viernes, 26 de agosto de 2011

Los jueces de la Corte Nacional serán nombrados para 9 años

Con expectativa se esperaba el arribo de los tres vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), para que oficializaran la convocatoria al concurso de oposición y méritos para designación de 21 jueces nacionales.

Arremolinados en una estrecha sala del décimo piso de la Judicatura, más de 30 periodistas y camarógrafos se apresuraron a encender sus equipos. De inmediato Paulo Rodríguez, presidente del CJT, anunció la apertura del concurso que marca el inicio de la reestructuración de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Y en forma alternada los vocales explicaron los detalles del proceso durante 25 minutos.

En su intervención, Yávar anticipó que los nuevos jueces que serán designados a través de este proceso, permanecerán en funciones durante nueve años y cada tres años se evaluará su rendimiento. En cambio, los magistrados destituidos el 8 de diciembre del 2004 tenían un cargo vitalicio. La llamada ‘Pichi’ Corte, que vino después, fue temporal.

El vocal Yávar indicó que “este va a ser el concurso que marque la diferencia entre lo que hemos tenido anteriormente como justicia, y una del más alto nivel, como tendremos a futuro”.

Sin embargo, el anuncio de la convocatoria generó las primeras reacciones. Por ejemplo, al penalista Washington Moreno le inquieta que se haya reducido el tiempo de ejercicio profesional de 15 a 10 años. “Veo con preocupación, porque la madurez a uno le enseña a manejarse mejor, mucho más en lo que tiene que ver con administración de justicia”.

Pero Moreno ve como punto positivo la decisión de que los jueces permanezcan nueve años en funciones. “Los cargos vitalicios no son saludables. Perennizarse en los puestos quita, a veces, responsabilidades en el cumplimiento de las funciones de cualquier empleado público, mucho más en la administración de justicia”.

El anuncio se desarrollaba en medio de apretones entre periodistas, camarógrafos y fotógrafos. Allí Paulo Rodríguez insistió en que la postulación será solo vía electrónica y especificó que el ‘link’ sobre el concurso estará abierto por 10 días calendario, desde las 00:00 de hoy hasta las 24:00 del 4 de septiembre.

El Presidente del CJT se mostró convincente con sus respuestas ante las interrogantes de si el sistema electrónico garantizará que no exista alguna manipulación que adultere los documentos que presentarán los candidatos. “Los ciudadanos podrán estar seguros que este va a ser un proceso transparente e independiente y se podrá seguir en la Web”.

Para Yávar, el sistema que se aplicará“difiere de una modalidad ortodoxa dentro del Ecuador”. En una primera fase el CJT revisará y verificará el cumplimiento de los requisitos legales de los postulantes, a través de la comprobación con diferentes organismos de control.

Luego vendrán las pruebas psicológicas “para determinar si son los más aptos para ser jueces”, la fase de exámenes prácticos y escritos y la audiencia. En forma paralela, se dará paso a las impugnaciones. El CJT pretende que hasta mediados de enero del 2012 ya estén designados los 21 nuevos miembros de la Corte Nacional.

El CJT tendrá la asesoría de un comité de expertos que evaluará y emitirá informes sobre la validez de los documentos, calidad de los fallos y evaluaciones a profesores universitarios que vayan a postularse. Este organismo tendrá al menos cinco miembros escogidos de las listas que sean enviadas por las universidades del país, que estén en las categorías A y B.

Los centros académicos también aportarán al banco de más de 2 000 preguntas que se utilizará en las evaluaciones.

La vocal Arias enfatizó que “el paso más importante para garantizar la transparencia, independencia y éxito del concurso es el control social que las ciudadanas y ciudadanos puedan hacer tanto de las actividades del Consejo como de las postulaciones”.

Para esto se conformarán veedurías nacionales. Yávar confirmó el anuncio del Gobierno en el sentido de que también se conformará una veeduría internacional. Uno de los miembros será el ex juez español Baltasar Garzón, quien el 18 de octubre de 1998, ordenó la prisión del ex dictador Augusto Pinochet, acusándolo de terrorismo y genocidio.

Según Yávar, Ricardo Lagos, ex presidente de Chile, también confirmó su participación como veedor internacional.