Las observaciones y crítica del Presidente de la República Rafael Carrea al Consejo de la Judicatura (CJ) obligaron a los vocales de este organismo a pedir más atribuciones que les permitan cumplir a cabalidad las funciones que se les establece en la Constitución.
Para el efecto, acordaron recomendar a la Asamblea Nacional que derogue la disposición Transitoria Novena del Código Orgánico de la Función Judicial, a la que se califica como un ‘candado’ y de restringir las facultades del CJ de la transición.
Según el presidente del Consejo, Benjamín Cevallos, con este ‘candado’ están impedidos de dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, excepto los que han sido designados provisionalmente.
El texto de esta resolución incluye la solicitud al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su calidad de Quinta Función del Estado, para que llame a concurso de merecimientos y oposición para designar al nuevo CJ, y así dar término a la etapa de transición, “pues su prolongación no beneficia a la Función Judicial”.
El presidente del CJ, Benjamín Cevallos, explicó que no se aferran a los cargos, pero si se quiere que cumplan con su tarea apropiadamente, se les debe dar las herramientas del caso y los recursos necesarios para ello.
El presidente del CJ, Benjamín Cevallos, le endosó a la Fiscalía no haber formulado cargos contra dos de los tres intrigantes de la banda delincuencial de ‘los choneros’ y que esa fue la razón para que el juez de Manabí los haya puesto en libertad.
Aclaró que el ‘dueño’ del proceso penal es el Fiscal y si este no formula cargos, el juez no tiene otra alternativa que poner en libertad al o los sospechosos, “y esto debe entender la ciudadanía”.
El presidente de CJ, Benjamín Cevallos, reveló que ha suspendio por 90 días con remuneración, al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, Rafael Herrera Bastidas, por haber aceptado un recurso de amparo de libertad a tres dirigentes de la comuna de La Cocha, parroquia Zumbahua, provincia de Cotopaxi, que están siendo investigados por un supuesto atentado a la libertad individual (secuestro), cuando procedieron a detener y flagelar públicamente a los sospechosos del asesinato de Marco Olivo Pallo, hecho ocurrido el 9 de mayo pasado.
