Los militares que participaron en las protestas del 30 de septiembre en la Base Aérea son investigados por un consejo de disciplina para determinar su grado de participación y posibles sanciones. Hasta ayer 15 uniformados habían sido notificados con el traslado a otras provincias.Entre los uniformados existe descontento por estas acciones. El consejo de disciplina decidirá si cometieron una falta leve, grave o atentatoria, que conlleva sanciones desde arresto simple, de seis días, hasta la separación de la institución.
Pedro Haro, uno de los defensores, expresó que los militares no cometieron faltas atentatorias; sin embargo, 145 de ellos -principalmente de tropa- son investigados. Ayer, no pudieron entrevistarse con sus abogados.
Asimismo, se conoció que 15 militares de inteligencia recibieron el pase a Lago Agrio, Latacunga, Taura y Guayaquil. A ellos se sumarían otros 22 del Ministerio de Defensa.
Al final de los eventos del 30 de septiembre, el ministro de Defensa, Javier Ponce; el comandante de la FAE, Leonardo Barreira, y los insubordinados suscribieron un acuerdo de 12 puntos entre los que destacan que no existan represalias para el personal, que sean derogadas las leyes de Servicio Público y de Personal de las FF.AA. de 2007 y tener representación en los institutos de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa)y de la Policía (Isspol).
Civiles estarían fuera de SNI
La reestructuración del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) estaría encaminada a trasladar su operatividad hacia el Sistema de Inteligencia articulado en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La alternativa es analizada luego de que el presidente Rafael Correa dijera que fallaron los servicios de inteligencia en la revuelta policial.
El sistema de inteligencia del Ejército cuenta en cada unidad con un centro de análisis táctico, operativo y estratégico, y está apoyado en los comités de inteligencia locales en que participan militares y policías. “Esto permite tener una orientación amplia de la información y analizar los focos de amenaza”, explicó.
En el área estratégica, un equipo es el encargado de procesar ciertos resultados que son remitidos al Mandatario y el centro de análisis local evalúa indicios de incidentes.
La información es transmitida a un Centro de Análisis Operacional, que “une” la información de lo que ocurre en un punto de tensión, luego es llevada al Centro de Análisis Estratégico (CAE) donde los comandantes de Fuerza tienen la responsabilidad sobre las acciones a desarrollarse. Sus recomendaciones las entregan al estamento político.
Según el experto en seguridad, Mario Pazmiño, el error de la SIN -durante la revuelta- fue no poner en funcionamiento la CAE. “Un sistema de inteligencia debe tener características similares al que fue montando en el Ejército”, dijo.
Correa ratificó su confianza al almirante Luis Santiago, quien hasta hace poco era jefe de la Casa Militar, y lo designó jefe del Servicio de Protección Presidencial. La ratificación fue hecha en medio de rumores sobre la salida de los civiles Rommy Vallejo, como jefe de la Unidad de Inteligencia Presidencial, y de Francisco Jijón, del SIN.
