Hasta ayer, el bloque gobiernista de Alianza País (AP), solo había asegurado el voto favorable de sus 54 miembros, al que se sumarían tres de la bancada socialista, tres del ADE y Guillermina Cruz, del opositor PSP, con lo que totalizaría 61 votos, insuficientes para viabilizar su propuesta pues se requieren por lo menos 63 votos.
Las bancadas que mantienen una oposición firme al documento también echan números para impedir que el proyecto del Gobierno pase en el Pleno, pues advierten que acabará con la autonomía universitaria.
En esa línea están los bloques del MPD, Pachakutik, MDG, Prian, PRE y PSC, que agilitan en conjunto a 29 votos asambleístas.
Leonardo Viteri, del también opositor PSC aseguró que su partido no apoya el proyecto pues advierte que el Ejecutivo "busca ejercer control sobre los centros educativos, a través de sus delegados en el Consejo de Educación Superior".
El emepedista Francisco Ulloa agrega que las facultades otorgadas a la Secretaría Técnica Ejecutiva (STE) son inconstitucionales y que ese será un ente político que ejercerá control sobre el sistema universitario.
Entre tanto, otras bancadas manifestaron ayer un apoyo parcial al articulado final propuesto por AP, pues dijeron que hay aspectos positivos pero piden reformar otros aspectos. Estas son Alianza Libertad (AL), Sociedad Patriótica (PSP) y varios independientes, que sumarían al menos 27 voluntades.
Por ejemplo, Leandro Cadena, (ex ID ahora independiente), cuyo voto la semana pasada se pensaba sería por la tesis oficial, ayer expresó ayer que no está de acuerdo con las atribuciones dadas a la STE, por lo que pidió hacer cambios en el texto, caso contrario aseguró se abstendrá de votar.
En tanto, los legisladores Paco Moncayo (AL), César Montúfar (CND) y Fausto Cobo (PSP), elaboraron un documento de 18 puntos, que especifican los temas que consideran más críticos de la propuesta oficial y afirman estar buscando adhesiones, para que su propuesta sea acogida en la Asamblea. Si no es así, votarían en contra del documento.
Entre sus observaciones plantean dejar en libertad a las universidades privadas para que elijan y reelijan a sus autoridades, así como para el mecanismo para el cobro de sus aranceles.
También cuestionan la categorización de los centros de estudio superior, los exámenes de admisión, los concursos para a la titularidad de cátedra para docentes y la distribución de los recursos entregados por el Estado.
Las bancadas que mantienen una oposición firme al documento también echan números para impedir que el proyecto del Gobierno pase en el Pleno, pues advierten que acabará con la autonomía universitaria.
En esa línea están los bloques del MPD, Pachakutik, MDG, Prian, PRE y PSC, que agilitan en conjunto a 29 votos asambleístas.
Leonardo Viteri, del también opositor PSC aseguró que su partido no apoya el proyecto pues advierte que el Ejecutivo "busca ejercer control sobre los centros educativos, a través de sus delegados en el Consejo de Educación Superior".
El emepedista Francisco Ulloa agrega que las facultades otorgadas a la Secretaría Técnica Ejecutiva (STE) son inconstitucionales y que ese será un ente político que ejercerá control sobre el sistema universitario.
Entre tanto, otras bancadas manifestaron ayer un apoyo parcial al articulado final propuesto por AP, pues dijeron que hay aspectos positivos pero piden reformar otros aspectos. Estas son Alianza Libertad (AL), Sociedad Patriótica (PSP) y varios independientes, que sumarían al menos 27 voluntades.
Por ejemplo, Leandro Cadena, (ex ID ahora independiente), cuyo voto la semana pasada se pensaba sería por la tesis oficial, ayer expresó ayer que no está de acuerdo con las atribuciones dadas a la STE, por lo que pidió hacer cambios en el texto, caso contrario aseguró se abstendrá de votar.
En tanto, los legisladores Paco Moncayo (AL), César Montúfar (CND) y Fausto Cobo (PSP), elaboraron un documento de 18 puntos, que especifican los temas que consideran más críticos de la propuesta oficial y afirman estar buscando adhesiones, para que su propuesta sea acogida en la Asamblea. Si no es así, votarían en contra del documento.
Entre sus observaciones plantean dejar en libertad a las universidades privadas para que elijan y reelijan a sus autoridades, así como para el mecanismo para el cobro de sus aranceles.
También cuestionan la categorización de los centros de estudio superior, los exámenes de admisión, los concursos para a la titularidad de cátedra para docentes y la distribución de los recursos entregados por el Estado.
