La adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar (Convemar) todavía está en análisis. A pesar de que el presidente Rafael Correa dispuso que el país firmara este instrumento internacional, primero se deberá declarar su constitucionalidad. Luego, el Convenio deberá contar con el aval del Ejecutivo y finalmente con el de la Asamblea Nacional.
La Convención del Mar fue aprobada en abril de 1982, pero entró en vigencia en noviembre de 1994. El documento internacional reconoce en 12 millas los límites de mar territorial para cada Estado, más 200 millas de plataforma submarina. Esta distancia puede ampliarse a 350 millas si la plataforma nacional se extiende a los archipiélagos.
La Convemar establece también la existencia de una zona económica exclusiva de 200 millas. Es decir que solamente podrá ser utilizada y aprovechada por el país que soberanamente rige sobre esas aguas. El Ecuador hasta el momento ha reconocido las 200 millas de mar. Esto se estableció en la Declaración de Santiago, suscrita en 1952, entre Perú, Chile y Ecuador.
Según sectores diplomáticos, la adhesión a la Convención beneficiará al Estado, pues permitirá tener soberanía sobre la plataforma y los recursos submarinos. Además, reconoce que el Archipiélago de Galápagos también tendrá una zona exclusiva, mar territorial y plataforma submarina.
El embajador retirado y ex canciller Luis Valencia cree que “la Convemar garantiza la preservación del medio marino y la protección ecológica de toda la plataforma submarina”.
Asimismo, el embajador Diego Stacey ha señalado, en varios documentos, que la “Convención sobre el Derecho del Mar acoge varios principios constitucionales como el fomento de la paz, la cooperación internacional y la solución pacífica de controversias”.
Sin embargo, no todos están convencidos de los supuestos beneficios de este acuerdo.
El representante de la Universidad de Guayaquil y presidente de la Comisión de Defensa del Mar Territorial, Héctor Villagrán, señaló que si se aprueba el convenio se podría afectar a la soberanía marítima. La razón: “se pretende reducir nuestro mar de 200 a 12 millas marinas”.
Él acudió la semana anterior a la Corte Constitucional para presentar sus argumentos en contra de la adhesión ecuatoriana. Los jueces del Alto Tribunal son quienes deberán decidir sobre la legalidad y las repercusiones internacionales de este instrumento.
Está previsto que ellos se pronuncien a finales de este mes. Si dan su aval al documento, este pasará al Ejecutivo para que lo apruebe y luego a la Asamblea Nacional para que su Pleno lo ratifique o niegue.
Estos pasos ya fueron cumplidos en el 2007. El entonces Tribunal Constitucional consideró que la Convemar no violaba los derechos internos ni afectaba a los intereses del país. El trámite llegó hasta el Congreso Nacional, que nunca resolvió el tema por la inestabilidad política que se generó.
Por ello, se inició nuevamente el proceso, con la sociabilización de la Convemar. Un grupo multidisciplinario de la Comisión Nacional sobre el Derecho del Mar, creada en el 2002, comenzó a difundir el tema en las provincias de la Costa, pues ellas son las directamente involucradas.
Está previsto que la sociabilización termine en septiembre, luego de que la Corte Constitucional haya resuelto el tema.
Por ello, algunas personas han intentado persuadir al Ejecutivo para que no dé su visto bueno para avanzar en la suscripción del acuerdo territorial. Marcelo Larrea, hermano del ex ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, envió una carta al Presidente en la que explicaba los presuntos perjuicios que podrían tener.
“No existe sustento jurídico alguno para que el Ecuador por sí y ante sí, renuncie al ejercicio de su soberanía territorial sobre 200 millas de mar y se someta a la Convemar, cuyo objetivo es la transnacionalización y privatización de los mares del planeta”.
Ahora la Asamblea deberá determinar si tiene ventajas o no.
La Convención del Mar fue aprobada en abril de 1982, pero entró en vigencia en noviembre de 1994. El documento internacional reconoce en 12 millas los límites de mar territorial para cada Estado, más 200 millas de plataforma submarina. Esta distancia puede ampliarse a 350 millas si la plataforma nacional se extiende a los archipiélagos.
La Convemar establece también la existencia de una zona económica exclusiva de 200 millas. Es decir que solamente podrá ser utilizada y aprovechada por el país que soberanamente rige sobre esas aguas. El Ecuador hasta el momento ha reconocido las 200 millas de mar. Esto se estableció en la Declaración de Santiago, suscrita en 1952, entre Perú, Chile y Ecuador.
Según sectores diplomáticos, la adhesión a la Convención beneficiará al Estado, pues permitirá tener soberanía sobre la plataforma y los recursos submarinos. Además, reconoce que el Archipiélago de Galápagos también tendrá una zona exclusiva, mar territorial y plataforma submarina.
El embajador retirado y ex canciller Luis Valencia cree que “la Convemar garantiza la preservación del medio marino y la protección ecológica de toda la plataforma submarina”.
Asimismo, el embajador Diego Stacey ha señalado, en varios documentos, que la “Convención sobre el Derecho del Mar acoge varios principios constitucionales como el fomento de la paz, la cooperación internacional y la solución pacífica de controversias”.
Sin embargo, no todos están convencidos de los supuestos beneficios de este acuerdo.
El representante de la Universidad de Guayaquil y presidente de la Comisión de Defensa del Mar Territorial, Héctor Villagrán, señaló que si se aprueba el convenio se podría afectar a la soberanía marítima. La razón: “se pretende reducir nuestro mar de 200 a 12 millas marinas”.
Él acudió la semana anterior a la Corte Constitucional para presentar sus argumentos en contra de la adhesión ecuatoriana. Los jueces del Alto Tribunal son quienes deberán decidir sobre la legalidad y las repercusiones internacionales de este instrumento.
Está previsto que ellos se pronuncien a finales de este mes. Si dan su aval al documento, este pasará al Ejecutivo para que lo apruebe y luego a la Asamblea Nacional para que su Pleno lo ratifique o niegue.
Estos pasos ya fueron cumplidos en el 2007. El entonces Tribunal Constitucional consideró que la Convemar no violaba los derechos internos ni afectaba a los intereses del país. El trámite llegó hasta el Congreso Nacional, que nunca resolvió el tema por la inestabilidad política que se generó.
Por ello, se inició nuevamente el proceso, con la sociabilización de la Convemar. Un grupo multidisciplinario de la Comisión Nacional sobre el Derecho del Mar, creada en el 2002, comenzó a difundir el tema en las provincias de la Costa, pues ellas son las directamente involucradas.
Está previsto que la sociabilización termine en septiembre, luego de que la Corte Constitucional haya resuelto el tema.
Por ello, algunas personas han intentado persuadir al Ejecutivo para que no dé su visto bueno para avanzar en la suscripción del acuerdo territorial. Marcelo Larrea, hermano del ex ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, envió una carta al Presidente en la que explicaba los presuntos perjuicios que podrían tener.
“No existe sustento jurídico alguno para que el Ecuador por sí y ante sí, renuncie al ejercicio de su soberanía territorial sobre 200 millas de mar y se someta a la Convemar, cuyo objetivo es la transnacionalización y privatización de los mares del planeta”.
Ahora la Asamblea deberá determinar si tiene ventajas o no.
