Tras seis años de permanecer en manos privadas, la represa La Esperanza pasó a manos de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), gracias a la firma del decreto Ejecutivo No. 69 por parte del Presidente de la República, Rafael Correa, durante un encuentro que mantuvo con organizaciones campesinas de la zona.
El documento reza textualmente: Se declara el estado de excepción, con el propósito de superar la emergencia provocada por el proceso progresivo de disminución de eficiencia en la prestación de servicio de los embalses y presas La Esperanza y Poza Honda, originado por la empresa Manageneración S.A., así como por la ausencia en la presa La Esperanza de una vía para la evacuación de agua del embalse de manera emergente.
Se ordena la movilización nacional, económica y militar de las Fuerzas Armadas para la custodia de los bienes e instalaciones de los embalses y presas La Esperanza y Poza Honda.
Se ordena la toma de dichos bienes para superar el estado de emergencia, para lo cual se encarga al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Y se ordena, finalmente, a la Secretaría Nacional del Agua para que ejerza el control, manejo, regulación y administración de los embalses y presas La Esperanza y Poza Honda, así como la adopción de las medidas conducentes para enfrentar los posibles riesgos.
De la ejecución del presente decreto, que entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, encárguese al Ministerio de Defensa, al Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y a la Secretaría Nacional del Agua.
Luego de la lectura del decreto, por parte del Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, el titular de la SENAGUA, Jorge Jurado, aseguró que con este tipo de acciones “estamos recuperando la soberanía del agua para nuestro país”.
Reiteró, también, el compromiso de que el agua no se privatizará jamás, y denunció la intención de desinformar y tergiversar sobre este tema del nuevo proyecto de Ley de Recursos Hídricos, presentado a la Asamblea Nacional hace tres semanas y media.
Jurado informó, además, que la construcción de la represa La Esperanza costó $12 millones, recursos obtenidos de la inversión estatal de más de $500 millones, canalizadas a través de la Junta de Recursos Hidráulicos, CEDEM y CRM. “Este embalse para riego no fue diseñado para la generación de energía eléctrica y, sin embargo, estuvo por más de 6 años de operación”.
Por lo que anunció que se realizará una auditoría, para saber el estado físico de esta infraestructura, a través de la nueva autoridad del agua en la provincia, Xavier Valencia, tras detectarse que se contravinieron los preceptos técnicos y jurídicos en su edificación.
El documento reza textualmente: Se declara el estado de excepción, con el propósito de superar la emergencia provocada por el proceso progresivo de disminución de eficiencia en la prestación de servicio de los embalses y presas La Esperanza y Poza Honda, originado por la empresa Manageneración S.A., así como por la ausencia en la presa La Esperanza de una vía para la evacuación de agua del embalse de manera emergente.
Se ordena la movilización nacional, económica y militar de las Fuerzas Armadas para la custodia de los bienes e instalaciones de los embalses y presas La Esperanza y Poza Honda.
Se ordena la toma de dichos bienes para superar el estado de emergencia, para lo cual se encarga al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Y se ordena, finalmente, a la Secretaría Nacional del Agua para que ejerza el control, manejo, regulación y administración de los embalses y presas La Esperanza y Poza Honda, así como la adopción de las medidas conducentes para enfrentar los posibles riesgos.
De la ejecución del presente decreto, que entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, encárguese al Ministerio de Defensa, al Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y a la Secretaría Nacional del Agua.
Luego de la lectura del decreto, por parte del Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, el titular de la SENAGUA, Jorge Jurado, aseguró que con este tipo de acciones “estamos recuperando la soberanía del agua para nuestro país”.
Reiteró, también, el compromiso de que el agua no se privatizará jamás, y denunció la intención de desinformar y tergiversar sobre este tema del nuevo proyecto de Ley de Recursos Hídricos, presentado a la Asamblea Nacional hace tres semanas y media.
Jurado informó, además, que la construcción de la represa La Esperanza costó $12 millones, recursos obtenidos de la inversión estatal de más de $500 millones, canalizadas a través de la Junta de Recursos Hidráulicos, CEDEM y CRM. “Este embalse para riego no fue diseñado para la generación de energía eléctrica y, sin embargo, estuvo por más de 6 años de operación”.
Por lo que anunció que se realizará una auditoría, para saber el estado físico de esta infraestructura, a través de la nueva autoridad del agua en la provincia, Xavier Valencia, tras detectarse que se contravinieron los preceptos técnicos y jurídicos en su edificación.
