Diversas reacciones ha generado la decisión del Gobierno de emitir un decreto ejecutivo para derogar las patentes de las farmacéuticas transnacionales para que así los medicamentos sean producidos en el país.
"La salud es un tema prioritario, no se puede justificar que más personas fallezcan por la falta de recursos económicos para la adquisición de medicinas. Primero el derecho humano antes que el bolsillo de las transnacionales, que todo lo privatizan", dijo el presidente, Rafael Correa, durante su última cadena sabatina.
El mandatario aseguró que dicho decreto saldría en esta semana con el objetivo de abaratar los costos de las medicinas, especialmente en el caso de los fármacos utilizados para enfermedades catastróficas como el sida y el cáncer, cuyo costo en la actualidad es alto y limita el acceso de la población.
Correa ha reconocido que está decisión puede traer enemistad con las industria farmacéutica transnacional, pero "aquí estamos para cambiar el país y no para congraciarnos con todo el mundo", fueron las palabras del primer mandatario.
La decisión preocupa a Hugo Romo, especialista en terapia intensiva y ex presidente de la Comisión de Medicamentos del Consejo Nacional de Salud (Conasa). Según su criterio, las consecuencias de la derogatoria de las patentes médicas de farmacéuticas transnacionales podrían ir desde sanciones por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) hasta un "desabastecimiento de medicamentos de marca esenciales para enfermedades catastróficas", lo cual, a decir del médico, podría pasar porque "los laboratorios pueden decir que si les van a copiar mejor se van de aquí"
Por otra parte, Romo asegura que no existe una industria nacional con la tecnología capaz de producir todos los medicamentos que necesitamos. "Por ejemplo, hay medicinas para el cáncer que son complejas y que no tenemos tecnología para copiarlos. Además, si el Gobierno no reconoce las patentes tampoco le van a vender la materia prima para fabricar las medicinas", finalizó Romo.
Por su parte, Ana Patricia Vintimilla, directora jurídica del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), afirmó a través de una entrevista vía correo electrónico, que la licencia obligatoria se contempla en el acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio y que los países miembros de dicha organización "la pueden adoptar de manera soberana".
Vintimilla considera que el principal beneficio de la emisión de licencias obligatorias será "el acceso a medicamentos a costos menores por parte de la población", pero señala que también hay otras ventajas como el fomento de la competencia y el desarrollo de la producción nacional.
"Aspiramos que en ciertos casos el fármaco tenga una reducción de precio del 50% del valor actual. Con ello, la red pública de hospitales podría con la misma cantidad de dinero que invierte en la actualidad, cubrir a un mayor número de personas con medicamentos", dijo la funcionaria.
Según Vintimilla, la emisión de licencias obligatorias para medicinas "no impide que los laboratorios internacionales, titulares de las patentes de dichos fármacos continúen vendiendo su producto", por lo cual aseguró "no hay vulneración de derechos, o trasgresión de normas legales en la emisión de licencias obligatorias, ni de fármacos ni de otro producto patentado".
Por su parte, el Instituto Farmacéutico de Investigación (IFI), que agrupa a las compañías farmacéuticas internacionales presentes en el país, ha manifestado que espera conocer el contenido del decreto gubernamental para emitir un pronunciamiento
"La salud es un tema prioritario, no se puede justificar que más personas fallezcan por la falta de recursos económicos para la adquisición de medicinas. Primero el derecho humano antes que el bolsillo de las transnacionales, que todo lo privatizan", dijo el presidente, Rafael Correa, durante su última cadena sabatina.
El mandatario aseguró que dicho decreto saldría en esta semana con el objetivo de abaratar los costos de las medicinas, especialmente en el caso de los fármacos utilizados para enfermedades catastróficas como el sida y el cáncer, cuyo costo en la actualidad es alto y limita el acceso de la población.
Correa ha reconocido que está decisión puede traer enemistad con las industria farmacéutica transnacional, pero "aquí estamos para cambiar el país y no para congraciarnos con todo el mundo", fueron las palabras del primer mandatario.
La decisión preocupa a Hugo Romo, especialista en terapia intensiva y ex presidente de la Comisión de Medicamentos del Consejo Nacional de Salud (Conasa). Según su criterio, las consecuencias de la derogatoria de las patentes médicas de farmacéuticas transnacionales podrían ir desde sanciones por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) hasta un "desabastecimiento de medicamentos de marca esenciales para enfermedades catastróficas", lo cual, a decir del médico, podría pasar porque "los laboratorios pueden decir que si les van a copiar mejor se van de aquí"
Por otra parte, Romo asegura que no existe una industria nacional con la tecnología capaz de producir todos los medicamentos que necesitamos. "Por ejemplo, hay medicinas para el cáncer que son complejas y que no tenemos tecnología para copiarlos. Además, si el Gobierno no reconoce las patentes tampoco le van a vender la materia prima para fabricar las medicinas", finalizó Romo.
Por su parte, Ana Patricia Vintimilla, directora jurídica del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), afirmó a través de una entrevista vía correo electrónico, que la licencia obligatoria se contempla en el acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio y que los países miembros de dicha organización "la pueden adoptar de manera soberana".
Vintimilla considera que el principal beneficio de la emisión de licencias obligatorias será "el acceso a medicamentos a costos menores por parte de la población", pero señala que también hay otras ventajas como el fomento de la competencia y el desarrollo de la producción nacional.
"Aspiramos que en ciertos casos el fármaco tenga una reducción de precio del 50% del valor actual. Con ello, la red pública de hospitales podría con la misma cantidad de dinero que invierte en la actualidad, cubrir a un mayor número de personas con medicamentos", dijo la funcionaria.
Según Vintimilla, la emisión de licencias obligatorias para medicinas "no impide que los laboratorios internacionales, titulares de las patentes de dichos fármacos continúen vendiendo su producto", por lo cual aseguró "no hay vulneración de derechos, o trasgresión de normas legales en la emisión de licencias obligatorias, ni de fármacos ni de otro producto patentado".
Por su parte, el Instituto Farmacéutico de Investigación (IFI), que agrupa a las compañías farmacéuticas internacionales presentes en el país, ha manifestado que espera conocer el contenido del decreto gubernamental para emitir un pronunciamiento
