martes, 23 de agosto de 2011

Manejo responsable del dinero plástico

El alto nivel de consumo de los hogares ecuatorianos es el indicador ideal para las emisoras de tarjetas de crédito, cuyo negocio radica en que las compras de hoy se paguen en el futuro, obviamente con los intereses respectivos.

Actualmente se puede comprar desde un par de zapatos hasta un auto con dinero plástico, siempre y cuando el titular de la tarjeta de crédito haya demostrado ingresos suficientes para disponer de un cupo ‘ilimitado’.

Los emisores de tarjetas han flexibilizado en los últimos años los requisitos para el acceso al dinero plástico, al punto que ahora existen alrededor de dos millones de tarjetas de crédito circulando por los centros de consumo.

Como el negocio está donde existe mayor poder adquisitivo, las baterías de los emisores se han concentrado en Pichincha y Guayas, pero con una amplia diferencia entre ambas provincias. Por ejemplo, la primera concentra alrededor del 50% del total de tarjetas de crédito emitidas en el país, mientras que la segunda llega al 30%. Manabí y Azuay se pelean el tercer lugar, con apenas el 4%.

La capital de la República, con una burocracia en aumento y con mejores sueldos, explica en parte las estadísticas de la distribución geográfica del dinero plástico. A lo anterior se suman los resultados del Censo Económico realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC). Ahí se reveló la capital económica del país es Pichincha, donde las empresas generan más ingresos.

Con el aumento de tarjetahabientes en el país también han proliferado los problemas atados al crédito. Sea por la falta de información y de control por parte de las emisoras, de regulación en los costos de los servicios o por la baja cultura financiera de los clientes, lo cierto es que todos los días se presentan reclamos.

La principal queja se relaciona con los fraudes electrónicos, debido a la clonación de tarjetas o el robo de información para realizar consumos indebidos.

En la lista de quejas también consta el pago por servicios no solicitados por el cliente, muchas veces considerado ‘exagerado’.

Esto ocurre pese a que desde hace dos años la Superintendencia de Bancos regula los valores máximos que pueden cobrar las emisoras de tarjetas a los clientes por avances en efectivo, envío de estados de cuenta, emisión y renovación de los plásticos, etc. Sin embargo, han quedado servicios sin regulación que han registrado incrementos en sus costos.

Desde el 1 de julio del 2009, los clientes de la banca en el país dejaron de pagar por 11 servicios bancarios y accedieron a tarifas reducidas entre el 20% y el 80% en otros 32 servicios, por disposición de la Junta Bancaria.

Según la Superintendencia de Bancos, el volumen de crédito otorgado en los primeros siete meses del presente año a través de las tarjetas de crédito llegó a USD 3 366 millones, de los cuales un 20% se hizo en crédito corriente, es decir, se pagó a fin de mes. La mayor parte se está pagando a plazos, lo cual implica que los clientes pagan intereses por sus consumos.

Uno de los servicios más utilizados por los tarjetahabientes es el avance en efectivo. En el 2010 se reportaron más de 8 millones de transacciones de avances de efectivo en el país, con un promedio de 667 000 avances por mes.

Debido a que este servicio tiene un costo fijo, es recomendable evitar realizar avances por montos menores a USD 100 dólares, pues el costo resultaría muy elevado. Cada vez que utiliza este servicio le cobran hasta USD 10.