WASHINGTON. El Gobierno de EEUU demandó ayer al estado de Arizona por su nueva ley antiinmigrante, que permite a la Policía detener a personas bajo sospecha de estar indocumentadas, y pidió al juez que suspenda su entrada en vigor.
El argumento del departamento de Justicia es que la norma, que entraría en vigor el 29 de julio, viola la Constitución estadounidense pues con ella Arizona se ha adjudicado competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.
Este importante acontecimiento se da luego de que, el pasado jueves, el presidente estadounidense, Barack Obama, pronunciara un discurso sobre la necesidad de implementar una reforma migratoria que incluya una vía para la regularización de de los 11 millones de indocumentados que residen en los EEUU, además de multas para los empresarios que contraten a ilegales y del reforzamiento de la seguridad en la frontera.
El discurso del mandatario tuvo reacciones tanto a favor como en contra. Líderes políticos, sociales y religiosos calificaron como un primer paso hacia la reforma migratoria pero demandaron al presidente mayor liderazgo y que continúe con la presión para encontrar una legislación en el Congreso. Además, advirtieron que solo con el discurso no basta. "Ninguna diferencia habrá si el presidente no sigue este tema e impulsa a ambos partidos en el Congreso", dijo Janet Murguía, la presidenta de la principal organización hispana en los EEUU. Mientras, el congresista demócrata Luis Gutiérrez espera que Obama diseñe un calendario para aprobar la reforma.
Los republicanos resaltaron en cambio que ni siquiera un proyecto de ley demócrata contaría con los votos necesarios en la bancada que domina el Congreso. "El presidente continúa equivocándose. El pueblo estadounidense le está diciendo: primero, garantice la seguridad en la frontera", declaró el senador republicano Jon Kyl (Arizona) y dijo que la mayoría demócrata puede intentar presentar en cualquier momento un proyecto de ley en el Senado. En cambio, el senador John Cornyn (Texas) criticó a Obama y a los demócratas: "Ellos tomaron la decisión estratégica de dejar la inmigración de lado, y aseguran ahora que ni siquiera pueden proponer legislación sin un republicano".
Por su parte, el ex embajador del Ecuador Marcelo Fernández de Córdova dio su punto de vista respecto a este tema e indicó que la mayor limitación de Obama es la aprobación de esta reforma en el Senado, ya que requiere un apoyo no solo de su partido, sino de los republicanos, y como este es un tema muy sensible que podría afectar en algunas áreas del país, los republicanos así como otros miembros del Senado se moverán muy lento y con cautela antes de tomar una decisión.
Para aprobar la ley, se necesitan 60 escaños, y los demócratas solo cuentan con 58; eso, si es que todos votan a favor.
Obama hizo referencia a este tema en su discurso. "Sin el apoyo republicano no podremos resolver este problema. Esta es la realidad política y matemática", indicó tras recordar que anteriormente sí se contó con el apoyo de legisladores de ese partido en la reforma de 2007, que fue apadrinada por John McCain junto a Ted Kennedy, pero que ningún republicano quiere apoyarla en esta ocasión, al menos antes de las elecciones del próximo noviembre para renovar el Congreso. De hecho, McCain y Lindsay Graham cambiaron de opinión y se oponen ahora a impulsar la reforma.
Esto, seguramente después de que en el estado de Arizona se aprobó la Ley SB1070 anti inmigrantes, lo que se hizo de la mano de los republicanos.
Respecto al tema, Fernández de Córdova expresó que los EEUU son una unión de estados y que cada uno tiene sus propias leyes y su parlamento; por eso, estas leyes difieren unas de otras y, a pesar de que se dé una nueva reforma migratoria, la ley de Arizona seguiría vigente, pues cada estado es independiente de elegir su propia legislación.
