La Comisión de Soberanía Alimentaria emitió el informe para primer debate de la Ley de Recursos Hídricos, que sienta bases firmes para avanzar en la lucha contra las mafias políticas, aquellas que han acaparado y han privatizado el agua, señaló Jaime Abril.
Destacó que se acogió la propuesta de varios sectores en torno a la Autoridad Única del Agua, que ejerce la rectoría, planificación, gestión integrada e integral, regulación, control, evaluación y ejecución de políticas en materia de recursos hídricos, con jurisdicción en todo el territorio nacional.
Se incluye además que el Estado Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las comunas, comunidades, nacionalidades, pueblos, usuarios y ciudadanos contribuirán a la gestión integrada, integral y sustentable de los recursos hídricos y del dominio hídrico público.
Igualmente, instituye como parte de la Autoridad Única del Agua, al Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua como órgano colegiado de representación y participación intercultural, plurinacional, de usuarios, ciudadanos y organizaciones sociales, encargado de la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas en materia hídrica.
Abril explicó que se otorga el plazo de tres años para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados trabajen para proveer de agua potable en todas las provincias del Ecuador y un plazo de cuatro años para establecer infraestructura para convertir las aguas negras, putrefactas, en aguas limpias, mediante lagunas de oxidación, como ya existen en la ciudad de Cuenca.
También se regula a las empresas envasadoras de agua, que han sido unidades económicas que han ganado enormes cantidades de dinero en el Ecuador y que han extraído de nuestros bolsillos miles y hasta millones de dólares.
Finalmente manifestó que algunas controversias que aún no se han resuelto para el informe de primer debate, serán analizados y se procurará alcanzar los consensos necesarios en el estudio para segundo debate.
Destacó que se acogió la propuesta de varios sectores en torno a la Autoridad Única del Agua, que ejerce la rectoría, planificación, gestión integrada e integral, regulación, control, evaluación y ejecución de políticas en materia de recursos hídricos, con jurisdicción en todo el territorio nacional.
Se incluye además que el Estado Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las comunas, comunidades, nacionalidades, pueblos, usuarios y ciudadanos contribuirán a la gestión integrada, integral y sustentable de los recursos hídricos y del dominio hídrico público.
Igualmente, instituye como parte de la Autoridad Única del Agua, al Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua como órgano colegiado de representación y participación intercultural, plurinacional, de usuarios, ciudadanos y organizaciones sociales, encargado de la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas en materia hídrica.
Abril explicó que se otorga el plazo de tres años para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados trabajen para proveer de agua potable en todas las provincias del Ecuador y un plazo de cuatro años para establecer infraestructura para convertir las aguas negras, putrefactas, en aguas limpias, mediante lagunas de oxidación, como ya existen en la ciudad de Cuenca.
También se regula a las empresas envasadoras de agua, que han sido unidades económicas que han ganado enormes cantidades de dinero en el Ecuador y que han extraído de nuestros bolsillos miles y hasta millones de dólares.
Finalmente manifestó que algunas controversias que aún no se han resuelto para el informe de primer debate, serán analizados y se procurará alcanzar los consensos necesarios en el estudio para segundo debate.
