Ayer, con 106 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Servicio Público, que reemplaza a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca).
La presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez, destacó que la norma, que tiene 137 artículos, contó con el apoyo mayoritario de los bloques.
Esto se debió a que varios temas polémicos, que fueron incluidos en la propuesta original del Ejecutivo, no constaron en el informe definitivo.
Entre ellos, la figura del despido intempestivo que fue eliminada y en su lugar consta que un servidor público que sea separado de su cargo deberá gozar del debido proceso.
Además, en los casos de supresión de partidas o de jubilación voluntaria se otorgará una liquidación correspondiente a siete salarios unificados por año de trabajo. El límite será 210 salarios en total.
La comisión también determinó que habrá una bonificación para los burócratas que renuncien a su cargo, pero que hayan trabajado -al menos- cinco años en una entidad.
Otra bonificación está contemplada para quienes tienen que trasladarse a cumplir su labor en lugares de difícil acceso.
En cuanto a las evaluaciones, la nueva ley establece que los funcionarios podrán ser calificados con sobresaliente, muy buena, regular o insuficiente. Sin embargo, será el Ejecutivo el que determine en el reglamento los parámetros de calificación.
Como una forma de incentivo, se prevé que quienes obtengan sobresaliente y muy buena sean considerados para un ascenso. En contraparte, las personas cuya evaluación resulte insuficiente tendrán seis meses para rendir una nueva prueba que, de no mejorar, será causal para el despido.
Además, la ley determina que el 5% de los empleados de las entidades estatales deberán ser personas con discapacidad. Para cumplirlo, hay un plazo de cinco años.
La presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez, destacó que la norma, que tiene 137 artículos, contó con el apoyo mayoritario de los bloques.
Esto se debió a que varios temas polémicos, que fueron incluidos en la propuesta original del Ejecutivo, no constaron en el informe definitivo.
Entre ellos, la figura del despido intempestivo que fue eliminada y en su lugar consta que un servidor público que sea separado de su cargo deberá gozar del debido proceso.
Además, en los casos de supresión de partidas o de jubilación voluntaria se otorgará una liquidación correspondiente a siete salarios unificados por año de trabajo. El límite será 210 salarios en total.
La comisión también determinó que habrá una bonificación para los burócratas que renuncien a su cargo, pero que hayan trabajado -al menos- cinco años en una entidad.
Otra bonificación está contemplada para quienes tienen que trasladarse a cumplir su labor en lugares de difícil acceso.
En cuanto a las evaluaciones, la nueva ley establece que los funcionarios podrán ser calificados con sobresaliente, muy buena, regular o insuficiente. Sin embargo, será el Ejecutivo el que determine en el reglamento los parámetros de calificación.
Como una forma de incentivo, se prevé que quienes obtengan sobresaliente y muy buena sean considerados para un ascenso. En contraparte, las personas cuya evaluación resulte insuficiente tendrán seis meses para rendir una nueva prueba que, de no mejorar, será causal para el despido.
Además, la ley determina que el 5% de los empleados de las entidades estatales deberán ser personas con discapacidad. Para cumplirlo, hay un plazo de cinco años.
