El deficit de profesores en los planteles fiscales, lentitud en la entrega de las partidas docentes y problemas en la asignación oportuna de recursos determinan la situación de los docentes en el país.
En medio de estas necesidades, las diferentes instituciones educativas recuerdan hoy el Día del Maestro con homenajes y eventos especiales. Sin embargo, la celebración se ha convertido, además, en bandera de lucha de la UNE para confrontar al Gobierno y al Ministerio de Educación en este tema.
Según la Unión Nacional de Educadores (UNE), en Ecuador existe un déficit de 26 mil profesores.
Además, un informe de Contrato Social por la Educación (2009), realizado en Guayas, revela que el 23% de las escuelas aún solicita contribuciones a los padres de familia para contratar a maestros y cubrir la demanda estudiantil, entre otros requerimientos.
Desde 2007, el Ministerio de Educación eliminó la denominada “contribución voluntaria” para asumir la entrega de 25 dólares por alumno a los planteles. Patricio Cajas, coordinador regional del Contrato Social por la Educación, dijo que la disposición no se ha cumplido en su totalidad.
“La intención gubernamental es buena, pero la lentitud de la entrega del monto respectivo es utilizado como justificativo para continuar con esta práctica”, aseguró Cajas.
Según las cifras presentadas en 2008, mediante el censo nacional realizado por el Ministerio, en el país existen 26.361 establecimientos de educación regular, donde laboran 190.822 docentes para la enseñanza de 3’719.541 niños y jóvenes. En la cifra no están incluidos los maestros que aún trabajan mediante contrato y que no están registrados en el Magisterio.
El informe será entregado esta semana al Ministerio del ramo. Cajas señaló que el monitoreo de la situación se realiza en otras provincias de la Costa. “La situación en Guayas constituye un referente porque aquí se concentra la mayor cantidad de población estudiantil”.
Sin embargo, la UNE considera que la asignación de maestros no ha sido manejada de forma transparente. William Pazmiño, titular del gremio en Guayas, expresó que así como se ha iniciado la evaluación de los maestros también se debería controlar a las autoridades responsables por el retraso en la entrega de las 12 mil partidas docentes creadas por el Gobierno en 2007 y otras 8 mil que corresponden al desdoblamiento de partidas de los maestros que se acogieron a la jubilación voluntaria.
“Actualmente existe un déficit de 26 mil docentes a nivel nacional, de los cuales 8 mil son de Guayas. De las partidas del Gobierno, 3 mil son para la provincia, pero apenas se han entregado 10”, recordó Pazmiño.
El Gobierno alega que un impedimento legal proveniente de la Controlaría dificulta que se cubra el déficit. Además, las apelaciones de los resultados de los concursos de mérito y oposición por parte de varios aspirantes al Magisterio ha dilatado el proceso.
El presidente de la República, Rafael Correa, destacó -la semana pasada en la presentación de la Estrategia Nacional de Empleo- que las partidas están creadas y que solo falta terminar el proceso establecido para tener 21.000 nuevos docentes.
Pero la UNE mantiene diferencias con el Ministerio de Educación, porque exige que los cupos sean asignados a los profesores que aprobaron dichas pruebas entre 2005 y 2007.
En 2008 se realizaron nuevas pruebas y clases demostrativas para distribuir las partidas. Varias agrupaciones de maestros, incluyendo la UNE, se quejaron por una supuesta falta de transparencia en este concurso.
“Las notas obtenidas no fueron tabuladas correctamente, hay muchos aspirantes que aún no tienen la calificación de las clases demostrativas y en bachillerato no han tomado las pruebas de oposición para ingresar al Magisterio”, acotó Pazmiño.
El titular regional del Contrato Social por la Educación sugirió la creación de un departamento especial en la Contraloría para atender estos casos y brindar agilidad a la asignación de partidas. “Tampoco es justo que por cumplir requisitos legales varias escuelas deban esperar por los docentes”, dijo Cajas.
Por otro lado, la dirigente nacional de la UNE, Mery Zamora, manifestó que hoy vence el últimátum que se le dio al presidente Rafael Correa para que derogue el decreto que establece la rendición de pruebas obligatorias para los maestros.
Anunció que si las peticiones no son atendidas, los 122 mil educadores afiliados se declararán en rebeldía y no se presentarán a las evaluaciones. Sin embargo, la paralización de actividades no está contemplada en la medida de presión, aclaró
“El sistema de aplicación de las pruebas no está claro y por lo que me han dicho nuestros agremiados, centenares de profesores podrían perder sus puestos”, aseveró Zamora. Sugirió, además, que se debería estimular a los docentes con capacitaciones antes de las evaluaciones.
La subsecretaria de Educación, Mónica Franco, puntualizó que no pueden corregir los problemas educativos sin conocer la situación actual y que una baja calificación no representa la salida inmediata del Magisterio.
La funcionaria aseguró que se implementan mecanismos para que la asistencia a la evaluación sea voluntaria. Recordó que la iniciativa del Ministerio de Educación está respaldada en el artículo 346 de la Constitución.
Este texto, que consta dentro del Régimen del Buen Vivir, cita que debe existir una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación.
En medio de estas necesidades, las diferentes instituciones educativas recuerdan hoy el Día del Maestro con homenajes y eventos especiales. Sin embargo, la celebración se ha convertido, además, en bandera de lucha de la UNE para confrontar al Gobierno y al Ministerio de Educación en este tema.
Según la Unión Nacional de Educadores (UNE), en Ecuador existe un déficit de 26 mil profesores.
Además, un informe de Contrato Social por la Educación (2009), realizado en Guayas, revela que el 23% de las escuelas aún solicita contribuciones a los padres de familia para contratar a maestros y cubrir la demanda estudiantil, entre otros requerimientos.
Desde 2007, el Ministerio de Educación eliminó la denominada “contribución voluntaria” para asumir la entrega de 25 dólares por alumno a los planteles. Patricio Cajas, coordinador regional del Contrato Social por la Educación, dijo que la disposición no se ha cumplido en su totalidad.
“La intención gubernamental es buena, pero la lentitud de la entrega del monto respectivo es utilizado como justificativo para continuar con esta práctica”, aseguró Cajas.
Según las cifras presentadas en 2008, mediante el censo nacional realizado por el Ministerio, en el país existen 26.361 establecimientos de educación regular, donde laboran 190.822 docentes para la enseñanza de 3’719.541 niños y jóvenes. En la cifra no están incluidos los maestros que aún trabajan mediante contrato y que no están registrados en el Magisterio.
El informe será entregado esta semana al Ministerio del ramo. Cajas señaló que el monitoreo de la situación se realiza en otras provincias de la Costa. “La situación en Guayas constituye un referente porque aquí se concentra la mayor cantidad de población estudiantil”.
Sin embargo, la UNE considera que la asignación de maestros no ha sido manejada de forma transparente. William Pazmiño, titular del gremio en Guayas, expresó que así como se ha iniciado la evaluación de los maestros también se debería controlar a las autoridades responsables por el retraso en la entrega de las 12 mil partidas docentes creadas por el Gobierno en 2007 y otras 8 mil que corresponden al desdoblamiento de partidas de los maestros que se acogieron a la jubilación voluntaria.
“Actualmente existe un déficit de 26 mil docentes a nivel nacional, de los cuales 8 mil son de Guayas. De las partidas del Gobierno, 3 mil son para la provincia, pero apenas se han entregado 10”, recordó Pazmiño.
El Gobierno alega que un impedimento legal proveniente de la Controlaría dificulta que se cubra el déficit. Además, las apelaciones de los resultados de los concursos de mérito y oposición por parte de varios aspirantes al Magisterio ha dilatado el proceso.
El presidente de la República, Rafael Correa, destacó -la semana pasada en la presentación de la Estrategia Nacional de Empleo- que las partidas están creadas y que solo falta terminar el proceso establecido para tener 21.000 nuevos docentes.
Pero la UNE mantiene diferencias con el Ministerio de Educación, porque exige que los cupos sean asignados a los profesores que aprobaron dichas pruebas entre 2005 y 2007.
En 2008 se realizaron nuevas pruebas y clases demostrativas para distribuir las partidas. Varias agrupaciones de maestros, incluyendo la UNE, se quejaron por una supuesta falta de transparencia en este concurso.
“Las notas obtenidas no fueron tabuladas correctamente, hay muchos aspirantes que aún no tienen la calificación de las clases demostrativas y en bachillerato no han tomado las pruebas de oposición para ingresar al Magisterio”, acotó Pazmiño.
El titular regional del Contrato Social por la Educación sugirió la creación de un departamento especial en la Contraloría para atender estos casos y brindar agilidad a la asignación de partidas. “Tampoco es justo que por cumplir requisitos legales varias escuelas deban esperar por los docentes”, dijo Cajas.
Por otro lado, la dirigente nacional de la UNE, Mery Zamora, manifestó que hoy vence el últimátum que se le dio al presidente Rafael Correa para que derogue el decreto que establece la rendición de pruebas obligatorias para los maestros.
Anunció que si las peticiones no son atendidas, los 122 mil educadores afiliados se declararán en rebeldía y no se presentarán a las evaluaciones. Sin embargo, la paralización de actividades no está contemplada en la medida de presión, aclaró
“El sistema de aplicación de las pruebas no está claro y por lo que me han dicho nuestros agremiados, centenares de profesores podrían perder sus puestos”, aseveró Zamora. Sugirió, además, que se debería estimular a los docentes con capacitaciones antes de las evaluaciones.
La subsecretaria de Educación, Mónica Franco, puntualizó que no pueden corregir los problemas educativos sin conocer la situación actual y que una baja calificación no representa la salida inmediata del Magisterio.
La funcionaria aseguró que se implementan mecanismos para que la asistencia a la evaluación sea voluntaria. Recordó que la iniciativa del Ministerio de Educación está respaldada en el artículo 346 de la Constitución.
Este texto, que consta dentro del Régimen del Buen Vivir, cita que debe existir una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación.
