Cinco de los 10 aumentos de precio que registró la central hidroeléctrica San Francisco, ubicada en Baños y construida con recursos del Estado entre 2004 y 2007, fueron injustificados, según un nuevo informe de la Contraloría General del Estado.
Aunque el contrato se firmó por USD 286,8 millones, el Fisco terminó pagando USD 369,4 millones, debido a 10 ajustes de precio que solicitó el constructor: la brasileña Odebrecht. Es decir, USD 83,2 millones adicionales a los inicialmente pactados.
De ese monto, USD 57,9 millones se pagaron a la compañía pese a no contar con los justificativos legales o económicos, según el organismo de control. Esos aumentos fueron aprobados por Hidropastaza, que manejó la obra en representación del Estado. El último ajuste de precio al contrato, por USD 29,2 millones, se concretó en este Gobierno.
Los incrementos de precios estaban destinados, en su mayoría, a mejorar la calidad de la planta. Pero eso contrasta con las fallas que presentó la planta apenas cuatro meses después de entrar en operación. Para junio de 2008, los daños eran insostenibles y obligaron a paralizarla.
Varios informes de auditoría efectuados por organismos estatales determinaron que existieron fallas en la construcción. Entre ellas, por ejemplo, un túnel de 11 km que compone la planta y que conduce las aguas del río Pastaza hasta la casa de máquinas colapsó en varios tramos. Las turbinas, el corazón de la central, también tienen desperfectos.
La central entró en reparación por más de cuatro meses, pero los dolores de cabeza no han cesado. Las turbinas presentaron problemas en abril y mayo pasados. Y, desde el 27 de julio pasado, la central trabaja a media capacidad, debido a fallas en una de sus turbinas, según informa la página web del Centro Nacional del Control de la Energía (Cenace). Por estas razones, la planta entrará en una reparación integral en noviembre próximo.
Esta serie de problemas llevaron al Gobierno a plantear un arbitraje contra Odebrecht en una corte internacional. El país evalúa en USD 210 millones los daños causados por la brasileña.(El Comrcio)
Aunque el contrato se firmó por USD 286,8 millones, el Fisco terminó pagando USD 369,4 millones, debido a 10 ajustes de precio que solicitó el constructor: la brasileña Odebrecht. Es decir, USD 83,2 millones adicionales a los inicialmente pactados.
De ese monto, USD 57,9 millones se pagaron a la compañía pese a no contar con los justificativos legales o económicos, según el organismo de control. Esos aumentos fueron aprobados por Hidropastaza, que manejó la obra en representación del Estado. El último ajuste de precio al contrato, por USD 29,2 millones, se concretó en este Gobierno.
Los incrementos de precios estaban destinados, en su mayoría, a mejorar la calidad de la planta. Pero eso contrasta con las fallas que presentó la planta apenas cuatro meses después de entrar en operación. Para junio de 2008, los daños eran insostenibles y obligaron a paralizarla.
Varios informes de auditoría efectuados por organismos estatales determinaron que existieron fallas en la construcción. Entre ellas, por ejemplo, un túnel de 11 km que compone la planta y que conduce las aguas del río Pastaza hasta la casa de máquinas colapsó en varios tramos. Las turbinas, el corazón de la central, también tienen desperfectos.
La central entró en reparación por más de cuatro meses, pero los dolores de cabeza no han cesado. Las turbinas presentaron problemas en abril y mayo pasados. Y, desde el 27 de julio pasado, la central trabaja a media capacidad, debido a fallas en una de sus turbinas, según informa la página web del Centro Nacional del Control de la Energía (Cenace). Por estas razones, la planta entrará en una reparación integral en noviembre próximo.
Esta serie de problemas llevaron al Gobierno a plantear un arbitraje contra Odebrecht en una corte internacional. El país evalúa en USD 210 millones los daños causados por la brasileña.(El Comrcio)
