La Senplades elabora el documento que se debatirá en la Asamblea luego de la Reforma Tributaria
El séptimo intento de impulsar la ley Antimonopolio es el efectivo, según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). La afirmación de tres autoridades de la entidad responde a que el proyecto en desarrollo incorpora temas que antes no fueron considerados.
En ese sentido, René Ramírez titular de la Senplades, aclaró que el fin del proyecto no es incautar empresas, incluso dijo a EXPRESO que la concentración de beneficio público, como el desarrollo de tecnología o de industrias, es favorable.
La concentración que tiene fines estrictamente de lucro privado es la que será regulada -dijo el subsecretario Mateo Villalba-. Pero no será un castigo abrupto, el texto contempla cinco pasos de sanción para quienes cometan irregularidades.
La Superintendencia de Competencias, organismo que crea la nueva ley, iniciará investigaciones sobre la base de denuncias o iniciativa propia. El primer paso cuando se detecte un posible caso de monopolio será una advertencia de investigación. Villalba cree que el simple hecho de anunciar la investigación provocará que una empresa evite esas prácticas.
Pero si luego de la investigación se confirma la irregularidad, la Super pedirá que la actividad se detenga. En un ejemplo, si una entidad financiera otorga un crédito para la compra de un vehículo con la condición de que se asegure el automotor en una compañía del mismo grupo -la denominada venta atada- la Superintendencia puede pedir que se detenga la actividad sin multar al grupo empresarial. Si la práctica continúa, el ente regulador iniciará la aplicación de multas dependiendo del volumen del negocio. Si no hay respuesta, el superintendente puede hacer una dimensión del daño causado a los consumidores y aplicar una multa compensatoria. En caso de que todo lo anterior no detenga la actividad, se podrá intervenir a la empresa.
Por toda esta cadena, la flamante Superintendencia -dijo el subsecretario Diego Martínez- tendrá dos partes bien diferenciadas. Una de investigación de casos y otra de sanción. Ambas responderán a una Junta que contará con representantes del poder Ejecutivo.
El séptimo intento de impulsar la ley Antimonopolio es el efectivo, según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). La afirmación de tres autoridades de la entidad responde a que el proyecto en desarrollo incorpora temas que antes no fueron considerados.
En ese sentido, René Ramírez titular de la Senplades, aclaró que el fin del proyecto no es incautar empresas, incluso dijo a EXPRESO que la concentración de beneficio público, como el desarrollo de tecnología o de industrias, es favorable.
La concentración que tiene fines estrictamente de lucro privado es la que será regulada -dijo el subsecretario Mateo Villalba-. Pero no será un castigo abrupto, el texto contempla cinco pasos de sanción para quienes cometan irregularidades.
La Superintendencia de Competencias, organismo que crea la nueva ley, iniciará investigaciones sobre la base de denuncias o iniciativa propia. El primer paso cuando se detecte un posible caso de monopolio será una advertencia de investigación. Villalba cree que el simple hecho de anunciar la investigación provocará que una empresa evite esas prácticas.
Pero si luego de la investigación se confirma la irregularidad, la Super pedirá que la actividad se detenga. En un ejemplo, si una entidad financiera otorga un crédito para la compra de un vehículo con la condición de que se asegure el automotor en una compañía del mismo grupo -la denominada venta atada- la Superintendencia puede pedir que se detenga la actividad sin multar al grupo empresarial. Si la práctica continúa, el ente regulador iniciará la aplicación de multas dependiendo del volumen del negocio. Si no hay respuesta, el superintendente puede hacer una dimensión del daño causado a los consumidores y aplicar una multa compensatoria. En caso de que todo lo anterior no detenga la actividad, se podrá intervenir a la empresa.
Por toda esta cadena, la flamante Superintendencia -dijo el subsecretario Diego Martínez- tendrá dos partes bien diferenciadas. Una de investigación de casos y otra de sanción. Ambas responderán a una Junta que contará con representantes del poder Ejecutivo.
