El escándalo por los contratos que el hermano del presidente de la República, Fabricio Correa, adquirió del Estado aún tiene un largo recorrido. El informe de la Comisión de Veeduría Ciudadana que revela que los montos de los acuerdos llegaba a 700 millones de dólares y que Rafael Correa estaba al tanto de los negocios, ponen a los asambleístas a trabajar en la posibilidad de convocar a juicios políticos.Luis Morales (Prian), presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, aseguró que pedirán el informe de la veeduría para compararlo con la información que ellos obtuvieron durante su investigación, para después proceder de oficio o a través de la Contraloría General del Estado (CGE).
Luego, la Comisión “establecerá las responsabilidades de carácter civil o penal a los respectivos ministerios y sus representantes”. Morales subrayó que ello permitirá iniciar juicios políticos o penales, según el caso, a los funcionarios que hayan formado parte de las irregularidades.
El impedimento
El asambleísta Rafael Dávila (CC) indicó que la veeduría “ha puesto sobre el tapete lo que muchos ya sabíamos” y recordó que la primera reacción de Rafael Correa cuando supo de los contratos fue preguntar “cuál es el problema y cuál es el perjuicio para el Estado”. Según el informe, hubo favoritismo en la entrega de contratos y existe un afectación al país de 143 millones de dólares.
El legislador afirmó que cuando el Presidente se dio cuenta que el caso le estaba afectando en las encuestas cambió de posición y dijo que desconocía los contratos. “Se quiso lavar las manos. Ningún ministerio se iba a atrever a dar contratos de tal magnitud al hermano del Presidente sin que éste lo sepa”, cuestionó Dávila. Recordó que ya se intentó iniciar procesos de fiscalización en la Asamblea, pero que “la mayoría oficialista impidió el juicio político al ex ministro Jorge Marún”.
La investigación
“Nosotros tenemos los contratos suscritos que se solicitaron a los ministerios y a la Contraloría”, expuso Morales. El legislador agregó que “es evidente que hubo influencias para obtener el contrato”.
Destacó lo difícil que fue recolectar la información y espera que desde la CGE se facilite el acceso, ya que la misma Veeduría presentó quejas sobre que muchos ministerios no entregaban la información.
