La superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando, expresó el jueves su satisfacción por la decisión de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional de archivar y no dar paso al pedido de juicio político solicitado en su contra por supuestamente no detectar y sancionar presuntas irregularidades de los reaseguros de las pólizas emitidas a favor del sector público por parte de Seguros Sucre.
La resolución legislativa es un reconocimiento al estricto control ejercido la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), liderada por Gloria Sabando, en el sector de seguros para precautelar los intereses de los clientes del sistema y, en el caso específico de Seguros Sucre, al hecho de que tras la auditoría correspondiente “no se detectaron irregularidades en la colocación de los reaseguros por parte de la compañía”.
A lo largo del proceso de fiscalización instaurado en su contra por el asambleísta de Sociedad Patriótica (PSP), Galo Lara, Sabando demostró que los reaseguros facultativos colocados para respaldar las pólizas emitidas por Sucre S.A. cumplen con la normativa vigente y que en la auditoría realizada a la compañía, con corte a junio del 2009, se determinó que ni la aseguradora ni las empresas aseguradoras pagaron valor alguno a los intermediarios que los tramitaron.
“Me emociona ver que el país está viviendo cambios verdaderos. Esta es una evidencia más de que esos cambios están llegando a todas las instituciones. El organismo legislativo está tomando una decisión por el bien de la patria. La Superintendencia de Bancos es una institución que ha evidenciado cambios para garantizar la estabilidad del mercado y la operación correcta de sus agentes”, dijo Sabando al conocer la decisión del organismo legislativo.
El pronunciamiento de la Comisión de Régimen Económico se adoptó con el apoyo de siete de los once miembros que consideraron que la información entregada por Sabando fue satisfactoria y, por ende, innecesario un juicio político. Los miembros que votaron a favor de la resolución fueron Viviana Bonilla, Irina Cabezas, Juan Carlos Cassinelli, Ramón Cedeño, Marco Espinoza, Vanesa Fajardo y Francisco Velasco.
Sabando, quien es además presidenta de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), ratificó su decisión de defenderse y transparentar su actuación en el caso de Seguros Sucre ante los miembros de la Asamblea Nacional si el Consejo de Administración Legislativa (CAL) califica el nuevo pedido de juicio político presentado por Galo Lara.
La máxima autoridad del sistema financiero y de seguros ha insistido en su defensa además que la técnica del seguro y la prudencia financiera aconsejan que el riesgo por el que responde una aseguradora no deba ser asumido en su totalidad por la compañía, por lo que debe utilizar los mecanismos de dispersión para evitar una afectación a su patrimonio y uno de estas opciones son los reaseguros.
En lo referente a las acusaciones de la existencia de supuestos sobreprecios en las pólizas suscritas por diversas entidades del Estado con Seguros Sucre o a nivel de los reaseguradores, eje de la denuncia de Lara, Sabando ha sido enfática en que “la facultad de determinar la existencia de eventuales sobreprecios en las contrataciones le corresponde a la Contraloría General del Estado” y no a la Superintendencia de Bancos y Seguros.
La resolución legislativa es un reconocimiento al estricto control ejercido la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), liderada por Gloria Sabando, en el sector de seguros para precautelar los intereses de los clientes del sistema y, en el caso específico de Seguros Sucre, al hecho de que tras la auditoría correspondiente “no se detectaron irregularidades en la colocación de los reaseguros por parte de la compañía”.
A lo largo del proceso de fiscalización instaurado en su contra por el asambleísta de Sociedad Patriótica (PSP), Galo Lara, Sabando demostró que los reaseguros facultativos colocados para respaldar las pólizas emitidas por Sucre S.A. cumplen con la normativa vigente y que en la auditoría realizada a la compañía, con corte a junio del 2009, se determinó que ni la aseguradora ni las empresas aseguradoras pagaron valor alguno a los intermediarios que los tramitaron.
“Me emociona ver que el país está viviendo cambios verdaderos. Esta es una evidencia más de que esos cambios están llegando a todas las instituciones. El organismo legislativo está tomando una decisión por el bien de la patria. La Superintendencia de Bancos es una institución que ha evidenciado cambios para garantizar la estabilidad del mercado y la operación correcta de sus agentes”, dijo Sabando al conocer la decisión del organismo legislativo.
El pronunciamiento de la Comisión de Régimen Económico se adoptó con el apoyo de siete de los once miembros que consideraron que la información entregada por Sabando fue satisfactoria y, por ende, innecesario un juicio político. Los miembros que votaron a favor de la resolución fueron Viviana Bonilla, Irina Cabezas, Juan Carlos Cassinelli, Ramón Cedeño, Marco Espinoza, Vanesa Fajardo y Francisco Velasco.
Sabando, quien es además presidenta de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), ratificó su decisión de defenderse y transparentar su actuación en el caso de Seguros Sucre ante los miembros de la Asamblea Nacional si el Consejo de Administración Legislativa (CAL) califica el nuevo pedido de juicio político presentado por Galo Lara.
La máxima autoridad del sistema financiero y de seguros ha insistido en su defensa además que la técnica del seguro y la prudencia financiera aconsejan que el riesgo por el que responde una aseguradora no deba ser asumido en su totalidad por la compañía, por lo que debe utilizar los mecanismos de dispersión para evitar una afectación a su patrimonio y uno de estas opciones son los reaseguros.
En lo referente a las acusaciones de la existencia de supuestos sobreprecios en las pólizas suscritas por diversas entidades del Estado con Seguros Sucre o a nivel de los reaseguradores, eje de la denuncia de Lara, Sabando ha sido enfática en que “la facultad de determinar la existencia de eventuales sobreprecios en las contrataciones le corresponde a la Contraloría General del Estado” y no a la Superintendencia de Bancos y Seguros.
