Miembros de la Veeduría Ciudadana no solo están advertidos con juicios por el Gobierno sino preocupados por la seguridad del informe de 15 mil hojas que respalda su investigación. Ellos abandonaron la oficina que ocupaban por orden de Juana Miranda.En el mezanine del Banco Amazonas, en el norte de Quito, donde funciona el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), también llamado Quinto Poder, una modesta oficina de 3x6 metros, con un escritorio y una pequeña mesa de reuniones, ocupan desde julio de 2009 los miembros de la Veeduría Ciudadana (VC), que investigó el caso de los millonarios contratos de obra pública suscritos por empresas supuestamente vinculadas a Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa.
Aunque tomaron la precaución de sacar respaldos automatizados de la documentación que sustenta el informe que contiene unas 15 mil hojas certificadas, los veedores José Quishpe, Pablo Chambers (coordinador), Víctor Hugo Hidalgo y Gerardo Portillo, están preocupados porque el 26 de enero pasado, el Consejo, presidido por Juana Miranda, ordenó su desalojo, con la intervención de un notario público, inclusive.
"Para nosotros es vital conservar la oficina, pues tendríamos graves problemas si es que llegaran a desaparecer los documentos, más aún luego de que el presidente Correa, el secretario Jurídico Alexis Mera y la ministra Doris Soliz, advierten con enjuiciarnos, en lugar de darnos garantías y disponer que los organismos de control tomen cartas en el asunto", dijo Chembers.
En el resumen ejecutivo del informe, la Veeduría afirma que, especialmente durante el período del Consejo presidido por Miranda, no solo hubo falta de apoyo sino persecución y que no les dieron audiencia para conocer los avances de la investigación ni el informe final.
Por ello, decidieron poner el informe en manos del Carlos Pólit, quien además de contralor preside la Función de Transparencia, bajo cuya autoridad están el Quinto Poder, la Fiscalía, la Procuraduría y las superintendencias.
Al veedor Gerardo Portillo no le sorprende la reacción gubernamental: "No teníamos la menor esperanza de que el presidente reaccione con sensatez, estamos preparados para probar que el informe se sustenta en documentos y hechos reales", señaló. Al preguntarle si siente temor, Portillo respondió: "La mitad más uno de la gente está con temor de hacer o decir algo. Nos atacan como que fuéramos de la oposición, pero solo hemos cumplido una disposición del propio presidente Correa".
Portillo dijo que los veedores no tienen una estrategia ni recursos para defenderse de eventuales demandas del Gobierno. "Somos personas de a pie, ciudadanos sin padrinos, si me enjuician me toca esperar que me defienda un abogado público", acotó, tras enfatizar que han cumplido un trabajo honesto y no remunerado.
Chambers pide que la prensa independiente y, a través de ella, la ciudadanía, estén pendientes de que la Función de Transparencia garanticen la seguridad de la información, la verificación de las irregularidades detectadas, así como sancionar a los responsables.
En lo medular, el informe señala que el jefe de Estado sí tenía conocimiento de los negocios de su hermano Fabricio, quien estaría vinculado a por lo menos 24 empresas beneficiarias de contratos y subcontratos con entes públicos por $700 millones, con un perjuicio al Estado de $ 143 millones y $9 millones a unos 1 400 proveedores pequeños y trabajadores, a quienes se les habría terminado unilateralmente sus contratos. También se advierte que la adjudicación de varios contratos fue irregular, gracias a favoritismos y en base a declaraciones de emergencia del Ejecutivo, lo que facilitó la contratación directa.
