La posibilidad de que personas de otras nacionalidades puedan ser servidores públicos, genera reacciones.La aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) ha generado preocupación en varios sectores, que critican que la normativa deje la puerta abierta al ingreso de extranjeros a la función pública, lo cual creen podría disminuir las oportunidades laborales de los nacionales y eventualmente causar inconvenientes al país.
La normativa estipula que los extranjeros pueden realizar funciones en calidad de servidores públicos, siempre y cuando hayan residido en el país, por al menos cinco años.
Esto, según Nívea Vélez (Ind.), presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, se introdujo en la Ley para no contravenir el artículo 9 de la Constitución, que señala: "Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano, tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas....".
Según Vélez, en la norma no se podía hacer una "discriminación" entre ecuatorianos y extranjeros, por lo que ahora el reglamento, cuya elaboración está a cargo del Ejecutivo, tendrá que determinar los límites para el ingreso de extranjeros al sector público.
Cabe recordar que el nuevo articulado se aplica únicamente para tres de los cinco poderes del Estado, los cuales son: Ejecutivo, de Transparencia y Control Social y Electoral, dejando de lado al Judicial y Legislativo, que mantienen su autonomía.
Para el asambleísta Leonardo Viteri (PSC), quien es médico de profesión, la Losep va a generar una "competencia desleal" en contra de los profesionales ecuatorianos, debido a que en el país es necesario estudiar hasta diez años, como en el caso de los galenos, para obtener un título profesional, contrario a lo que sucede en otros países, según Viteri, donde los requisitos para titularse son menores.
El legislador opina que se debería dar la oportunidad de trabajar en el sector público a los extranjeros, siempre y cuando sus países de origen mantengan convenios de reciprocidad con el Ecuador.
En este criterio concuerda el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza, quien cree que la Ley debe tener en su reglamento, una disposición que abra la puerta sólo a los extranjeros, cuyo país de origen dé un trato similar a los nacionales. "Si por ejemplo en los Estados Unidos, un ecuatoriano puede trabajar en la empresa de correos, sin nacionalizarse, por qué no podría hacerlo aquí, previo concurso de oposición y méritos. Pero, si no se le deja trabajar al ecuatoriano allá, aquí tampoco se lo debería hacer", subrayó Espinoza.
De su lado, el constitucionalista Mauricio Gándara, asegura que la Losep es una "apertura innecesaria del país", que "limita las posibilidades de trabajar a los cientos de miles de buenos profesionales ecuatorianos que están en el desempleo".
Además, según Gándara, si esta Ley no tiene un reglamento claro, podría traer problemas y citó el caso de Venezuela, donde según dijo, hay denucias de que militares cubanos se han introducido en las Fuerzas Armadas de esa nación y accedido a información restringida, lo cual, si llegara a pasar en el Ecuador, sería "peligroso".
El experto manifiesta que detrás de esta Ley está la política gubernamental de "libre movilidad de las personas", que según dice, consiste en permitir el libre tránsito de los extranjeros en el país, con el ánimo de "sensibilizar" a las demás naciones del mundo, para que tengan un trato similar con los ecuatorianos, lo cual cree no se ha conseguido, por cuanto cada país tiene motivos para limitar el acceso de extranjeros.
En tanto, el asambleísta Línder Altafuya (MPD), quien se autocalifica como uno de los "principales impulsadores" de la nueva Ley, asegura que no se puede quitar a los extranjeros la posibilidad de ser funcionarios públicos, ya que la Carta Política así lo determina.
Altafuya cree que será beneficioso que exista competencia por un cargo público, por cuanto serán los concursos de oposición y méritos los que determinen cuáles son los profesionales mejor capacitados para una función, independiente de su nacionalidad y aclara que sectores estratégicos, como el militar o electoral, tienen reglamentaciones propias, que limitan a los extranjeros.
