Más de un centenar de organizaciones de inmigrantes pidieron este jueves al Parlamento español que mejore la nueva Ley de Extranjería, recogiendo la sensibilidad de todos los actores sociales implicados y avanzando en derechos para los inmigrantes.
Representantes de Aesco (América España Solidaridad Cooperación), Fenade (Federación Nacional de Asociaciones de Ecuador) y Codeim (Consejo de Inmigración de Madrid), entre otras, suscribieron un manifiesto que apuesta por conseguir "una ley que verdaderamente avance en derechos y en justicia y que sirva a la difícil tarea de la cohesión social y la profundización de la democracia".
Para que se tenga en cuenta durante el trámite parlamentario, presentaron un decálogo en el que reclaman un sistema de empadronamiento eficaz.
También piden que la reagrupación familiar posibilite la plena integración y que los inmigrantes tengan los mismos derechos de acceso a prestaciones sociales, sanitarias y de vivienda que los españoles, según recoge el texto.
El pasado 26 de junio el Gobierno español aprobó la reforma de la Ley de Extranjería que limita las reagrupaciones familiares de los inmigrantes residentes en España y que castiga a quien incita y apoya la inmigración ilegal pero no al "acogimiento humanitario".
Hoy las organizaciones de inmigrantes criticaron la ampliación a 60 días del plazo de internamiento de inmigrantes irregulares y la sanción a la "hospitalidad y solidaridad".
"Hay receptividad entre los grupos políticos y ahora, todo parece negociable", aseguró Juan Carlos Lois, de Aesco, quien explicó que todos los partidos han escuchado sus demandas, excepto el conservador Partido Popular, el principal de la oposición en España.
Desde la Asociación Ecuatorianos en España, Santiago Morales reclamó una ley "más humana y solidaria y que permita la convivencia, porque la inmigración llegó hace unos años y se va a quedar".
Las organizaciones afirmaron que "no van a bajar la guardia" y mostraron su disposición a seguir movilizándose "para corregir" el proyecto del Gobierno, como la concentración prevista para el próximo 17 de octubre en varias ciudades españolas.
"Las autoridades hablan de integración y hacen una ley aparte para nosotros", opinó Gabriel vila, de Codeim, quien advirtió de que "no es bueno atosigar y humillar al ciudadano porque nosotros podemos reaccionar". (EFE)
Representantes de Aesco (América España Solidaridad Cooperación), Fenade (Federación Nacional de Asociaciones de Ecuador) y Codeim (Consejo de Inmigración de Madrid), entre otras, suscribieron un manifiesto que apuesta por conseguir "una ley que verdaderamente avance en derechos y en justicia y que sirva a la difícil tarea de la cohesión social y la profundización de la democracia".
Para que se tenga en cuenta durante el trámite parlamentario, presentaron un decálogo en el que reclaman un sistema de empadronamiento eficaz.
También piden que la reagrupación familiar posibilite la plena integración y que los inmigrantes tengan los mismos derechos de acceso a prestaciones sociales, sanitarias y de vivienda que los españoles, según recoge el texto.
El pasado 26 de junio el Gobierno español aprobó la reforma de la Ley de Extranjería que limita las reagrupaciones familiares de los inmigrantes residentes en España y que castiga a quien incita y apoya la inmigración ilegal pero no al "acogimiento humanitario".
Hoy las organizaciones de inmigrantes criticaron la ampliación a 60 días del plazo de internamiento de inmigrantes irregulares y la sanción a la "hospitalidad y solidaridad".
"Hay receptividad entre los grupos políticos y ahora, todo parece negociable", aseguró Juan Carlos Lois, de Aesco, quien explicó que todos los partidos han escuchado sus demandas, excepto el conservador Partido Popular, el principal de la oposición en España.
Desde la Asociación Ecuatorianos en España, Santiago Morales reclamó una ley "más humana y solidaria y que permita la convivencia, porque la inmigración llegó hace unos años y se va a quedar".
Las organizaciones afirmaron que "no van a bajar la guardia" y mostraron su disposición a seguir movilizándose "para corregir" el proyecto del Gobierno, como la concentración prevista para el próximo 17 de octubre en varias ciudades españolas.
"Las autoridades hablan de integración y hacen una ley aparte para nosotros", opinó Gabriel vila, de Codeim, quien advirtió de que "no es bueno atosigar y humillar al ciudadano porque nosotros podemos reaccionar". (EFE)
