La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) no aceptó el pedido que hiciera la Fiscalía General del Estado de tomar posesión de las 100.000 bases de teléfonos inalámbricos adquiridas en un contrato aparentemente lleno de irregularidades, objeto de juicio penal iniciado por la Contraloría General del Estado y la CNT.
La ex fiscal subrogante, Paulina Garcés, de la Fiscalía General del Estado, pidió el pasado 24 de junio, mediante oficio 06143 SG-FGE, dirigido al gerente general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, César Robalino Iglesias, asumir las unidades que están embodegadas en la almacenera Almagro, ubicada al norte de Guayaquil.
Estas bases de teléfonos fueron adquiridas a la empresa Technomobile por Telecsa en el año 2006 para el plan de telefonía inalámbrica que promocionó Pacifictel. Al poco tiempo de la adquisición la Contraloría General del Estado encontró indicios de responsabilidad penal en todo el proceso, involucrando a ex funcionarios.
Los equipos fueron adquiridos a un costo de $ 14 millones y no fueron entregados físicamente a Pacifictel, es decir, no hubo una acta recepción y al momento están a cargo de la empresa Ecuaoperadores.
En el escrito la Fiscal subrogante argumenta que el juicio está prácticamente concluido al haber sido sobreseídos los procesados y el desecho de los recursos de nulidad y apelación interpuestos al auto.
Ante ello, el Gerente de la CNT señala que hay interpuesta una acción extraordinaria de protección que franquea la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ante las “gravísimas violaciones a los derechos fundamentales cometidos por los administradores de justicia en el desarrollo del encausamiento de la demanda”.
Asimismo expresa que hay una serie de irregularidades y procesos que no se cumplieron durante las investigaciones. Aclara que en su oportunidad tocará a la Contraloría General del Estado decidir sobre la situación y disposición de los equipos de telefonía.
La ex fiscal subrogante, Paulina Garcés, de la Fiscalía General del Estado, pidió el pasado 24 de junio, mediante oficio 06143 SG-FGE, dirigido al gerente general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, César Robalino Iglesias, asumir las unidades que están embodegadas en la almacenera Almagro, ubicada al norte de Guayaquil.
Estas bases de teléfonos fueron adquiridas a la empresa Technomobile por Telecsa en el año 2006 para el plan de telefonía inalámbrica que promocionó Pacifictel. Al poco tiempo de la adquisición la Contraloría General del Estado encontró indicios de responsabilidad penal en todo el proceso, involucrando a ex funcionarios.
Los equipos fueron adquiridos a un costo de $ 14 millones y no fueron entregados físicamente a Pacifictel, es decir, no hubo una acta recepción y al momento están a cargo de la empresa Ecuaoperadores.
En el escrito la Fiscal subrogante argumenta que el juicio está prácticamente concluido al haber sido sobreseídos los procesados y el desecho de los recursos de nulidad y apelación interpuestos al auto.
Ante ello, el Gerente de la CNT señala que hay interpuesta una acción extraordinaria de protección que franquea la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ante las “gravísimas violaciones a los derechos fundamentales cometidos por los administradores de justicia en el desarrollo del encausamiento de la demanda”.
Asimismo expresa que hay una serie de irregularidades y procesos que no se cumplieron durante las investigaciones. Aclara que en su oportunidad tocará a la Contraloría General del Estado decidir sobre la situación y disposición de los equipos de telefonía.
