Hasta diciembre dejarán sus puestos unos 7.500 servidores públicos, en todo el país.
Este es el resultado de la aplicación práctica del Decreto Ejecutivo 813, que dispone la compra de renuncias obligatorias con indemnizaciones de hasta 40.000 dólares por cada empleado público.
En los ministerios de Finanzas, Obras Públicas, Inclusión Social, Industrias, Agricultura, Recursos Naturales, Petroecuador, consejos provinciales, municipios y otras instituciones estatales, ya existen listas de funcionarios que deberán salir obligatoriamente.
Según el Ministerio de Relaciones Laborales, hay 115 millones de dólares asignados para la compra de renuncias por supresión de 3.500 partidas, hasta fin de año.
La Federación Nacional de Servidores Públicos asegura que los nombres de las personas que serán despedidas son analizados por los responsables de recursos humanos de cada entidad estatal y Senplades. Entre ellos constan 102 empleados del Ministerio de Finanzas, que serán notificados con el desenrolamiento, después de que las apelaciones sobre sus evaluaciones fueron rechazadas.
"Están actuando sigilosamente -dijo Miguel García, presidente de los empleados públicos-, pues la próxima semana comienzan los despidos masivos".
El régimen está aplicando cinco parámetros para despedir a los servidores públicos: la primera causa es por mal desempeño del trabajo. También quedarán fuera, automáticamente, los empleados que en la evaluación anual no superen los 71 puntos. Además, deberán salir las personas cuya partida haya sido suprimida por la entidad correspondiente y los servidores que se acojan a la compra de renuncias. Y por edad saldrán -según García- unos 4.000 servidores más, que tienen 70 años o más.
Para el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, este es un mecanismo de "reestructura rápida del Estado". Con ese objetivo, el Ejecutivo asignó un presupuesto adicional de 160 millones de dólares para el proceso de desvinculación de los empleados mayores de 70 años, "porque ya cumplieron la carrera de servicio público".
No será fácil para el Gobierno, porque la próxima semana los servidores públicos iniciarán movilizaciones a escala nacional, en contra de los despidos.
