Una breve reunión entre el fiscal Washington Pesántez y el contralor Carlos Pólit fue suficiente para superar sus diferencias y para asegurar que los dos están seguros de que los jueces son lo que impiden la lucha contra la corrupción.
El último fin de semana, Pólit ‘agitó el avispero’, amenazando con que renunciaría a su cargo por la falta de acción de los organismos judiciales y en especial de la Fiscalía, a la que llegan informes con presunción de responsabilidad penal, pero no derivaban en investigaciones.
La reacción de Pesántez no se hizo esperar y ayer, acompañado de sus directores nacionales y del fiscal subrogante, Alfredo Alvear, se presentó en la Contraloría para demandar una aclaración.
La visita estuvo programada para las 10:30, pero el Fiscal llegó con media hora de retraso y de inmediato se dirigió al despacho del Contralor.
El Fiscal aclaró cuál ha sido su participación en el juicio de Telecomunicaciones Móviles del Ecuador (Telecsa), en el que el Estado está sentenciado a pagar una suma cerca de los 6 millones de dólares. Dijo que este proceso fue archivado por el ex fiscal Jorge German y que por iniciativa suya lo reabrió en septiembre de 2007. Indicó que se presentó dictamen acusatorio, no obstante en el Juzgado Décimo Octavo de lo Penal se dictó auto de sobreseimiento de todos los acusados.
Pólit hizo alusión al informe que en su momento elaboró la Contraloría con presunciones de responsabilidad penal contra los personeros de Telecsa, administradora de la telefónica Alegro, pero que un juez de Pichincha, según dijo, el octavo, “los encontró angelitos y revocó la orden de prisión preventiva”.
Igual señaló que la Cámara de Comercio de Guayaquil emitió un laudo arbitral en contra del Estado, por el cual tendrá que desembolsar 5 millones 900 mil dólares. El funcionario exteriorizó su malestar.
Ministro será investigado por Fiscal
Todos los funcionarios públicos que viabilizaron el contrato de uso de facilidades de red entre Telecomunicaciones Móviles del Ecuador (Telecsa) y Pacifictel, en julio de 2006, y que ha terminado con un laudo arbitral contrario al Estado, serán investigados por la Fiscalía.
Este contrato fue aprobado por el Directorio del Fondo de Solidaridad, el 18 de abril de 2006, y entre otras autoridades integraba este cuerpo colegiado el ministro de Educación, Raúl Vallejo.
Para el fiscal Washington Pesántez, en ese contrato se preparó el camino para, en caso de controversia, ir al laudo arbitral, como en efecto ocurrió.
Este funcionario conminó al contralor Carlos Pólit a sumarse al recurso extraordinario de protección que presentará en la Corte Constitucional para proteger los recursos del Estado.
Los juristas Vladimir Álvarez Grau, Antonio Rodríguez Vicens y Pablo Santillán son los juristas que emitieron el fallo arbitral.
El último fin de semana, Pólit ‘agitó el avispero’, amenazando con que renunciaría a su cargo por la falta de acción de los organismos judiciales y en especial de la Fiscalía, a la que llegan informes con presunción de responsabilidad penal, pero no derivaban en investigaciones.
La reacción de Pesántez no se hizo esperar y ayer, acompañado de sus directores nacionales y del fiscal subrogante, Alfredo Alvear, se presentó en la Contraloría para demandar una aclaración.
La visita estuvo programada para las 10:30, pero el Fiscal llegó con media hora de retraso y de inmediato se dirigió al despacho del Contralor.
El Fiscal aclaró cuál ha sido su participación en el juicio de Telecomunicaciones Móviles del Ecuador (Telecsa), en el que el Estado está sentenciado a pagar una suma cerca de los 6 millones de dólares. Dijo que este proceso fue archivado por el ex fiscal Jorge German y que por iniciativa suya lo reabrió en septiembre de 2007. Indicó que se presentó dictamen acusatorio, no obstante en el Juzgado Décimo Octavo de lo Penal se dictó auto de sobreseimiento de todos los acusados.
Pólit hizo alusión al informe que en su momento elaboró la Contraloría con presunciones de responsabilidad penal contra los personeros de Telecsa, administradora de la telefónica Alegro, pero que un juez de Pichincha, según dijo, el octavo, “los encontró angelitos y revocó la orden de prisión preventiva”.
Igual señaló que la Cámara de Comercio de Guayaquil emitió un laudo arbitral en contra del Estado, por el cual tendrá que desembolsar 5 millones 900 mil dólares. El funcionario exteriorizó su malestar.
Ministro será investigado por Fiscal
Todos los funcionarios públicos que viabilizaron el contrato de uso de facilidades de red entre Telecomunicaciones Móviles del Ecuador (Telecsa) y Pacifictel, en julio de 2006, y que ha terminado con un laudo arbitral contrario al Estado, serán investigados por la Fiscalía.
Este contrato fue aprobado por el Directorio del Fondo de Solidaridad, el 18 de abril de 2006, y entre otras autoridades integraba este cuerpo colegiado el ministro de Educación, Raúl Vallejo.
Para el fiscal Washington Pesántez, en ese contrato se preparó el camino para, en caso de controversia, ir al laudo arbitral, como en efecto ocurrió.
Este funcionario conminó al contralor Carlos Pólit a sumarse al recurso extraordinario de protección que presentará en la Corte Constitucional para proteger los recursos del Estado.
Los juristas Vladimir Álvarez Grau, Antonio Rodríguez Vicens y Pablo Santillán son los juristas que emitieron el fallo arbitral.
