La subsecretaria de Planificación y Desarrollo, Ana María Larrea, sostuvo que se ha avanzado mucho en el proceso de diálogo sobre el proyecto de Ley de Educación Superior, iniciado la semana pasada por la Comisión Tripartita integrada por representantes de la Asamblea Nacional, el Gobierno y las universidades.
En entrevista con Ecuavisa, la funcionaria destacó que el régimen está dispuesto a disminuir su representación en el Consejo Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología (ente que se implementaría con la aprobación de la Ley), uno de los aspectos más controversiales del proyecto y que fue una de las preocupaciones expresadas por los rectores en la reunión que sostuvieron con el Presidente de la República.
La propuesta de la Senplades contempla la integración del organismo con cinco delegados del Ejecutivo y cinco académicos. En este punto, sostuvo que por parte del Ejecutivo existe toda la predisposición de ceder en el tema de la estructura del Consejo de Educación Superior. “El Presidente Correa dijo que como Gobierno estamos dispuestos incluso a disminuir el número de representantes del Ejecutivo en el Consejo”, indicó Larrea.
No obstante, dijo que los rectores no podrán ser integrantes tampoco del Consejo porque eso es algo que está prohibido por la Constitución de la República. “No es un asunto de que el Ejecutivo diga vamos a ceder o no, (se trata de que) no podemos violar la Constitución”, subrayó.
Larrea calificó como falso que el Gobierno pretenda tener injerencia en las carreras y programas universitarios, tal como lo sostienen quienes se oponen al proyecto impulsado por la Senplades.
Explicó que las carreras y programas considerados de interés público requerirán de un examen especial de los graduados y no tienen que ver nada con el Plan Nacional de Desarrollo, como se ha esgrimido.
“Estamos mezclando dos conceptos distintos. La Constitución establece que la educación superior tiene que estar vinculada al Plan de Desarrollo y a los objetivos nacionales, pero esto no quiere decir que el Estado va a apoyar unas carreras en desmedro de otras”, dijo.
Agregó que si bien el Estado tiene que apoyar al Sistema de Educación Superior, son las universidades las que tienen que decidir qué carreras y qué programas se impulsan.
El Estado, a través de políticas públicas, no a través de la Ley, puede incentivar ciertas carreras adicionalmente a todas en general, añadió.
“Nosotros somos respetuosos de la autonomía universitaria y una de las dimensiones de la autonomía universitaria es la académica”, concluyó.
En entrevista con Ecuavisa, la funcionaria destacó que el régimen está dispuesto a disminuir su representación en el Consejo Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología (ente que se implementaría con la aprobación de la Ley), uno de los aspectos más controversiales del proyecto y que fue una de las preocupaciones expresadas por los rectores en la reunión que sostuvieron con el Presidente de la República.
La propuesta de la Senplades contempla la integración del organismo con cinco delegados del Ejecutivo y cinco académicos. En este punto, sostuvo que por parte del Ejecutivo existe toda la predisposición de ceder en el tema de la estructura del Consejo de Educación Superior. “El Presidente Correa dijo que como Gobierno estamos dispuestos incluso a disminuir el número de representantes del Ejecutivo en el Consejo”, indicó Larrea.
No obstante, dijo que los rectores no podrán ser integrantes tampoco del Consejo porque eso es algo que está prohibido por la Constitución de la República. “No es un asunto de que el Ejecutivo diga vamos a ceder o no, (se trata de que) no podemos violar la Constitución”, subrayó.
Larrea calificó como falso que el Gobierno pretenda tener injerencia en las carreras y programas universitarios, tal como lo sostienen quienes se oponen al proyecto impulsado por la Senplades.
Explicó que las carreras y programas considerados de interés público requerirán de un examen especial de los graduados y no tienen que ver nada con el Plan Nacional de Desarrollo, como se ha esgrimido.
“Estamos mezclando dos conceptos distintos. La Constitución establece que la educación superior tiene que estar vinculada al Plan de Desarrollo y a los objetivos nacionales, pero esto no quiere decir que el Estado va a apoyar unas carreras en desmedro de otras”, dijo.
Agregó que si bien el Estado tiene que apoyar al Sistema de Educación Superior, son las universidades las que tienen que decidir qué carreras y qué programas se impulsan.
El Estado, a través de políticas públicas, no a través de la Ley, puede incentivar ciertas carreras adicionalmente a todas en general, añadió.
“Nosotros somos respetuosos de la autonomía universitaria y una de las dimensiones de la autonomía universitaria es la académica”, concluyó.
