La superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, pidió el archivo del pedido de juicio político en su contra que fue aprobado ayer por la Comisión de Fiscalización. Sabando es acusada por el asambleísta de Sociedad Patriótica, Galo Lara, de encubrir, presuntamente, la contratación ilegal de Seguros Sucre y del reaseguro de Hidropastaza.
La funcionaria expresó que todos los reaseguros del Estados son justos, legales y convenientes, y que la denuncia de Lara tiene un tinte político.
Sostuvo que la Superintendencia de Bancos “no es organismo que tiene que vigilar el buen uso de recurso del Estado sino la Contraloría General de la nación”.
Manifestó que en la Asamblea ya se descartó este tipo de acusación por lo que aseveró que la Comisión de Fiscalización debe hacer lo mismo.
Expresó que está presta a comparecer por segunda ocasión ante la Asamblea y presentar las pruebas necesarias para que la Comisión de Régimen Económico, así como la de Fiscalización archiven el caso.
A continuación los principales extractos de la declaración de Sabando frente ala resolución de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de calificar el pedido de enjuiciamiento político instaurado por el asambleísta de Sociedad Patriótica (PSP), Galo Lara.
La fiscalización por parte de la Asamblea Nacional tiene incidencia directa y decisiva sobre la forma de ejercicio y control del poder en un Estado democrático de derecho.
La resolución de la Comisión de Fiscalización de calificar el pedido de juicio político en mi contra será una nueva oportunidad para transparentar mi actuación en el caso instaurado por supuestamente no detectar o sancionar presuntas irregularidades en la contratación de los reaseguros de las pólizas emitidas a favor del sector público por parte de Seguros Sucre S.A.
El caso fue analizado previamente por la Comisión de Régimen Económico. El organismo archivó el pedido de juicio político presentado por el asambleísta de Sociedad Patriótica (PSP), Galo Lara, por considerar que no existían fundamentos para mi procesamiento y que la actuación del organismo de control cumplió con los parámetros requeridos por la ley.
Espero que la Comisión de Fiscalización y Control Político se encuadre en este pronunciamiento previo y archive el proceso, como una muestra de confianza en el accionar de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de que todos estamos embarcados en el gran proyecto de construir una patria altiva y soberana.
Además, tras una auditoria integral, y del estudio y análisis pertinente, no se han detectado irregularidades en la colocación de los reaseguros por parte de la aseguradora Sucre. Ni se han detectado visos de nulidad de las pólizas que cubren a los activos del Estado. Por ende, no he cometido el delito de encubrimiento o de complicidad de actos supuestamente ilegales.
Mi aspiración es que este proceso de fiscalización se traduzca en una mayor consolidación y perfeccionamiento de nuestras instituciones fundamentales, sin ceder a las ambiciones políticas, personales, electorales y empresariales, que animan a este pedido interpuesto en mi contra por el asambleísta Lara.
Los organismos de control, como la Superintendencia de Bancos y Seguros, están para controlar el desarrollo y consolidación del sistema financiero y de seguros. A lo largo de mis dos años al frente de la institución, que se suman a una carrera honesta en mi campo profesional, me he comprometido con esa misión y los resultados se encuentran a la vista: los derechos de los consumidores se han instaurado como una política dentro del mercado, hemos intensificado los controles sobre el sistema financiero y de seguros para blindarnos ante cualquier coletazo de la crisis internacional.
La Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) no es un juez que resuelve pugnas entre agentes que deberían dilucidarse conforme las leyes del mercado, ni debe controlar operaciones que son supervisadas, por mandato constitucional, por otras instituciones que deben vigilar el correcto uso de los recursos públicos.
Esto lo debe entender el asambleísta interpelante y todas las fuerzas políticas al interior de la Asamblea Nacional. El asambleísta Lara debe saber que en mi condición de Superintendenta de Bancos y Seguros no voy a cohonestar ninguna actitud ilegal, indebida o incorrecta de las entidades sometidas a mi control.
En el ejercicio de mis funciones de supervisión, he encontrado indicios debidamente documentados de infracciones y los he puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal para su análisis. Por tanto, mi defensa estará basada en la ética y transparencia.
La funcionaria expresó que todos los reaseguros del Estados son justos, legales y convenientes, y que la denuncia de Lara tiene un tinte político.
Sostuvo que la Superintendencia de Bancos “no es organismo que tiene que vigilar el buen uso de recurso del Estado sino la Contraloría General de la nación”.
Manifestó que en la Asamblea ya se descartó este tipo de acusación por lo que aseveró que la Comisión de Fiscalización debe hacer lo mismo.
Expresó que está presta a comparecer por segunda ocasión ante la Asamblea y presentar las pruebas necesarias para que la Comisión de Régimen Económico, así como la de Fiscalización archiven el caso.
A continuación los principales extractos de la declaración de Sabando frente ala resolución de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de calificar el pedido de enjuiciamiento político instaurado por el asambleísta de Sociedad Patriótica (PSP), Galo Lara.
La fiscalización por parte de la Asamblea Nacional tiene incidencia directa y decisiva sobre la forma de ejercicio y control del poder en un Estado democrático de derecho.
La resolución de la Comisión de Fiscalización de calificar el pedido de juicio político en mi contra será una nueva oportunidad para transparentar mi actuación en el caso instaurado por supuestamente no detectar o sancionar presuntas irregularidades en la contratación de los reaseguros de las pólizas emitidas a favor del sector público por parte de Seguros Sucre S.A.
El caso fue analizado previamente por la Comisión de Régimen Económico. El organismo archivó el pedido de juicio político presentado por el asambleísta de Sociedad Patriótica (PSP), Galo Lara, por considerar que no existían fundamentos para mi procesamiento y que la actuación del organismo de control cumplió con los parámetros requeridos por la ley.
Espero que la Comisión de Fiscalización y Control Político se encuadre en este pronunciamiento previo y archive el proceso, como una muestra de confianza en el accionar de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de que todos estamos embarcados en el gran proyecto de construir una patria altiva y soberana.
Además, tras una auditoria integral, y del estudio y análisis pertinente, no se han detectado irregularidades en la colocación de los reaseguros por parte de la aseguradora Sucre. Ni se han detectado visos de nulidad de las pólizas que cubren a los activos del Estado. Por ende, no he cometido el delito de encubrimiento o de complicidad de actos supuestamente ilegales.
Mi aspiración es que este proceso de fiscalización se traduzca en una mayor consolidación y perfeccionamiento de nuestras instituciones fundamentales, sin ceder a las ambiciones políticas, personales, electorales y empresariales, que animan a este pedido interpuesto en mi contra por el asambleísta Lara.
Los organismos de control, como la Superintendencia de Bancos y Seguros, están para controlar el desarrollo y consolidación del sistema financiero y de seguros. A lo largo de mis dos años al frente de la institución, que se suman a una carrera honesta en mi campo profesional, me he comprometido con esa misión y los resultados se encuentran a la vista: los derechos de los consumidores se han instaurado como una política dentro del mercado, hemos intensificado los controles sobre el sistema financiero y de seguros para blindarnos ante cualquier coletazo de la crisis internacional.
La Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) no es un juez que resuelve pugnas entre agentes que deberían dilucidarse conforme las leyes del mercado, ni debe controlar operaciones que son supervisadas, por mandato constitucional, por otras instituciones que deben vigilar el correcto uso de los recursos públicos.
Esto lo debe entender el asambleísta interpelante y todas las fuerzas políticas al interior de la Asamblea Nacional. El asambleísta Lara debe saber que en mi condición de Superintendenta de Bancos y Seguros no voy a cohonestar ninguna actitud ilegal, indebida o incorrecta de las entidades sometidas a mi control.
En el ejercicio de mis funciones de supervisión, he encontrado indicios debidamente documentados de infracciones y los he puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal para su análisis. Por tanto, mi defensa estará basada en la ética y transparencia.
