jueves, 8 de octubre de 2009

Desde el 2004 se han tramitado 6.400 concesiones de agua


En la oficina regional de la Secretaría Nacional de Aguas (Senagua) –ubicada en las instalaciones del ex CREA) se han tramitado 6.400 concesiones desde el 2004. De esa cifra, seis corresponden a empresas mineras: EMC, Ecuacorriente y I am gold.

La jefa regional de la Senagua, Angélica Astudillo asevera que previo a la entrega de una concensión se cumplen procesos rigurosos. En primer lugar se dispone la colocación de carteles en las comunidades y avisos en los periódicos, esto para que las personas que se sientan afectadas puedan apelar.

Luego de ello se efectúa el levantamiento de un informe técnico. Todo el trámite, según la funcionaria, tarda entre dos y tres meses, pero siempre que no haya oposición de alguna de las partes.

Para Angélica Astudillo, la ley vigente, que data de 1974, respeta prioridades, pero necesita actualizarse de acuerdo con las realidades sociales.

José Esquivel, funcionario del Senagua considera que una de esas actualizaciones debe ser el endurecimiento de las sanciones para evitar que las disposiciones se incumplan.

Otra situación que preocupa es el uso de las fuentes de agua por parte de los mineros artesanales que no realizan tramite alguno para conseguir una concesión. La sugerencia es que se regule esta actividad a fin de que no se contamine el agua utilizada.

Angélica Astudillo, en ese contexto defiende el proyecto de Ley de Aguas que se tramita en la Asamblea Nacional. Asevera que toma en cuenta la participación ciudadana a través de las veedurías, garantiza la no privatización del agua y respeta la autogestión de las juntas administradoras de agua potable.

El jurista Carlos Castro, ex vicealcalde de Cuenca ratifica que el proyecto de Ley de Aguas no permite la privatización del recurso hídrico.

En su análisis encuentra que en la normativa se establecen criterios de prelación para el uso de agua en donde el consumo humano ocupa el primer lugar y el último es para los usos industriales como la minería.

Si encuentra fallas en el lenguaje jurídico del proyecto de ley que, a su criterio, es lo que provoca la polémica cuando se habla de la Autoridad Unica del Agua.

“En la ley se reconocen los sistemas comunitarios de agua, pero sería bueno que se establezca que esos sistemas tienen que ayudar a la co-administración del recurso hídrico”, expresa Castro.

El presidente del proyecto Nero, Luis Quinde mantiene su preocupación precisamente sobre ese tema, sobre la Autoridad Unica del Agua.

A su juicio se desaparecerán los sistemas de agua comunitarios ya que todo pasaría a manos del Estado. Quinde por eso reprocha que no se les haya tomado en cuenta al momento de redactar la ley.

El proyecto Nero brinda servicios desde hace 17 años, tiene cobertura para 6.000 familias, 30.000 usuarios aproximadamente. Abastece algunos sectores de la parroquia Baños, toda la zona de Turi, El Valle y el área periférica del cantón Cuenca.

Nero capta el agua en el cerro de Chan Chan en la cuenca del río Zhucay, tiene concesionados 60 litros por segundo, aunque en la época de estiaje como la actual el abastecimiento se reduce a 45 litros por segundo. En algunos sectores se están realizado racionamientos por las noches.

El jurista Carlos Castro, ante esta situación que no es nueva, afirma que los sistemas de agua deben contar con el auxilio técnico de los entes estatales o municipales, además un control sobre las tarifas para evitar abusos y una rendición de cuentas permanente del destino del dinero recaudado.
Castro confía que la ley surja de consensos para evitar vacíos o peor aún que sea inaplicable. (DMS)

Cifra
1,85
dólares es el valor que de forma anual se debe pagar por una concesión para el uso del agua en actividades de riego, según la ley en vigencia desde 1974.