El Ministerio de Justicia anunció la derogatoria de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Ley 108), y la promulgación de una nueva que humanice el tratamiento de la problemática de las drogas en el país y corrija las injusticias que se habrían cometido con esta norma legal vigente desde hace dos décadas.La nueva ley tendría como premisa que las leyes y políticas de drogas en Ecuador deben corresponder a su propia realidad, priorizando la seguridad y los derechos humanos de los ecuatorianos.
En el acto de presentación de los avances de la propuesta, se hizo conocer un informe sobre Ecuador de la consultora internacional en temas de derechos humanos, migración forzada y políticas de drogas, Sandra Edwards and Coletta, quien dice, entre otras cosas, que muchos países de América Latina enfrentan crecientes niveles de consumo de drogas, a pesar de severas leyes que han abarrotado al máximo las prisiones.
Normalmente, agrega, son los consumidores y traficantes de poca monta quienes sufren el peso de las sanciones, mientras que traficantes de alto nivel, que cuentan con dinero y poder, continúan actuando con impunidad.
En dicho informe también se señala que, en respuesta a esta situación, muchos países están explorando políticas alternativas.
La consultora, que también es parte del equipo de investigación sobre drogas y prisiones en América Latina, cree que un incipiente movimiento de reforma de leyes sobre drogas parece estar recibiendo cada vez más adhesiones a través de la región e incluso en Estados Unidos.
La asambleísta del bloque gobiernista, María Paula Romo, comenzó por señalar que el país tiene un sistema de justicia dedicado a meter presos a ‘las mulas’ del narcotráfico y ese es el interés principal de la Fiscalía y de los jueces.
Lamentó que el debate político sobre el sistema penal sea tan maniqueo en el país, porque el que no está por la pena de muerte y acumulación de penas, inmediatamente se convierte en defensor de los delincuentes y eso no puede ser así.
Romo criticó además la desproporcionalidad que existe entre la ley penal y la de drogas, porque por la posesión de 20 gramos de una sustancia ilícita una persona puede ser condenada a 20 años de reclusión, y por un asesinato a 16 años.
