Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) en los siguientes seis meses estará listo el catastro de tierras improductivas del país y que serán vendidas a las comunidades campesinas, mediante financiamiento de la banca estatal (CFN y BNF).
Una de las novedades del programa de expropiación es que no habrá reconocimiento por parte del Estado sobre la plusvalía de los bienes incautados. El tema preocupa a los representantes de gremios dedicados al Agro, que exigen el valor mercantil de las tierras que podrían ser entregadas a los campesinos. Además se exige la creación de veedurías ciudadanas para observar la entrega de tierras expropiadas.
Bolívar Cevallos, titular de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, explicó que si el Estado no reconoce el precio de mercado del bien a expropiarse, entonces sería una clara confiscación.
“Todo predio tiene un valor de mercado y eso tiene que respetarse. Se deben definir parámetros técnicos para saber lo que se cumple o se incumple”, comentó Cevallos.
Ramón Espinel, ministro del ramo, reiteró que el proceso se aplicará a tierras que han permanecido por más de dos años sin ninguna actividad productiva. Dijo que al momento se tiene una primera visión de 130 mil hectáreas que no pueden ser transferidas porque corresponden a bosques y reservas naturales.
“Unas 65 mil hectáreas pueden ser transferidas y otras 65 mil serían no transferidas. El programa de tierras incultas no se detendrá mientras se trabaja en el catastro”, añadió Espinel.
Mientras que Galo Aldaz, director de Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) indicó que la comisión interinstitucional creada mediante decreto presidencial 1852, diseña los lineamientos para iniciar el catastro de predios improductivos. Aunque aseguró que el presupuesto económico para ejecutar el plan todavía no está definido con el Ministerio de Finanzas.
Cevallos dijo que el Gobierno podría iniciar su programa con las propiedades que están bajo la custodia de la Policía Nacional y otros entregados en comodato a Fuerzas Armadas. Incluso los registrados en los, libros de incautaciones realizadas por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
El Magap indica que 65 mil hectáreas podrían ser repartidas.
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Una de las novedades del programa de expropiación es que no habrá reconocimiento por parte del Estado sobre la plusvalía de los bienes incautados. El tema preocupa a los representantes de gremios dedicados al Agro, que exigen el valor mercantil de las tierras que podrían ser entregadas a los campesinos. Además se exige la creación de veedurías ciudadanas para observar la entrega de tierras expropiadas.
Bolívar Cevallos, titular de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, explicó que si el Estado no reconoce el precio de mercado del bien a expropiarse, entonces sería una clara confiscación.
“Todo predio tiene un valor de mercado y eso tiene que respetarse. Se deben definir parámetros técnicos para saber lo que se cumple o se incumple”, comentó Cevallos.
Ramón Espinel, ministro del ramo, reiteró que el proceso se aplicará a tierras que han permanecido por más de dos años sin ninguna actividad productiva. Dijo que al momento se tiene una primera visión de 130 mil hectáreas que no pueden ser transferidas porque corresponden a bosques y reservas naturales.
“Unas 65 mil hectáreas pueden ser transferidas y otras 65 mil serían no transferidas. El programa de tierras incultas no se detendrá mientras se trabaja en el catastro”, añadió Espinel.
Mientras que Galo Aldaz, director de Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) indicó que la comisión interinstitucional creada mediante decreto presidencial 1852, diseña los lineamientos para iniciar el catastro de predios improductivos. Aunque aseguró que el presupuesto económico para ejecutar el plan todavía no está definido con el Ministerio de Finanzas.
Cevallos dijo que el Gobierno podría iniciar su programa con las propiedades que están bajo la custodia de la Policía Nacional y otros entregados en comodato a Fuerzas Armadas. Incluso los registrados en los, libros de incautaciones realizadas por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
El Magap indica que 65 mil hectáreas podrían ser repartidas.
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