El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Néstor Arbito, mantuvo un diálogo con el presidente de la Federación de Nacional de Abogados del Ecuador, Fenaje, Angel Rubio Game, para consensuar nuevas reformas al Sistema Penal ecuatoriano.
Según el Secretario de Estado, dentro de las acciones encaminadas a combartir los elevados índices de inseguridad que afectan al país, se presentará un proyecto de reformas en materia penal a la Asamblea Nacional. En este proyecto se plantea que quienes roben sin violencia, hasta USD 657 tendrían una sanción más severa, de tres a 6 meses de prisión, y no de 7 días como rige desde marzo pasado.
“Creemos que siete días es una pena muy limitada. Nuestra propuesta sería aumentarla en lugar de bajar el monto, porque la contravención da una vía más rápida de solución” dijo el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Para tener una propuesta consensuada se realizarán encuentros regionales para recibir sugerencias de quienes están al frente de la administración de justicia.
El Ministro anticipó los cambios puntuales incluidos en el nuevo Código Orgánico Penal, cuya socialización y consenso tardaría unos 4 meses más.
También, en coordinación con el Consejo de la Judicatura, se crearon 6 juzgados de flagrancia para Guayaquil y Quito. Se trata de juzgados de garantías penales que atenderán exclusivamente casos de delitos de flagrancia, en turnos permanentes durante las 24 horas del día.
En Guayaquil se instalarán 3 nuevos juzgados, los que contarán con el equipo humano necesario para su buen funcionamiento. Estas judicaturas funcionarán en las instalaciones de la Policía Judicial, en el edificio administrado por el Consejo de la judicatura, para facilitar el traslado hasta las salas de audiencia de los detenidos en delito flagrante. Adicionalmente, se garantiza que los juzgados atenderán los 365 días del año, las 24 horas del día.
El Ministerio tiene planificado implementar una judicatura de estas características en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, para contribuir en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia.
Según el Secretario de Estado, dentro de las acciones encaminadas a combartir los elevados índices de inseguridad que afectan al país, se presentará un proyecto de reformas en materia penal a la Asamblea Nacional. En este proyecto se plantea que quienes roben sin violencia, hasta USD 657 tendrían una sanción más severa, de tres a 6 meses de prisión, y no de 7 días como rige desde marzo pasado.
“Creemos que siete días es una pena muy limitada. Nuestra propuesta sería aumentarla en lugar de bajar el monto, porque la contravención da una vía más rápida de solución” dijo el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Para tener una propuesta consensuada se realizarán encuentros regionales para recibir sugerencias de quienes están al frente de la administración de justicia.
El Ministro anticipó los cambios puntuales incluidos en el nuevo Código Orgánico Penal, cuya socialización y consenso tardaría unos 4 meses más.
También, en coordinación con el Consejo de la Judicatura, se crearon 6 juzgados de flagrancia para Guayaquil y Quito. Se trata de juzgados de garantías penales que atenderán exclusivamente casos de delitos de flagrancia, en turnos permanentes durante las 24 horas del día.
En Guayaquil se instalarán 3 nuevos juzgados, los que contarán con el equipo humano necesario para su buen funcionamiento. Estas judicaturas funcionarán en las instalaciones de la Policía Judicial, en el edificio administrado por el Consejo de la judicatura, para facilitar el traslado hasta las salas de audiencia de los detenidos en delito flagrante. Adicionalmente, se garantiza que los juzgados atenderán los 365 días del año, las 24 horas del día.
El Ministerio tiene planificado implementar una judicatura de estas características en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, para contribuir en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia.
