días después de los acontecimientos del 30 de septiembre pasado.
Ese día, Barrera dijo que antes de la sublevación policial identificaron problemas de movilidad por la falta de efectivos de tránsito en el control de vías principales y corredores del Distrito Metropolitano de Quito. De ahí que, con base en las normas legales vigentes (Constitución, Ley del Tránsito y Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Cootad) sostuvo que se agilitaría el traslado de esa competencia al Municipio.
Esa declaración sirvió además para informar que estaban adelantadas las conversaciones con el ministro del Interior, Gustavo Jalkh, al respecto, al igual que los acuerdos respectivos y que se planea la creación de una agencia de control civil.
En materia de seguridad, las cosas también caminan. Barrera, en esa misma oportunidad, indicó que se reestructurará y reubicará la Central Metropolitana de Atención Ciudadana (Cemac), que funcionaba en el Regimiento Quito N.° 1, que fue el escenario donde arrancó la protesta policial.
Además, agregó que la función de la Policía Especializada en Seguridad para el Distrito Metropolitano tendrá veedurías ciudadanas, las cuales se conformarán con comités barriales y redes ciudadanas. Otro anuncio hecho fue que en breve se nombrará al nuevo director de Tránsito y comandante de Policía del Distrito.
Justamente, sobre este tema, en los repartos policiales se hablaba desde hace algún tiempo, a propósito del trabajo que se realizaba desde 2009, para consensuar una Ley Orgánica de la Policía Nacional, documento que todavía está en revisión del Ejecutivo (ver pág. 4)
La mencionada iniciativa produjo preocupación y malestar, especialmente entre capitantes, mayores y tenientes coroneles, por lo que denominaron una "desmembración de la Policía".
Sin embargo, Gustavo Jalkh, ministro del Interior, en agosto pasado, trató de disipar las dudas al explicar que la reestructuración institucional era para tener una Policía más moderna. Añadió que, por ejemplo, que en el caso de la Policía Judicial, que trabaja de cerca con la Fiscalía, se quería mejorar su rectoría, al permitir que esa instancia judicial tenga más participación.
En el caso del Tránsito, recordó que es una competencia que pueden asumir los municipios, porque así lo establece la Constitución, pero que era un tema que iba a tomar tiempo, porque no todos los municipios del país estaban en capacidad de hacerlo rápidamente.
Así, tras los hechos del 30 de septiembre, al parecer, estos cambios no se detendrán. El propio presidente Rafael Correa ha dicho que las reformas a esa institución continuará, así como la que se impulsa nuevamente en los servicios de inteligencia. Un objetivo que se remonta desde la época del congresillo.
