jueves, 8 de septiembre de 2011

Cambios afectan a docentes contratados

Cuando Jenny López se enteró de que no le renovarían su contrato como profesora e inspectora del Colegio Mejía no supo qué hacer. La quiteña de 26 años es jefa de hogar y madre de tres hijos: Leonardo, Pamela y Melany. Ellos tienen 7, 5 y años, respectivamente.

López es el soporte de su hogar y con su sueldo de USD 350 mantenía a su familia. Laboró un año en el plantel y su fuerte es la Informática. Ahora está en la desocupación porque en el Mejía prescindieron de los servicios de 30 profesores, incluida ella.

Los despidos se dieron tras la aplicación de la jornada de ocho horas diarias, que rige desde este mes para los docentes de la Sierra y Amazonía. Y que consta en la Ley de Educación Intercultural, vigente desde marzo.

Esto significa que si un profesor ingresa a las 07:00 deberá salir a las 15:00. Dedicará seis horas a dar clases y el resto a otras actividades: planificación, recuperación pedagógica, atención a padres, trabajo comunitario, etc.

A una profesora del Colegio Nacional Eloy Alfaro que prefirió no revelar su nombre, le preocupa que no haya la infraestructura adecuada para laborar. En el caso de su institución, dice que disponen de una sala de profesores pequeña y de un baño para más de 150 profesores incluidos los de la sección vespertina. Además, precisa que el comedor no cubrirá la demanda. “Qué pasará con las compañeras que son madres, con quién dejarán a sus hijos”.

Mariana Pallasco, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), dice que en el país entre 20 000 y 30 000 profesores contratados se quedarán en la desocupación. Sostiene que los docentes con nombramiento asumen cargas que antes realizaban los de contrato.

Pero Gloria Vidal, ministra de Educación, en una entrevista a este Diario, dijo que las ocho horas no significarán despidos.

Otro de los compañeros de López que está sin trabajo es Alfonso Torres. Él también ingresó como inspector hace 48 meses. Pero el año pasado comenzó a dar clases de Biología a los chicos de primero de bachillerato. Su contrato culminó el pasado 31 de julio. “Confiado en que seguía en el Mejía, regresé a mediados de agosto y me encontré con la sorpresa de que no constaba en la nómina de docentes”.

A finales de agosto, a los 30 profesores del Mejía les ofrecieron laborar en la sección nocturna pero la propuesta no se concretó. “Sé que los mismos profesores con nombramiento van a cubrir esas cuatro horas de la tarde”.

La historia se repite en el Colegio Camilo Ponce Enríquez, en el norte de Quito. Seis profesores fueron despedidos. Isabel Vargas, de 47 años, dictaba Contabilidad a los estudiantes de bachillerato. Hace tres años ingresó a la institución y participa en los concursos de méritos y oposición para ser parte del magisterio pero aún no tiene respuesta.

“Me dijeron que por las ocho horas y por la nueva distribución no había carga horaria para mí”, expresa con voz entrecortada. Vargas se presentó a cuatro planteles fiscales pero en ninguno le contratan. Le dicen que eso depende de la Dirección Provincial de Educación de Pichincha. Ella no tiene ahorros y sobrevive con ayuda económica de sus amigos y familiares. Es madre de dos hijos. Jenny López tampoco logró ubicarse en un colegio por eso aún no compra la lista de útiles para su pequeña Pamela.