Elsie Monge, quien fue designada para dirigir la Comisión de la Verdad que investigará los crímenes, las violaciones a los derechos humanos y los atentados contra la libertad de expresión en Honduras, país centroamericano en el que el 28 de junio de 2009 un golpe de Estado removió del poder a Manuel Zelaya, presidente constitucional elegido en las urnas, explicó cómo será el ámbito operativo de la Comisión -auspiciada por la Plataforma de los Derechos Humanos de Honduras- que no cuenta con el respaldo del gobierno de Porfirio Lobo, quien promueve una comisión paralela denominada de “La Verdad y Reconciliación”.Zelaya fue sacado a la fuerza de su casa en la madrugada y enviado en un avión a Costa Rica.
La Comisión, presidida por Monge, que buscará establecer la identidad de las víctimas registradas tras el derrocamiento y sentar las responsabilidades del caso, apoyará a un equipo operativo local (la Plataforma de los DDHH), que se encargará de recopilar la información.
El ámbito de la investigación abarcará un periodo de junio de 2009 hasta el mismo mes de 2011, dijo la activista.
Monge indicó que estuvo en Honduras en días pasados para compartir experiencias con el equipo local y asesorarlos respecto a cómo adelante el trabajo.
Los organismos de Derechos Humanos de Tegucigalpa se encuentran al momento en un proceso de búsqueda de recursos.
Además de Monge, la Comisión está conformada por Carlos Nieto, magistrado español; los argentinos Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz; Craig Scott, de Canadá, Francois Houtart, de Bélgica; Francisco Aguilar, de Costa Rica, y los hondureños Helen Umaña y Fausto Milla.
Los miembros internacionales tienen previsto reunirse nuevamente en octubre para revisar los avances y ayudar con el análisis de los testimonios recogidos, para observar tendencias, y para ver el contexto en el cual se dieron las violaciones a los Derechos Humanos.
Monge señala como inexplicable que la Comisión de la Verdad y Reconciliación del gobierno de Lobo, haya indicado que el informe de la investigación lo presentará en 8 meses, sin embargo, “los datos” de la misma se harán públicos en 10 años.
Relata que la situación de los derechos ciudadanos en Honduras es deplorable. Los días previos a su estadía habían matado a 18 personas. “Cuando estuvimos ahí los cadáveres de cuatro jóvenes desaparecidos aparecieron tirados en una quebrada. Eso es a diario”, lamenta.
Y agrega que más de nueve periodistas han sido asesinados y en la zona del Aguán la represión es muy fuerte.
“La represión es bastante generalizada, contra periodistas, organizaciones sociales y campesinos”, lamenta.
Ve difícil que una vez establecidas las responsabilidades se pueda llegar a judicializar los casos de violaciones a Derechos Humanos, en todo caso lo harán conocer a las autoridades actuales.
“Lo que sí hay que tener en cuenta es que se ha avanzado mucho en la justicia universal, esa es otra avenida si es que no hay condiciones dentro del país hay posibilidades de apelar a organismos de protección o a la justicia universal”, subrayó.
