
La Fiscalía buscará la próxima semana obtener las versiones del presidente de la República, Rafael Correa, y del vicepresidente Lenín Moreno sobre los incidentes registrados en el Regimiento Quito número 1, el 30 de septiembre.
En el caso de Correa el pedido será para que relate los momentos vividos durante su permanencia en el Hospital de la Policía por más de 10 horas.
Mientras que en el caso de Moreno, el llamado será para conocer sobre las llamadas y propuestas para que asumiera el poder en el caso de la salida de Correa.
Sobre este tema, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, afirmó que “no será necesario” convocar al Vicepresidente para que dé los nombres de quienes le habrían pedido que asuma el poder. Pues, de acuerdo al legislador, Moreno “sabrá, en su momento”, hacer pública esa información.
Precisamente, la próxima semana, está previsto que el Pleno apruebe una resolución respecto a la revuelta policial. Allí, entre otros puntos, se determinará que la Fiscalía debe investigar quiénes son responsables del suceso.
El fiscal de Pichincha, Marco Freire, señaló que “si tienen que venir los ministros, funcionarios y hasta el presidente Correa, que estaban ahí, le vamos a llamar para que den su versión y según eso iremos identificando a las personas que han participado”.
Esas personas serán vinculadas a las instrucciones abiertas por tentativa de asesinato en contra del Primer Mandatario, atentado a la seguridad del Estado, rebelión, atentado a los medios públicos, entre otras.
Freire aclaró que el Presidente de la República tiene las atribuciones para informar por escrito. Sin embargo, si quiere dar la versión, “nos trasladaremos a Carondelet y receptaremos la versión”.
La fecha aún no está definida pero Freire anunció que será durante la próxima semana. La Fiscalía apura las investigaciones “porque mientras más pronto se recepten las versiones y los elementos de prueba, mejor para el desarrollo del caso”, expresó.
También ministros de Estado y otros funcionarios que estuvieron en el lugar de los incidentes deberían acercarse a rendir su versión sin esperar que se les convoque, señaló.
Hasta el momento, la investigación está fundamentada en vídeos y fotos entregados por la misma Policía y los servicios de Inteligencia.
El objetivo es completar los 90 días de la instrucción fiscal y tener los elementos suficientes para llamar a juicio a los responsables de los desmanes registrados en los exteriores del Regimiento Quito 1 y del Hospital de la Policía Nacional.
Criminalística busca identificar a quienes dispararon o a los francotiradores que habrían estado apostados en los exteriores de la casa de salud.
El fiscal Freire reconoció que “no funcionó Inteligencia ni la seguridad, es decir que ellos no se preocuparon lo que le podía suceder al Presidente de la República”. Este aspecto también está en análisis y sus principales autoridades están en la mira de la Fiscalía.
Los investigadores ya cuentan con una lista de todos los heridos que suman 200 entre policías, militares y civiles. Quienes tengan el alta médica deberán declarar. Adicionalmente, los presuntos policías que abalearon una ambulancia en la Marín, ya estarían identificados.