martes, 7 de abril de 2009

Ejecutivo presentó proyecto de ley urgente para pago mensual de Fondo de Reserva

Con la finalidad que el aparato productivo no se detenga y se fomente el empleo, el Ejecutivo envió a la Comisión Legislativa y de Fiscalización con el carácter de urgente en materia económica el proyecto de Ley Orgánica para el pago mensual del Fondo de Reserva y Seguro de Cesantía.

Para cumplir este objetivo, todo trabajador privado o servidor público tendrá derecho a que el empleador le entregue mensualmente, conjuntamente con su salario unificado o remuneración unificada, el 8,33% de dicho salario, en concepto de fondo de reserva, salvo lo establecido en los regímenes especiales. El fondo de reserva, no estará sujeto al pago de aportaciones al IESS ni de impuestos o gravámenes. Además se deja de considerar como ingreso por aporte personal y patronal.

Sobre el derecho a la prestación de cesantía, el afiliado deberá acreditar 24 imposiciones mensuales no simultáneas y probar ante el IESS una cesantía no mayor a 90 días. Esta prestación podrá recibirse cuantas veces quede cesante el afiliado, siempre que en cada oportunidad reúna los requisitos.

Tendrá derecho al retiro total del fondo de cesantía acumulado en el IESS el afiliado con derecho a jubilación o los derechohabientes del afiliado fallecido.

Se sustituye el artículo 196 del Código de Trabajo a fin que todo persona que haya prestado su servicios por más de un año, tenga derecho a que el empleador le abone mensualmente, de manera conjunta con su salario.

Tratándose de un proyecto urgente en materia económica la Comisión Especializada que avoque conocimiento tiene 10 días para presentar sus informes. En ningún caso puede emitir su informe en un plazo menor a 5 días.

El Presidente de la Comisión de lo Tributario, Fiscal y Financiero, Jaime Ruíz, indicó que durante el receso que se iniciad desde el 13 de abril la Comisión respectiva podría reunirse en ese lapso para preparar el informe a fin de que sea tratado en el plazo establecido por la ley, es decir 30 días por considerarse un proyecto urgente en materia económica.