Jaime Solórzano, ex gerente administrativo de la empresa, denunció, entre otras cosas, que él personalmente entregó en las manos de Vinicio Alvarado, secretario de la Administración Pública, un sobre manila con 10 mil dólares en su interior.
Tras conocer esas declaraciones por la prensa, Pesántez inició una indagación previa. La Fiscalía pedirá a Solórzano que amplíe su versión y a un medio de comunicación televisiva que remita una copia del video con la entrevista a este ciudadano.
Alvarado está llamado a rendir su versión la otra semana, pero ayer, en una rueda de prensa en el Salón Azul del Palacio de Gobierno, se refirió a Solórzano como un delincuente.
Aseguró que una bitácora de actividades, emitida por la Casa Militar de la Presidencia, comprueba que jamás visitó las oficinas del denunciante en los últimos meses. “Ese documento va a aclarar si alguna vez me reuní con este sinvergüenza”, apuntó.
El ex gerente también subrayó que Invermun, a más de sobornar a funcionarios para continuar operando con sus negocios de casinos, también financió campañas políticas de candidatos de Alianza PAIS para asegurarse un cómodo futuro.
Uno de los nombrados fue el actual asambleísta Gastón Gagliardo, quien lo rechazó todo. “Jamás he tenido contacto con dicha empresa”, señaló al tiempo que emplazó a Solórzano a probar a quién, cuándo y dónde entregó dinero o materiales para la campaña. Si no lo hace, predijo una demanda.
Otro involucrado por Solórzano es Daniel Avecilla, ex reportero de televisión y actual alcalde de Yaguachi, en Guayas. Él rechazó ayer las denuncias y también anunció acciones legales.
Douglas Argüello, administrador de las radios incautadas por el Estado, aceptó haber tenido contacto con los directivos de Invermun, Víctor Lescano y Alexander Rosenberg, pero puntualizó que fue por motivos laborales, pues los asesoró en publicidad y relaciones públicas.
Ayer se confirmó que locales de Invermun funcionaban gracias al fallo del juez de garantías penales de Tosagua, Jaime Rodríguez, quien también está en la lista de los supuestos corruptos.
Según los archivos con los códigos de pago a los funcionarios que ‘actuaban’ a favor de la empresa aparece el ex director de Vía Pública del Municipio de Guayaquil, Álvaro Solórzano, quien desempeña funciones en la Corporación de Seguridad Ciudadana.
Esta entidad era la que otorgaba los permisos de funcionamiento para las salas de juego de Invermun.
Según los documentos, el empleado público recibió 8 mil 806 dólares por concepto de ‘impuesto al juego’. El aludido no quiso pronunciarse.
Respecto a las denuncias de que después de un fallo de la Corte Constitucional, se depositaron 9 mil dólares en beneficio de Patricio Pazmiño, presidente del organismo, el Fiscal General dijo que se solicitará información a la Superintendencia de Bancos.
A pesar de que en las salas de la empresa Invermun se juega 21, bakará, ruleta y póker, para la ministra de Turismo, Verónica Sión, no son casinos, sino sólo locales de tragamonedas. En algunos incluso hay presentaciones artísticas.
Aseguró que por ese motivo, no pueden ser reguladas por ese Ministerio, pues solo se controlan casinos y bingos mecánicos, los cuales deben estar ubicados en hoteles de lujo. "Todo lo que se encuentra fuera de este principio fundamental, que es la ubicación geográfica, no son actividades de carácter lícito", justificó.
Víctor Lescano, actual gerente general de Invermun, refutó ayer las acusaciones de Jaime Solórzano, ex empleado que ha denunciado la entrega de coimas a funcionarios del Gobierno, para poder mantener sus actividades.
“El resentimiento de él ha hecho que realmente me quede sorprendido con todas las cosas que ha dicho que, por supuesto, son mentiras”, dijo.Sin embargo, reconoció su amistad con Pierina Correa, hermana del Presidente, a quien Solórzano dijo que apoyó para su campaña a la Prefectura de Guayas.
“Fuera de campaña nosotros hemos tenido un lazo de amistad y apoyo por la Fundación que ella tenía, entonces, hemos apoyado”, reconoció.
Tras conocer esas declaraciones por la prensa, Pesántez inició una indagación previa. La Fiscalía pedirá a Solórzano que amplíe su versión y a un medio de comunicación televisiva que remita una copia del video con la entrevista a este ciudadano.
Alvarado está llamado a rendir su versión la otra semana, pero ayer, en una rueda de prensa en el Salón Azul del Palacio de Gobierno, se refirió a Solórzano como un delincuente.
Aseguró que una bitácora de actividades, emitida por la Casa Militar de la Presidencia, comprueba que jamás visitó las oficinas del denunciante en los últimos meses. “Ese documento va a aclarar si alguna vez me reuní con este sinvergüenza”, apuntó.
El ex gerente también subrayó que Invermun, a más de sobornar a funcionarios para continuar operando con sus negocios de casinos, también financió campañas políticas de candidatos de Alianza PAIS para asegurarse un cómodo futuro.
Uno de los nombrados fue el actual asambleísta Gastón Gagliardo, quien lo rechazó todo. “Jamás he tenido contacto con dicha empresa”, señaló al tiempo que emplazó a Solórzano a probar a quién, cuándo y dónde entregó dinero o materiales para la campaña. Si no lo hace, predijo una demanda.
Otro involucrado por Solórzano es Daniel Avecilla, ex reportero de televisión y actual alcalde de Yaguachi, en Guayas. Él rechazó ayer las denuncias y también anunció acciones legales.
Douglas Argüello, administrador de las radios incautadas por el Estado, aceptó haber tenido contacto con los directivos de Invermun, Víctor Lescano y Alexander Rosenberg, pero puntualizó que fue por motivos laborales, pues los asesoró en publicidad y relaciones públicas.
Ayer se confirmó que locales de Invermun funcionaban gracias al fallo del juez de garantías penales de Tosagua, Jaime Rodríguez, quien también está en la lista de los supuestos corruptos.
Según los archivos con los códigos de pago a los funcionarios que ‘actuaban’ a favor de la empresa aparece el ex director de Vía Pública del Municipio de Guayaquil, Álvaro Solórzano, quien desempeña funciones en la Corporación de Seguridad Ciudadana.
Esta entidad era la que otorgaba los permisos de funcionamiento para las salas de juego de Invermun.
Según los documentos, el empleado público recibió 8 mil 806 dólares por concepto de ‘impuesto al juego’. El aludido no quiso pronunciarse.
Respecto a las denuncias de que después de un fallo de la Corte Constitucional, se depositaron 9 mil dólares en beneficio de Patricio Pazmiño, presidente del organismo, el Fiscal General dijo que se solicitará información a la Superintendencia de Bancos.
A pesar de que en las salas de la empresa Invermun se juega 21, bakará, ruleta y póker, para la ministra de Turismo, Verónica Sión, no son casinos, sino sólo locales de tragamonedas. En algunos incluso hay presentaciones artísticas.
Aseguró que por ese motivo, no pueden ser reguladas por ese Ministerio, pues solo se controlan casinos y bingos mecánicos, los cuales deben estar ubicados en hoteles de lujo. "Todo lo que se encuentra fuera de este principio fundamental, que es la ubicación geográfica, no son actividades de carácter lícito", justificó.
Víctor Lescano, actual gerente general de Invermun, refutó ayer las acusaciones de Jaime Solórzano, ex empleado que ha denunciado la entrega de coimas a funcionarios del Gobierno, para poder mantener sus actividades.
“El resentimiento de él ha hecho que realmente me quede sorprendido con todas las cosas que ha dicho que, por supuesto, son mentiras”, dijo.Sin embargo, reconoció su amistad con Pierina Correa, hermana del Presidente, a quien Solórzano dijo que apoyó para su campaña a la Prefectura de Guayas.
“Fuera de campaña nosotros hemos tenido un lazo de amistad y apoyo por la Fundación que ella tenía, entonces, hemos apoyado”, reconoció.
